Guerra judicial en el Callao: Fiscalía versus Procuraduría

Los más beneficiados con el conflicto, que incluye incautaciones y denuncias, son los numerosos investigados por las redes de corrupción que aún existen en el primer puerto.
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En el Callao se ha desatado una guerra sin cuartel entre la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción con acusaciones mutuas de obstrucción y búsqueda de impunidad para los diferentes investigados. Los protagonistas de este lío interno son, por un lado, el procurador Engie Herrera Yactayo junto a la fiscal superior Yanet Vizcarra Choque, coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción del Callao, y, por el otro, el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón Solís. El fuego cruzado comenzó en febrero de este año y en el camino ya hay, entre ambos bandos, denuncias penales, pedidos de exclusión, suspensión de funciones y hasta cese del Callao.

El último 9 de noviembre, el fiscal Alarcón le solicitó a la fiscal suprema Bersabeth Revilla que investigue a Yanet Vizcarra e incaute su computadora. Además, pidió que Vizcarra sea suspendida del cargo “para evitar que pueda destruir o modificar documentos”. Alarcón solicitó estas medidas porque, según él, encontró pruebas de que el procurador Herrera y la fiscal superior actúan en complicidad para separarlo de los casos que tiene a su cargo. Alarcón, actualmente, investiga las irregularidades en la compra de mascarillas en la Dirección de la Policía Aérea (Diravpol) del Callao por más de S/ 2 millones.

El fiscal Francisco Alarcón ingresó al distrito fiscal del Callao en febrero del 2017. (Foto: Ministerio Público)

El conflicto, sin embargo, viene de meses atrás.  Se inició el 12 de febrero de este año. Ese día, el procurador Herrera presentó ante el despacho de Vizcarra un pedido de exclusión contra Alarcón por la investigación de los más de S/ 23 millones extraídos del Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver) durante la gestión de Félix Moreno en la Municipalidad Provincial del Callao. Herrera sostuvo que Alarcón incurrió en una grave inactividad fiscal durante los años que tuvo el caso. El procurador señaló que, a pesar de que se contaba con un informe de la Contraloría sobre el desfalco en el Callao, el fiscal Alarcón dejó vencer el plazo de investigación sin efectuar pesquisas.

En julio de este año, la fiscal Vizcarra acogió el pedido de Herrera y aprobó la exclusión de Alarcón. Además, se abrió una investigación por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y omisión de funciones.

El Foco conoció, a través de fuentes judiciales, que la investigación contra Alarcón fue archivada en primera instancia, pero el último 13 de noviembre la Fiscalía Suprema ordenó reabrir el caso al existir indicios de presuntas irregularidades. Uno de los puntos que se le cuestiona a Alarcón es la presunta pérdida de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que detalla los movimientos de la gestión de Chim Pum Callao para sustraer los S/ 23 millones de Finver y que fue recibido por su despacho, según oficios citados por la Fiscalía Suprema.

En diálogo con este medio, Alarcón aseguró que quien se llevó el informe de la UIF fue, en realidad, la fiscal Vizcarra. “(Vizcarra) llega a un día y me dice si yo puedo trabajar un informe que la UIF le dirigió a ella. Yo le dije que estaba con los juicios a Felix Moreno y que no podía dedicarme inmediatamente a ese informe. Y ahí lo tuve. Luego pasa el tiempo y ella me pide el informe porque la UIF quería tomar una medida. Yo le dije que no lo había leído, pero que si querían tomar acciones sobre los investigados que lo hagan. Ella se retira con el documento”, afirmó.

Sobre su presunta inactividad fiscal con relación al informe de la Contraloría, Alarcón se defiende diciendo que no fueron años sino meses, y que se debió a que tenía a la par audiencias de control de acusación contra Felix Moreno. “Yo asumí los casos contra Moreno cuando llegaron a juicio y ameritaba una dedicación exclusiva. En ese ínterin llegó el informe de la Contraloría. Un documento voluminoso de como diez mil hojas y no podía dedicarme de manera más íntegra a su lectura”, sostiene.

