Los negocios de Jerí Ramón Ruffner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y enemiga de la reforma universitaria y la Sunedu, han pasado desapercibidos. Desde que está a cargo de San Marcos, una de las empresas de Ramón ha suscrito doce órdenes de servicio con el Estado por S/ 1.7 millones. Especialistas consultados por EL FOCO afirman que hay irregularidades en los contratos ganados por la empresa de Ramón.
Jerí Ramón, contadora de profesión, en paralelo a su larga trayectoria como docente universitaria, también ha sido una empresaria exitosa. En 1986 fundó la empresa Ramón & Enciso Asociados con el objetivo de dedicarse a “auditorías de estados financieros, consultorías, servicios de asesoría, contabilidad, arbitrajes, conciliaciones, servicios en el campo de la minería, y afines”. A partir del 2005, la compañía cambió de razón social a Jerí Ramón & Asociados.
La empresa no llamaría la atención de no ser porque ha sido beneficiada con jugosos servicios de auditoría para el sector público mientras Ramón dirigía San Marcos. Desde el 22 de julio del 2021, un día antes de que jure al cargo, la empresa de Ramón ha suscrito doce contratos con la Contraloría y la Municipalidad de Independencia por un total de S/ 1 727 946. El más reciente de estos servicios data del 22 de junio último.
Se trata de órdenes de servicio por “contrato de auditoría financiera gubernamental”. En el caso de la Contraloría, esta entidad contrató a la empresa de la rectora de San Marcos para realizar auditorías a diferentes organismos públicos, tales como el Ministerio de Cultura, la ONPE, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y a los gobiernos regionales de Cajamarca, Arequipa y Lima.
Todos los servicios realizados por Jerí Ramón & Asociados a la Contraloría se dieron en el marco de concursos públicos. Esto debería reflejar más rigurosidad en la elección de la empresa ganadora, pero eso no ha ocurrido. Todas las órdenes emitidas por la Contraloría están firmadas por Fredy Silvestre, coordinador de Programación y Procedimientos de Selección, y por Giovanna Sánchez, subgerente de Abastecimiento.
Jerí Ramón asumió como rectora el 26 de julio del 2021, aunque su victoria se hizo pública un mes antes. Al haber postulado a ese cargo, Ramón debió tener presente que, de acuerdo al reglamento de la Nueva Ley Universitaria, “los cargos de rector y vicerrector se ejercen a dedicación exclusiva y son incompatibles con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada”. Eso significa que Ramón no ha debido dedicarse a otra actividad salvo la de ser máxima autoridad de San Marcos, cobrando por ello S/ 25 000 al mes.
Ramón, en un intento por desligarse de la empresa que fundó hace casi 40 años, dejó constancia en registros públicos que había renunciado al puesto de administradora, cargo que ocupó entre el 28 de febrero de 1996 y el 26 de julio del 2021. Pero esta modificación se hizo oficial recién el 6 de enero del 2022, cuando la empresa Jerí Ramón & Asociados ya había sido beneficiada con tres órdenes de servicio. La suma ganada por eso contratos es de S/ 533 400.
Según Cecilia Ruiz, abogada especialista en contratos públicos, existe más de una advertencia en la ley y la Constitución que podría complicar la situación legal de Jerí Ramón. “Cuando ella asume el cargo de rectora se debió esperar un año posterior a haber dejado el puesto en su empresa para que esta pueda contratar recién con el Estado. La primera orden de servicio que es de interés público data de julio del 2021. Está claro que no se ha cumplido el plazo mínimo y que la rectora ha tratado de enmendar su error con estos cambios en registros públicos, pero claramente no lo ha hecho bien”, afirma la experta.
Otra decisión que tomó Ramón un día antes de empezar su cargo como rectora fue transferir las acciones que tenía en su empresa auditora. Hasta julio del año pasado, Ramón había sido la accionista mayoritaria con el 94% de participación, según consta actualmente en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Ramón le transfirió la tercera parte de sus acciones a su hijo, Neil Vega Ramón, y reafirmó el poder otorgado a su esposo, el administrador Marco Vega Cabrera, quien también es apoderado de la empresa auditora desde el 2013. De esta forma, Jerí Ramón & Asociados, en parte, ha quedado en manos de la familia nuclear de la rectora de San Marcos.
Para Cecilia Ruiz, la solución que escogió Jerí Ramón de realizar estas transferencias es un grave error. “Evidentemente está mal hecho. Aquí encontramos una relación de parentesco con el esposo y con el hijo. Esto alcanza al impedimento de la ley que prohíbe contratar con el Estado a aquellos parientes que tengan hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”, dice Ruiz.
Llama la atención que en el portal del OSCE Ramón figure hasta la fecha como accionista de la empresa Jerí Ramón & Asociados junto a tres personas más: Priscila Payano Morales, Hernán Ortiz Quiñones y Emilio Ancaya Cortez. La explicación podría ser un error en el sistema, pero eso para la abogada Cecilia Ruiz también es una señal de poca rigurosidad.
“¿No detectó la Contraloría que en el sistema aún figura Jerí Ramón como accionista? E incluso si no lo advirtieron, sigo sin entender cómo el organismo número uno contralor ha pasado por alto la Constitución y la propia Ley de Contrataciones, en donde se señala que la universidad es un organismo autónomo y como tal queda prohibido que sus miembros contraten con el Estado. ¿Tampoco vieron los parentescos o los plazos mínimos para permitir a la empresa realizar contratos? La Contraloría no ha hecho el menor esfuerzo de análisis en este caso”, sostiene Ruiz.
EL FOCO trasladó la consulta a voceros de la Contraloría, quienes, por escrito, respondieron lo siguiente: “Las órdenes de servicio emitidas a la Sociedad de Auditoría Jeri Ramon & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (...) han sido realizadas en el marco de lo establecido en la Directiva N° 020-2020-CG/GAD y 05-2022-CG/GAD, actualmente vigente, en las cuales se establecen las condiciones e impedimentos que tienen las sociedades de auditoría”.
También se buscó recoger la versión de Jerí Ramón. “No estoy dando declaraciones, lo que usted (dice) no es cierto”, respondió la rectora de San Marcos. Al reiterar el interés de esta plataforma periodística por conocer su versión de los hechos, Ramón dijo: “Yo no tengo nada que descargar, también sé quién te está utilizando, y uno no debe caer en bajezas”.
ACTUALIZACIÓN:
El miércoles 15, EL FOCO recibió una carta notarial de Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y protagonista de este informe. Una semana después de la carta de Ramón, EL FOCO recibió una segunda carta por este reportaje. En esta ocasión la misiva fue de parte de Jerí Ramón & Asociados SRL, y lleva la firma de la administradora Priscila Payano Rosales. En esta última carta no objetan el reportaje en sí, sino un hilo de Twitter que el reportero Bruno Amoretti publicó haciendo un resumen del informe. EL FOCO cumple con publicar íntegramente ambas cartas notariales.