¿Qué pasa con los hijos de las víctimas de trata en Madre de Dios?

INVISIBLES

Cuatro testimonios muestran la situación de vulnerabilidad y abandono en que viven los hijos de las mujeres que cayeron en redes de trata en el mayor enclave de explotación sexual, laboral y de minería ilegal de América Latina.

La minería ilegal y la trata de mujeres en Madre de Dios producen otras víctimas directas: los niños. Ellos son separados de sus madres quienes son explotadas sexualmente en bares clandestinos que están a lo largo de la carretera Interoceánica, en la frontera entre el Perú y Brasil. Los hijos de las mujeres que han caído en la garras de las mafias de trata no son considerados como víctimas por el Estado.

FIORELLA CUBAS   |  IVÁN ATILANO

10 de diciembre del 2021

En una vivienda del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, la vía que conecta la selva del Perú con Brasil, una adolescente –a quien por su seguridad llamaremos Carmen– lleva una semana encerrada. Su prisión: una casa con estructuras de madera, bolsas plásticas negras para cubrir los huecos y pedazos de calamina como techo. 

La adolescente de quince años contó que, durante su secuestro, era obligada a cuidar de otros niños. En el rescate policial se evidenció que aquellos menores eran los hijos de las mujeres víctimas de trata.

Carmen contó que dentro de esta vivienda cuidaba a cuatro niños: de uno, dos, cuatro y cinco años. Mientras tanto, las madres estaban siendo explotadas sexualmente en un bar en La Pampa, la zona más peligrosa en donde se realiza la trata de personas en Madre de Dios. Ese famoso territorio se ubica en el kilómetro 108 de la Carretera Interoceánica, en el sureste del Perú, con dirección a la frontera con Brasil.

Carmen, junto a otras mujeres, eran víctimas de trata  y fueron traídas desde Cusco para ser explotadas en los bares clandestinos que rodean los campamentos de minería ilegal. 

La Pampa –ubicada en una zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata– se nutre del dinero que genera la minería ilegal, actividad que devora la selva a ambos lados de la autopista.

La Pampa: zona ubicada entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera Interoceánica Sur, en Madre de Dios, la región peruana que es frontera con Brasil. (FOTO: Paolo Peña)

En el bar, las madres de los cuatro niños eran sometidas a explotación sexual y debían acompañar a los clientes a beber, modalidad de trata que se conoce como “fichaje”. 

Carmen estuvo encerrada junto a los niños en la vivienda de sus tratantes, a quienes ella llamaba por sus nombres falsos: “Reyna” y “Roberto”.

Ya en las investigaciones fiscales se pudo comprobar que “Reyna” y “Roberto” eran hermanos y propietarios de un bar donde explotaban sexualmente a más víctimas. Fue la mujer quien trajo con engaños a Carmen el 26 de diciembre del 2020 desde la comunidad campesina de Chanca, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, en la región Cusco.

“Reyna” contactó por primera vez a Carmen para ofrecerle trabajo, en noviembre del 2020. La promesa de S/ 4 mil (USD$985) fue tentadora para la adolescente, frente a las necesidades que se iban acrecentando en casa. Reyna captó a la menor en la calle Belén, cuando Carmen acompañaba a su hermana mayor a buscar trabajo.

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2018, más de la mitad de la población de Huanoquite es pobre. Los integrantes de la comunidad se dedican a la agricultura y ganadería, y sus ganancias diarias bordean los 10 soles (2.5 dólares) en promedio. Es decir, consiguen al mes 300 soles, la tercera parte del sueldo mínimo peruano que es de S/ 930 (230 dólares).

Anuncios engañosos publicados en el margen de la carretera Interoceánica, donde solicitan "señoritas para bar". (FOTO: Fiorella Cubas)

“Reyna” empezó a presionar a Carmen para que aceptara el supuesto trabajo de vender cerveza en Puerto Maldonado, a pesar de que sabía que era menor de edad. Una prima de Carmen, Ana, de 18 años, había recibido la misma falsa oferta de empleo y decidió a aceptar porque necesitaba dinero para mantener a su hija de dos años de nacida.