Desde la exclusión de Alarcón del caso Finver, el conflicto entre ambos bandos escaló. Y, sin duda, el tiempo que se tendrá que invertir para resolverlo beneficiará los diferentes funcionarios y empresarios que aún son investigados por actos de corrupción en el primer puerto, entre ellos el exgobernador Felix Moreno, el magnate pesquero Óscar Peña Aparicio y sus redes.

El procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, presentó un pedido de cese contra el fiscal Alarcón. (Foto: Congreso)

El último 10 de agosto, Alarcón, en sus funciones como fiscal de turno, pidió información a la Municipalidad Provincial del Callao y al Ministerio de Justicia sobre la camioneta del Estado asignada al procurador Herrera. A la municipalidad le solicita información sobre alguna multa o papeleta impuesta y al ministerio le pide que informe si se encuentra en curso o ha culminado una investigación administrativa al vehículo. En ambos casos, Alarcón justifica su pedido de la misma manera: “Urge lo solicitado, toda vez que este despacho se encuentra asumiendo el turno fiscal y ha tomado conocimiento que el vehículo antes indicado ha venido siendo usado para fines distintos a los cuales fue asignado”.

Tras enterarse de estas comunicaciones, el procurador Herrera se presentó el 17 de agosto por la mañana en el despacho de Alarcón para preguntarle si existía alguna denuncia o indicio que haya motivado los pedidos de información. Ante la respuesta del fiscal de que no contaba con una sospecha inicial al momento de presentar los oficios, Herrera interpone, horas después, una denuncia penal por abuso de autoridad contra Alarcón, pero, a su vez, él mismo pone una denuncia por peculado de uso sobre el vehículo que estaba a su cargo. Alarcón, en su defensa, asegura que las comunicaciones que envió sobre el carro de la procuraduría fue una labor de prevención, “sin atribuir nada a nadie”.

Ese mismo día también se elaboró un oficio que presentó el procurador Herrera a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidiendo el cese de Alarcón como fiscal anticorrupción del Callao. En el escrito hizo un recuento de los cuestionamientos hacia Alarcón a lo largo de los casos que manejó en el Callao. Las principales imputaciones de Herrera contra Alarcón derivan de su actuación en el caso Fundo Oquendo y las investigaciones a Oscar Peña Aparicio, conocido como el “rey de la pesca negra” y que aún es prófugo de la justicia, famoso por conseguir cuotas de pesca vía medidas cautelares del Poder Judicial.

La lista de cuestionamientos contra el fiscal Alarcón que expone el procurador Engie Herrera ante la Fiscalía de la Nación.

En el caso Fundo Oquendo se condenó, en enero de 2019, a Felix Moreno y Oscar Peña Aparicio a cinco años de prisión por coludirse para la venta del terreno de 70 mil metros cuadrados a un precio subvaluado. A pesar de que la compra la hizo la empresa Inmobiliaria Estefanía SAC, cuyos socios fundadores son Peña Aparicio y su hijo Oscar Peña Macher, este último fue absuelto y no fue objeto de apelación por el fiscal Alarcón, lo que originó que la sentencia en ese extremo quede consentida. “Peña Macher se encuentra administrando los bienes de Oscar Peña Aparicio impunemente”, señaló el procurador en su oficio a la fiscal de la Nación.

Sobre la absolución de Peña Macher, Alarcón sostiene que las pruebas recabadas no eran suficientes para condenarlo. “Si no había más pruebas que lo incriminen, eso tiene que ver con la etapa de investigación, la cual había culminado y yo no participé ahí. A mí me tocó afrontar las audiencias con lo que se tenía. La objetividad de nuestra labor nos lleva a que no acusemos a las personas por su nombre o apellido sino por lo que han hecho”, indicó.

Uno de los motivos del juez Gino Delzo Livias para absolver a Peña Macher, por quien se pedía diez años de prisión, es que tenía 25 años cuando sucedieron los hechos, “lo que hace presumir que quien dirigía la marcha de las empresas era su padre”, según la sentencia. Ello a pesar que se demostró que ambos eran socios de distintas empresas que participaron en la subasta del Fundo Oquendo.

Extracto de la sentencia del caso Fundo Oquendo. Se explican los motivos por los que fue absuelto Óscar Peña Macher, hijo de Óscar Peña Aparicio, conocido como el “rey de la pesca negra”.

