¿Qué ocultan?

¿Qué ocultan?

La vicepresidenta, el premier, el contralor general y la exministra Betssy Chávez violan la Ley de Transparencia y niegan a la prensa el acceso a la información de sus correos institucionales.
Benji Porras

Benji Porras

benjiapq@gmail.com
Benji Porras

Benji Porras

benjiapq@gmail.com

Aviso clasificado: se necesitan funcionarios que sepan contestar solicitudes de acceso a información, que tengan voluntad de rendir cuentas y responder a la prensa. O, si pedimos demasiado, por lo menos que cumplan la Ley de Transparencia. Incluye vacaciones, CTS y seguro contra accidentes.

El último 24 de mayo EL FOCO ingresó tres solicitudes para acceder a información pública del Ejecutivo. El propósito era conocer el contenido de los correos institucionales de los titulares de tres carteras: Aníbal Torres (PCM), Dina Boluarte (Midis) y Betssy Chávez (MTPE). Según las normas que regulan este derecho constitucional, el pedido debió ser respondido en un plazo no mayor a diez días.

Esos correos son parte de la gestión pública. Conocerlos es clave para saber cómo nos gobiernan y qué gestiones están haciendo. Además de cómo utilizan los recursos del Estado, si acaso alguna empresa busca tratos especiales en el gobierno o, simplemente, qué planes pondrán en marcha afectando a 33 millones de peruanos. Amparados en el derecho de acceso a la información pública, buscamos lo que no dicen en las entrevistas de TV Perú o las publicaciones de Twitter.

El contenido solicitado abarcaba desde la fecha en que asumieron sus cargos hasta el 23 de abril de este año. Esos correos debieron proporcionarse a más tardar el 08 de junio, según la Ley de Transparencia. Sin embargo, las entidades aplazaron la entrega. Algunos, 50 días y otros por 119 días. Tanto el Midis como el MTPE informaron de la decisión dos días después de iniciado el trámite. La PCM demoró once días.

Izquierda: respuesta enviada por la propia ministra y vicepresidenta Dina Boluarte a la solicitud para acceder a sus correos institucionales. Dijo que los entregará el 6 de septiembre. Derecha: respuesta de la PCM informando que nos entregará los correos del premier Aníbal Torres el 4 de agosto, 50 días después de lo que dicta la norma.

Entre las excusas que pusieron los ministerios estuvieron “escasez de recursos humanos” y “alto volumen de la información”. Si bien la ley N°27806 dispone un plazo excepcional para cuando una entidad no cuente con recursos suficientes (personal, logística, operatividad), el tiempo adicional no queda a libre discreción de los funcionarios. Están obligados a documentar detalladamente los motivos de la demora ante el solicitante.

De igual forma, la Ley de Transparencia establece que la máxima autoridad de cada entidad debe “prever una adecuada infraestructura, organización, sistematización y publicación de la información”. Esto no concuerda con la respuesta que la propia Dina Boluarte dio a EL FOCO. “Por las recargadas responsabilidades que me corresponden en mi condición de Ministra y como primera Vicepresidenta de la República, estimo que el plazo razonable para contestar (…) es de sesenta días adicionales, por lo que la información será entregada el 06 de septiembre del 2022”, respondió Boluarte.

Las excusas no son solo del Ejecutivo. EL FOCO también pidió los correos electrónicos del contralor Nelson Shack y la suerte fue la misma. Esta vez se requirió los correos comprendidos entre el 28 de julio del 2021 y el 05 de julio del 2022 de la cuenta nelsons@contraloria.gob.pe, que usaba el contralor según la web de la institución. No obstante, la Contraloría notificó que tal dirección fue “dada de baja” en 2018. El pedido fue reiterado el 06 de junio, esta vez refiriéndose a la dirección contralor@contraloria.gob.pe. Este organismo designó la fecha de entrega para el 19 de octubre de este año. Es decir, dentro de cuatro meses.

Las entidades argumentaron que “debido a la alta carga laboral” y a que la ley resguarda los datos personales de terceros y la información secreta, reservada o confidencial, demorarían en identificar qué mails son “pasibles de acceso público”. Sin embargo, para Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, aún si la revisión total llevara más tiempo, pudieron establecer un cronograma de entregas parciales.

Izquierda: respuesta del MTPE señalando que entregará los correos de la ministra Betssy Chávez el 12 de octubre. Chávez ya no es ministra y sus mensajes electrónicos siguen siendo un misterio. Derecha: respuesta de la Contraloría sobre los correos del Nelson Shack: los entregarán el 19 de octubre. Una burla a la Ley de Transparencia.

Para Patricia Hoyos, directora de Centro Liber, no hay una justificación de fondo en las fechas establecidas. La notificación debió incluir obligatoriamente “documentos que acrediten gestiones administrativas iniciadas para atender esas falencias”. Puesto que el Reglamento de la Ley de Transparencia establece que los motivos, en este caso dados por los ministerios, “deben constar en cualquier acto de gestión u acto administrativo interno de fecha anterior a la solicitud” y no limitarse a su enumeración.

Los límites que se disponen para fijar una prórroga buscan proteger el derecho fundamental de los ciudadanos. Como lo establece el Tribunal Constitucional en la STC-N°01797-2002-HD/TC, el acceso libre a información pública implica que esta sea entregada de forma oportuna. “Los correos están en el servidor. No tienen que ir a buscarlos al archivo nacional. Lo único que tiene que hacer el responsable es verificar si hay información reservada. Para eso el plazo me parece excesivo”, aseveró Samuel Abad, abogado constitucionalista.

Abad agregó que, por ejemplo, la respuesta de la vicepresidenta es inconsistente: “No estamos hablando de que ella tiene que revisar todos sus correos. Hay un responsable por ley que se debe ocupar de organizar, gestionar y responder los pedidos”.

Cada oficina de la administración pública debe estar capacitada para responder adecuadamente una solicitud de información pública. Según el Reglamento de la Ley de Transparencia, Aníbal Torres, Dina Boluarte, Betsy Chávez y Nelson Shack son responsables de asegurar que los funcionarios a su cargo tengan “las condiciones indispensables para el cumplimiento de la entrega de información”.

Izquierda: Abogado constitucionalista Samuel Abad. Centro: Patricia Hoyos, directora de Centro Liber. Derecha: Erick Iriarte, especialista en derecho digital. (Fotos: Difusión)

Ante el aparente uso arbitrario de la prórroga que, según Samuel Abad, “puede vulnerar el derecho reconocido en la Carta Magna”, EL FOCO ha acudido al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este es un órgano del Ministerio de Justicia que goza de autonomía en sus funciones. Esta entidad constituye la última instancia administrativa en materia de derecho de acceso a la información pública.

Para Patricia Hoyos, estos casos prueban que hay que fortalecer la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Se necesita establecer criterios que permitan al ciudadano y a la entidad fijar el plazo razonable de una prórroga. “Como está la Ley ahora, en algún momento puede vulnerar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos”, sostuvo.

El derecho al que recurrió EL FOCO es el mismo que ha servido para fiscalizar al poder y destapar irregularidades. Desde descubrir que la construcción del Metropolitano se inició sin estudio de impacto ambiental (Infopública, 2009), conocer las remuneraciones excesivas de funcionarios de confianza (Cajamarca al día, 2007) o, más recientemente, en el reportaje PCM: Hablan las Actas (Punto Final, 2021) para mostrar qué se discute dentro de un gobierno que rehuye a la transparencia.

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