Han transcurrido más de siete meses desde el día en que, en plena campaña electoral para el Congreso, Mario Bryce entregara una barra de jabón a Julio Arbizu. Lo que hizo Bryce fue una muestra de racismo frente a cámaras que fue repudiado de manera unánime. Arbizu denunció penalmente a Bryce, pero el caso está hoy estacado en los pasillos del Ministerio Público. “Recién me han llamado a declarar. Imagínate. Las investigaciones por este tipo demoran muchísimo y casi siempre terminan archivándose”, cuenta Arbizu.

El delito por el que Arbizu denunció a Bryce se llama discriminación y, desde mayo del 2000, está comprendido en el artículo 323 del Código Penal. A dos décadas después de su promulgación, la medida ha sido, prácticamente, menos que un saludo a la bandera. El mayor inconveniente es que en un solo artículo se han condensado todo un espectro de prácticas condenables: desde racismo y homofobia hasta discriminación por condición económica u opinión política.

Tres años de prisión es la condena máxima que puede recibir una persona que comete el delito de discriminación. Esa sanción –y el pago de una reparación civil de S/. 5 mil– es la que recibieron Luis Alberto Pérez Peralta y Augusto Santisteban García por permitir que llamen “negra cocodrilo” a Azucena Asunción Algendones. Los tres eran funcionarios de la SEDAM, la empresa de saneamiento de Huancayo.

La sentencia a favor de Asunción se dio en la Corte Superior de Junín, en el 2015, luego de un largo proceso judicial que tomó tres años. El caso fue el primero en el Perú con una sentencia por discriminación racial. No se conoce –o, por lo menos, no ha tenido rebote mediático– otra sentencia judicial que sea de ese tipo. En el 2016, Azucena Asunción fue reconocida con la orden al mérito de la mujer.

“Para que se aplique el delito de discriminación racial, se necesita de un afectado que denuncie el hecho. Ahí hay un gran problema. La casuística es escasa porque las víctimas o son difusas, como en el acto de la señorita Vania Torres, o las personas directamente agredidas y de manera individual no formulan denuncia ante el Ministerio Público”, apunta Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

El último viernes 14, Vania Torres fue denunciada penalmente por el abogado Edison Tito Peralta y en los próximos días el Ministerio Público tendrá que tomar una decisión. Todo apunta que se archivará debido a que no está claro a quién denigró el acto racista de Torres. Desde la Defensoría del Pueblo, piden que se incluya los discursos de odio como delito punible. “Eso permitiría que instituciones, como la Defensoría, puedan presentar denuncias penales por discriminación”, precisa Castillo.

Al Gobierno, por su parte, parece importante muy poco poner los puntos sobre las íes para sancionar el racismo. En enero del 2019, la gestión Vizcarra presentó un proyecto de ley para crear el delito de Incitación al odio racial, con una sanción máxima de hasta cuatro años de prisión. La propuesta no fue una iniciativa del Gobierno, sino obedeció a una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

El proyecto del Ejecutivo fue enviado por el Congreso de entonces, controlado por el fujimorismo, a las comisiones de Constitución y Cultura. Ahí durmió el sueño de los justos: nunca fue puesto a debate en los grupos del trabajo. Y el Gobierno, vale señalar, tampoco levantó la voz de protesta para que se apruebe una importante iniciativa que pondría coto a los actos racistas.

Durante el cierre del Congreso, diversas organizaciones pidieron a la gestión Vizcarra promulgar vía decreto de urgencia el delito de incitación al odio racial. El Ejecutivo, sin embargo, no hizo caso. Una de ellas fue la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hizo la gestión Vizcarra? Presentar en junio último, en plena pandemia, de nuevo la iniciativa. Han transcurrido dos meses y la iniciativa sigue dormitando, esta vez solo en la comisión de Cultura.

Propuesta del Gobierno para tipificar el delito de Incitación al odio étnico-racial. Fue enviada al Congreso el 4 de junio último.

La propuesta del Ejecutivo le otorga mayores facultades al Ministerio de Cultura y lo convierte en el órgano rector de la lucha contra el racismo. Así, podrá supervisar hasta contenidos de los medios de comunicación. El Ministerio de Cultura, hoy, es el administrador de la web Alerta Contra el Racismo, donde, además de brindar orientación, hay una plantilla para reportar un acto de discriminación. El aplicativo se lanzó en el 2013 y hasta el 2017, había recibido más de 400 denuncias. Se desconocen resultados más recientes y su efectividad.

Cuando una empresa comete actos racistas, según la normativa, ahí entra a tallar el Indecopi. En julio del año pasado, por ejemplo, el Indecopi sancionó con 20 UIT (S/. 84.000) a Saga Falabella y a la agencia de publicidad Circus Grey por difundir un spot de televisión promocionando la venta de colchones, donde daban a entender que las personas afrodescendientes tienen malos olores y son sucios.

Según la I Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial, que elaboró en el 2018 Ipsos por encargo del Ministerio de Cultura, el 53% de los consultados respondieron que los peruanos somos racistas. Y más del 50% señaló haber sido discriminado más de una vez, la mayoría de ellos respondió que el maltrato se debió básicamente por su color de piel.