El procurador adjuntó también en su escrito un reporte de Control Interno del Ministerio Público, donde se indica que el fiscal Alarcón no presentó un informe de la Contraloría que determinaba que el perjuicio al Estado por la transacción del Fundo Oquendo fue de más de S/ 10 millones. Al respecto, Alarcón afirmó que su antecesor en el caso, el fiscal Wils Gonzales, solo presentó los anexos del referido informe como prueba. “Aunque le parezca increíble, solo se presentaron los anexos. El juez supuso que si estaban los anexos debía estar el informe y ahí es cuando lo pide. Yo busqué introducir la información del documento a través del interrogatorio a sus autores. No presenté el informe en sí porque no era más que un resumen de los anexos”, dijo.

En su oficio a Ávalos, Herrera afirmó que los pedidos de información de Alarcón sobre el vehículo asignado a su despacho se realizaron en represalia por excluirlo del caso Finver Callao. “Claramente está utilizando su cargo para amedrentar al suscrito en represalia por haber generado su exclusión y consiguiente procesamiento penal”, indicó.

Dentro del CPU

La guerra entre la Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción dio un giro el último 7 de noviembre. Ese día, el fiscal Alarcón participó en una diligencia en la que se realizó una copia espejo al disco duro de la computadora del procurador Herrera. Producto de ello, Alarcón sostiene que encontró indicios de que quien redactó el pedido de exclusión del caso Finver, la denuncia penal por abuso de autoridad y el pedido de su cese ante la fiscal de la Nación no habría sido el procurador  sino la fiscal superior Yanet Vizcarra. Ello hizo que Alarcón la denuncie ante la fiscal suprema Revilla.

Alarcón, según informó a El Foco, hizo la incautación del disco duro de la computadora del procurador Herrera como parte de su investigación a las compras de las mascarillas por parte de la Aviación Policial. “Un desconocido llamado Aquilino Espinoza Cipriano cuestionaba la pericia de este caso. Personal del interior de la Procuraduría, y lo sabe el propio Ministerio de Justicia, informaron que este procurador (Herrera) suele hacer denuncias para particulares y que Aquilino era un asiduo concurrente a su despacho. Por la investigación del vehículo de la Procuraduría, yo obtengo el cuaderno de visitas y observo que Aquilino Espinoza era atendido hasta después del horario de oficina”, señala Alarcón.

Imagen del momento en que se hace copia espejo del disco duro de la computadora de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

En la revisión del disco duro del procurador,  Alarcón encontró una denuncia por prevaricato de agosto de 2018 que presentaron Aquilino Espinoza Cipriano y Luis Morales Huete contra tres jueces. En el documento figura como autor “Abogado”, el representante de la Procuraduría explicó en la diligencia que “Abogado” es el nombre de acceso estandarizado que el Ministerio de Justicia le asigna a la Procuraduría y sale por defecto en los documentos que se redactan desde la CPU.

Además, se muestra un documento denominado “Anexo 6 Caja Chica-Formato directiva” donde aparece Aquilino Espinoza Cipriano como proveedor de la procuraduría de un servicio de arreglo de sillas del 8 de agosto de 2017 por un pago de S/ 413. A partir de estos hallazgos, Alarcón le imputa al procurador estar detrás de las denuncias de Aquilino Espinoza, aunque en la diligencia no se encontró la denuncia relacionada al caso de las mascarillas de la Aviación Policial.

Pero lo más grave para el fiscal Alarcón está en lo hallado en los documentos que Herrera presentó en su contra. En el acta de deslacrado se indica que en el escrito “x Denuncia Engie”, que es la denuncia penal que presentó el procurador por abuso de autoridad ante la Quinta Fiscalía Penal del Callao, figura como último autor “Yanet Vizcarra”. Lo mismo ocurre con “xOficio Engie FN (2)”, que es el oficio enviado a la Fiscalía de la Nación solicitando el cese de Alarcón. Sobre el pedido de exclusión del caso Finver aparece como autor “yvizcarra”.

