La Procuraduría General del Estado ha contratado al abogado Raúl Canelo Rabanal para que defienda al jefe de la entidad, Daniel Soria, en el caso del millonario alquiler de oficinas que hizo en San Isidro. Canelo, quien cobrará más de 63 mil soles por sus servicios, ha tenido entre sus clientes a procesados por corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
A esta controversial contratación, se suma la reciente publicación de dos informes de la Contraloría que ponen en aprietos al procurador general. Uno de ellos ratifica que Soria ocupa el cargo de manera ilegal. El otro señala que Soria nombró de manera irregular a los vocales del Tribunal Disciplinario de la Procuraduría, quienes justamente deben revisar su caso.
La contratación de Canelo como abogado de Soria se realizó de manera directa, sin licitación pública, según se lee en el contrato firmado el 31 de julio último. La suma que ganará Canelo está por encima de lo que la Procuraduría General ha pagado por las defensas legales de otros funcionarios. En el caso de los abogados de Martín Mijichich y Víctor Peña, gerente y jefe de Planeamiento de la Procuraduría, respectivamente, se dispuso pagar S/ 14 mil.
¿Quién es Raúl Canelo?
Raúl Canelo es un abogado con una larga lista de polémicos y controvertidos clientes. Entre ellos está el fallecido Alfredo González, excongresista por el partido Solución Popular, satélite fujimorista y expresidente de Universitario de Deportes, involucrado en sobornos a jugadores del club Torino de Talara.
El empresario televisivo Genaro Delgado Parker, protagonista de un Vladivideo donde ofrecía la línea editorial de Canal 5 a cambio de favores en el Poder Judicial y varias veces denunciado por no pagar los sueldos de sus trabajadores, también ha sido otro de los clientes de Canelo.
De igual manera, Ricardo Chiroque, exalcalde de San Juan de Lurigancho acusado por malversación de fondos y falsificación de firmas en favor del movimiento fujimorista Perú 2000. Chiroque también fue acusado de ser parte de la red de Rodolfo Orellana, cabecilla de una de las organizaciones criminales más grandes del país.
Los hermanos Sánchez Alayo, integrantes del clan familiar de los Sánchez Paredes, quienes afrontan un juicio por lavado de activos producto del narcotráfico, también contrataron los servicios legales de Canelo. El nuevo abogado del procurador general también es recordado por ser candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Fonavista, en el 2010. Canelo fue catalogado de oportunista porque era el abogado de los fonavistas y uso el movimiento de estos para lanzar su postulación.
Canelo también fue abogado de Miguel Garro, exgerente general de Relima e involucrado en el escándalo “Comunicore”. Garro, según las investigaciones fiscales, fue el “cerebro” del irregular pago de S/ 36 millones que hizo la gestión de Luis Castañeda Lossio.
En las últimas apariciones en público de Canelo, el abogado se ha mostrado como abanderado de la contrarreforma universitaria y defensor de Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y rostro de la campaña contra la Sunedu. Canelo señala que habría existido un boom de consultorías en la anterior gestión de la Sunedu.
EL FOCO entrevistó a Raúl Canelo, quien reconoció que conoce al procurador Soria desde hace varios años, pues ambos trabajaron en la Pontificia Universidad Católica bajo el mandato del rector Marcial Rubio. “Era una relación estrictamente administrativo-académica”, dijo Canelo.
Sobre su polémica lista de clientes, Canelo aceptó que fue abogado de Alfredo González, Genaro Delgado Parker y de la familia Sánchez Paredes. “Los señores Sánchez me pidieron que los ayude con un asunto de carácter comercial, pues los bancos habían clausurado sus tarjetas de crédito”, señaló Canelo sobre la labor que hizo para el clan, quienes el próximo 6 de noviembre recibirán sentencia.
Designación irregular
Si no fuera mucha polémica la contratación de Canelo, Daniel Soria estaría ocupando ilegalmente su puesto de procurador general, según un informe de la Oficina de Control del Ministerio de Justicia, órgano adscrito a la Contraloría. El documento, de septiembre último, dice que Soria no cuenta con los años de experiencia en defensa jurídica del Estado, requisito indispensable para el puesto.
Por el nombramiento de Soria, la Contraloría ha encontrado responsabilidad en cuatro funcionarios de Ministerio de Justicia que participaron en su nombramiento. Entre ellos está el jefe de Recursos Humanos, Ricardo Herbozo Colque, quien debió corroborar que Soria cumple con los requisitos.
“No se tomó en cuenta que la finalidad del Decreto Legislativo N° 1544, es verificar que los funcionarios públicos, al momento de su designación, cumplan con los requisitos señalados en la Ley N° 31419, y en el caso del señor Daniel Soria Luján, adicionalmente con aquellos requisitos establecidos en el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 1326 que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado”, se lee en el documento.
En su informe, la Contraloría también recuerda que, en enero del 2022, alertaron al Ministerio de Justicia que Daniel Soria no cumplía los requisitos para ser procurador general. Ana Teresa Revilla, ministra del Gobierno de Martín Vizcarra, fue la jefa de cartera que ignoró esa alerta.
El segundo informe de la Contraloría contra Soria es de la oficina de control de la propia Procuraduría General. Según el documento al que accedió EL FOCO, Soria nombró a dedo a los vocales del Tribunal Disciplinario, entidad que tiene la responsabilidad de investigar a todos los procuradores del país, incluido el procurador general.
Los tres miembros del Tribunal Disciplinario debieron ser elegidos por concurso público, pero eso no ocurrió, según la Contraloría. En mesa de partes de la Procuraduría tampoco hay registro de que los candidatos elegidos hayan enviado sus hojas de vida para postular. El proceso se llevó en enero de este año.
“El tratamiento que se viene otorgando al proceso de designación de vocales del Tribunal Disciplinario de la PGE, en calidad de funcionarios de confianza podría afectar el mérito y la transparencia que debe regir en todo proceso de selección”, dice el documento.
Paulo Cervera Alcántara y Sandra Rossi Ramírez son los nombres de los miembros del Tribunal Disciplinario que designó Soria, junto a los otros dos integrantes del Consejo Directorio de la Procuraduría General: Luis Miguel Iglesias y Luis Tapia Soriano. Iglesias es el representante de la Contraloría y Tapia viene del Ministerio de Justicia. Sobre Cervera hay un dato importante: en el 2017 fundó junto al contralor general Nelson Shack la empresa “Invierte Perú”.
EL FOCO buscó comentarios de la Procuraduría General para este informe, sin embargo, su vocera de prensa señaló que no podrán responder porque están viendo “temas presupuestales”.