“Fue como tocar un panal de avispa”. Así describe su situación Eva Ortiz Rigle, integrante de la comunidad 7 de junio, ubicada en la provincia de Oxapampa (Pasco). Ortiz es parte de la etnia Yanesha, y en diciembre pasado llegó a Lima para refugiarse de las amenazas que recibió dentro de su propia comunidad. El motivo: denunciar a un oficial de la Policía por embarazar a una menor de edad.
Ortiz, de 40 años y con dos hijos, trabaja desde hace dos décadas como defensora de las mujeres indígenas en la Federación de Comunidades Nativas Yanesha de la región Pasco (Feconaya). También es vicepresidenta de la Organización de Mujeres Amazónicas de la Nación Yanesha (Onamaya) y fundadora de la organización Yanesha Corazones Solidarios.
Los Yanesha son un pueblo amazónico que se extiende por las regiones de Huánuco, Junín y Pasco. Según el censo nacional de 2017, alberga a más de 14 mil habitantes.
“Tuve dos llamadas donde me dijeron: “no sabes con quién te has metido, ¿no tienes miedo a morir?’”, relata Ortiz. “Sí tengo miedo”. Ortiz recibe las llamadas luego de que, en 2023, denunciara públicamente a Gorky Julcarima Sinsaya, un oficial de la Policía, por embarazar a una menor de edad de su comunidad.
La denuncia produjo un escándalo en la comunidad ubicada dentro del distrito de Palcazú e hizo que, el 18 de agosto de 2023, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) declare como persona no grata a Julcarima, quien hoy tiene el rango de capitán. Julcarima, de 38 años, dijo a EL FOCO que tiene una “relación de conviviente” con la menor de 17 años y que tiene “autorización de su familia”.
Desde noviembre del año pasado, Ortiz recibe amenazas por denunciar al capitán de la Policía. “Empezaron a agredirme por las redes sociales de parte de él, me empezó a insultar, me empezó a poner calificativos”, relata. En un momento, según Ortiz, el oficial de la Policía apareció en su casa, pero no la encontró.
Eva llegó a Lima en diciembre último, escapando del acoso de Julcarima y de otros miembros de su comunidad. La denuncia contra el policía no es la primera que hizo. En 2022, Ortiz denunció en ATV que una niña de 12 años de su comunidad había sido ultrajada por su propio abuelo y, producto de la violación, terminó embarazada.
Ortiz y los familiares de la víctima denunciaron el caso ante el jefe de la comunidad nativa y el Kornesha, máxima autoridad de la Feconaya, pero la respuesta fue de terror. “Le decían tú tienes la culpa, tú seguro le has provocado a tu abuelo, tú eres la culpable”, cuenta Ortiz.
La menor y su madre tuvieron que escapar de la comunidad por temor a represalias, y exiliarse en Villa Rica. El abuelo, quien fue denunciado ante la Policía, fugó ante la vista y paciencia de las autoridades comunales.
Eva fue querellada por difamación por Saúl Colina Crispin, entonces jefe de la comunidad 7 de junio. Colina ha dicho que es por haber dicho que las autoridades no dieron el apoyo necesario a la víctima. “Pedían que me sancionen por haber denunciado a la nación Yanesha. Yo nunca he denunciado a la nación Yanesha”, responde Ortiz.
En Lima, Ortiz fue diagnosticada con ansiedad severa y tiroides emotiva. La defensora de las mujeres indígenas hoy tiene medidas de protección dadas por la Subprefectura de Palcazú y hace cuatro semanas retornó a su comunidad para ver a sus hijos y el negocio que tiene.
Ortiz actualmente impulsa Yanesha Corazones Solidarios, una organización que trabaja de la mano con el programa Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por los derechos de las mujeres indígenas. “Sé que en mi comunidad me necesitan y por ellos me voy a poner de pie y seguir luchando”, dice.