Así fue que, el 26 de diciembre de 2020, Carmen, de 15 años, y su prima Ana de 18 y la bebé de dos años fueron llevadas por “Reyna” a Urcos, un distrito ubicado a 47 kilómetros del Cusco de donde salen los vehículos para Madre de Dios. Por la noche, llegaron La Pampa, a un bar de una zona conocida como La entrada al faraón.

“Cuando llegamos a La Pampa, la señora le quitó su hija a mi prima. Dijo que la iba a cuidar porque podían venir policías y se la llevó”, contó Carmen a la Fiscalía en la cámara Gesell, un cuarto acondicionado para que un menor narre una situación de abuso ante el Ministerio Público. En el bar habían otras cinco mujeres siendo explotadas, dos de ellas también habían llegado a la Pampa con sus hijos, pero los menores no estaban en el local.

277

denuncias por trata de personas se han registrado en la primera mitad del 2021, según reporta el INEI.

34%

más que el número de denuncias por trata presentadas en el primer semestre de 2020, en el contexto de la pandemia.

En el primer nivel existía un ambiente de 5×20 m2 con siete mesas, sillas de plástico, una congeladora con botellas de cerveza, agua y gaseosa, un equipo de sonido. Una puerta marrón  llevaba a un segundo ambiente acondicionado como cocina. En el segundo piso del bar se habían improvisado ocho cuartos divididos con material de polietileno negro, cada uno tenía una cama y colchón.

Antes de quedarse a la bebé de dos años, “Reyna” llevó a ambas primas al segundo piso, las metió en un cuarto y les contó las condiciones reales de su trabajo. Carmen y Ana habían caído en una red de trata de personas.

"Cuando llegamos a La Pampa, la señora le quitó su hija a mi prima. Dijo que la iba a cuidar porque podían venir policías y se la llevó"

“La botella de cerveza se vendía a 30 soles. La señora nos dijo que 10 soles era para nosotras, 10 soles para ella y 10 soles el costo de la cerveza, pero que primero se iba a cobrar el precio del pasaje de venida a La Pampa y nos pagaría en tres meses. Teníamos que acompañar a beber cerveza desde las 2 p.m. hasta las 5 a.m.”, narró Carmen. 

Cada cerveza vendida era anotada por “Roberto” en un cuaderno, cuyas hojas eran destruidas cada semana. Ambas primas recibieron documentos de identidad falsos, y se les amenazó que si no querían trabajar iban a recibir multas que incrementarían su deuda.

“Reyna” no permitió que Ana vuelva a ver a su hija directamente. Solo a través de mensajes y videos de WhatsApp le brindaba información sobre el estado de su menor cada dos o tres días. También la usaba para desestabilizar psicológicamente a la víctima diciéndole que su hija la estaba olvidando. Durante dos semanas Ana estuvo completamente separada de su hija hasta la intervención policial.

Aislada de su hija

Desde que Ana fue separada de su hija de dos años, tras ser traída a La Pampa, solo obtenía información de ella a través de mensajes que intercambiaba con "Reyna". Esta vía también era utilizada por la explotadora para mantener bajo violencia psicológica a Ana.

El 4 de enero del 2021, Carmen fue llevada por su captora a una vivienda donde estaban escondidos los hijos de las víctimas de trata, entre ellos la de su prima Ana. Lo hizo porque había escuchado que se realizarían operativos policiales y no quería que encontrarán a una adolescente en su bar. Esta casa estaba ubicada en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, a siete kilómetros del bar donde las explotaban sexualmente.

Al principio Carmen cuidó a los tres niños. “Eran hijos de las chicas que trabajaban en el bar”, relató en la cámara Gesell. Luego de tres días, “Reyna” puso al cuidado de Carmen a su propio hijo y otra mujer dejó a su menor de un año. “Los cuidaba todo el día y toda la noche. La señora me dijo que me pagaría 900 soles al final del mes”, dijo.

