Julio César Uribe, Cecilia Tait, Rosa García, Deysi Cori y Ricardo Astuvilca fueron contratados, con sueldos que llegan hasta los S/ 13 mil al mes, para organizar y dictar cursos deportivos de la Municipalidad de Lima. Testigos e informes dan cuenta que la presencia de los deportistas fue solo simbólica.
EL FOCO accedió al expediente completo y los cheques que la esposa del secretario general de APP entregó para comprar la mansión de Camacho. Ganoza ocultó al Pronabi que su esposo era investigado por corrupción y lavado de activos. La pareja solo sacó préstamos por S/ 417 mil para la compra de la mansión. El Ministerio Público sigue la pista de que el origen del dinero sería corrupción o minería ilegal.
Cecilia Coello Salaverry labora en la Oficina de Defensa de las Leyes, cobra con normalidad su sueldo de S/ 8200 además de bonificaciones, pese a encontrarse en España. Enterada de este reportaje, Coello regresó ayer a Lima.
El gobierno decretó tres días de duelo nacional por Alberto Fujimori. El establishment defendió su figura como salvador del país, mientras que sus opositores señalaron los delitos por los que se le condenó. El país entró en una nueva fase de disputa sobre el legado de quien, incluso fallecido, no deja de hacer política.
El Despacho Presidencial cuenta con 23 consejeros con sueldos que llegan hasta los S/ 25 mil mensuales. La planilla de asesores de Boluarte supera en medio millón de soles a las de Pedro Castillo y Francisco Sagasti.
Juan Carlos Zuel Ramos es técnico del despacho de Eduardo Salhuana y, en pleno horario laboral del Parlamento, ha ejercido la defensa legal de su jefe en un juicio por malversación de fondos en el Gobierno Regional de Madre de Dios. Durante un año Zuel participó de 31 audiencias judiciales defendiendo a Salhuana sin pedir licencia ni sufriendo descuentos.
En 2022, cuando era coordinador de Comunicaciones del Ministerio de la Producción, Gustavo Martínez se quedó con una laptop, dos discos duros y un micrófono que eran bienes públicos y estaban valorizados en S/ 20 000. Martínez, quien ahora maneja la publicidad estatal de todo el Gobierno, fue procesado y obligado a devolverlos.