Arriba: Acta de deslacrado y visualización de contenidos de la copia espejo realizada a la computadora de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. Abajo: Documento sobre la información encontrada en la denuncia de abuso de autoridad que presentó el procurador Engie Herrera.

“A través de esa computadora, me enteré de que escritos que había presentado en contra mía habían sido formulados por la coordinadora Yanet Vizcarra. Se pone al descubierto una suerte de componenda o entramado entre dos personajes que deberían representar la lucha contra la corrupción. Este tema me está llevando a evaluar recién, no lo hice con Moreno ni con los comandos policiales de Diravpol, el pedir una seguridad personal”, afirma Alarcón.

El Foco se contactó con Herrera y Vizcarra para obtener sus descargos por esta denuncia. “Estas imputaciones son falsas y se aclararán en su momento”, señaló el procurador. “Niego cualquier actuación ilegal y mis descargos los haré en los canales respectivos”, dijo la fiscal. Ambos evitaron dar más declaración a la espera de responder ante la Fiscalía Suprema en caso abra investigación.

Fuentes de la Fiscalía de la Nación señalaron que es indebido que un magistrado elabore escritos para otro colega, pero que en la dinámica interna suele darse el intercambio de documentos con información sobre casos o actuaciones para elaborar estos oficios y denuncias. “Eso podría explicar la aparición de otros nombres, pero la indagación lo tendrá que aclarar”, indicaron.

Alarcón, actualmente, también afronta una investigación por presunto cohecho en el caso de las mascarillas de la Aviación Policial. El pasado 12 de setiembre, en la audiencia de prisión preventiva contra cuatro jefes policiales, el exministro de Justicia aprista Aurelio Pastor, quien ejerce la defensa de Omar Puente Auccapoma, jefe de Logística de la dependencia policial, leyó la transcripción de un audio del empresario Patrick Oblitas Bozovich, proveedor de las mascarillas investigadas, en la afirma que el fiscal fue corrompido. “Yo te voy a decir la verdad: el fiscal ya está arreglado (…) Ya yo le he pagado”, dice Oblitas a una interlocutora.

Aurelio Pastor sacó el tema de una frase que yo mismo lo grabé porque coordiné con la testigo para que grabé al empresario prófugo Patrick Oblitas y él, para tratar supongo de ganar la confianza de la testigo, suelta esa frase. Recogen esa frase y se genera que la investigación en mi contra”, señala Alarcón sobre este episodio. En este caso hay cuatro altos oficiales de la Policía que cumplen 18 meses de prisión preventiva. La medida también fue dictada contra el empresario Oblitas.

Llamadas a un Cuello Blanco

El Foco también accedió a un registro de llamadas entre el fiscal Alarcón y el abogado José Luis Castillo Alva, quien es investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho en el caso Los Cuellos Blancos. Según la hipótesis fiscal, Castillo Alva habría infiltrado la Corte Superior del Callao, direccionando los casos que patrocinaba. Como parte de las investigaciones, el 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema ratificó la orden de levantar el secreto de las comunicaciones del abogado en el periodo comprendido de enero de 2015 hasta diciembre de 2018.

José Luis Castillo Alva ejerció la defensa de personajes como Felix Moreno y Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular. (Foto: Poder Judicial)

A raíz de esta resolución, se encontró tres llamadas de Alarcón con Castillo Alva en 2015. Una el día 16 de abril y dos el día siguiente. En esas fechas, Alarcón era fiscal anticorrupción de Lima, ya que su llegada al distrito fiscal del Callao fue en febrero de 2017. Ante El Foco Alarcón reconoció haber tenido conversaciones telefónicas con Castillo Alva, pero negó que hayan tenido relación con su labor como fiscal anticorrupción de Lima.

“Yo he trabajado en Trujillo y este abogado también es de ahí. En el mundo jurídico era conocido porque publicaba libros. Sí recuerdo haberme comunicado con él en 2015, pero era porque buscaba coordinar actividades académicas para mi currículum. Para esa fecha no se sabía lo que ahora se sabe y el señor (Castillo Alva), quizás suene exagerado, pero era una persona de prestigio. Niego tajantemente que las conversaciones hayan tenido que ver con mi actividad como fiscal”, dijo.

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