Durante siete días, Carmen permaneció encerrada junto a los hijos de las víctimas de trata sin recibir ningún tipo de atención médica o acceso a la educación. Antes de su llegada, “Reyna” solo se preocupaba por darles comida pero luego se ausentaba por horas del lugar, de acuerdo con testimonio que dio Carmen luego de su rescate.

La casa donde Carmen estuvo encerrada con los hijos de las víctimas de trata fue hallada gracias a la acción de su familia que logró comunicarse por teléfono con su prima Ana y conocer el punto exacto donde estaba retenida. Al llegar, la Policía detuvo a “Reyna” y luego a su hermano “Roberto”, tras intervenir el bar clandestino.

Una cárcel en la carretera

El 04 de enero del 2021, Carmen fue llevada a una vivienda donde eran escondidos hijos de víctimas de trata, entre ellos la hija de su prima Ana. El lugar estaba ubicado en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, a siete kilómetros del bar donde era explotada sexualmente. En la imagen, Carmen le indica a su prima cómo llegar y una foto de la fachada.

Estas viviendas a la intemperie son utilizadas por los tratantes como escondites para los hijos de las víctimas y se esparcen a lo largo del tramo de la carretera Interoceánica. Sin embargo, son casi indetectables para las autoridades. El caso de Carmen fue la primera vez en el año que se detectó uno de estos lugares, según los registros de la Fiscalía de Trata de Personas de Madre de Dios revisados por EL FOCO.

“De las entrevistas sabemos que existen estos sitios donde dejan a sus hijos. Pero cuando nosotros vamos a hacer el recorrido, a buscar estos domicilios, no los encontramos. Como la mayoría son víctimas mayores de edad, les pedimos que colaboren para identificar estos lugares, pero no quieren declarar. Se van y recogen a sus hijos por su cuenta”, sostiene el fiscal César Ignacios Pérez, coordinador en Madre de Dios de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.

Para el fiscal Ignacios, hace falta un trabajo de inteligencia de la Policía para detectar estas guarderías clandestinas e intervenirlas. “Con un operativo de inteligencia de OVISE (observación, vigilancia y seguimiento), podríamos hacer un seguimiento que nos lleve hasta el sitio donde están los hijos. Pero cuando los solicitamos nos responden que no hay recursos”, sostiene.

Tras su detención, “Reyna” y “Roberto” fueron identificados como ​​Rebeca y Ruperto Quispe Tacuri. A ambos el Poder Judicial les dictó solo comparecencia con restricciones, que venció en septiembre del 2021. Hasta el cierre de este informe, la fiscalía tenía pendiente presentar acusación para iniciar el juicio.

Luego de ser rescatadas, Carmen volvió con sus padres. Ana y las otras tres madres se negaron a acogerse al programa de protección de víctimas y testigos. Solicitaron la devolución de sus hijos sin que el Estado dé seguimiento a sus casos.

Para Ana Ladera, psicóloga de la ONG CHS Alternativo con especialidad en infancia, el aislamiento de los hijos que hacen los tratantes provoca un fuerte estrés en la madre y el menor. “Una separación brusca lo que le va a generar al niño o niña es mucha angustia y ansiedad porque no entiende qué ha pasado y peor aún si lo pones en contacto con gente extraña”, dice.

“Para que un niño se desarrolle bien necesita un ambiente adecuado, la estimulación necesaria, el acceso a los servicios básicos como salud y educación. Pero en estos espacios, un niño puede estar observando situaciones de explotación y creer que es normal, crecer frustrado con agresividad reprimida”, agrega la especialista.

Conviviendo con los abusadores

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Desorientados, jugando en máquinas tragamonedas o bajo las mesas de los bares, así se encuentran los hijos de víctimas de trata, tal y como pudo comprobar un equipo encubierto de EL FOCO que visitó el distrito de Laberinto, otro enclave de la minería ilegal que está ubicado a 55 kilómetros de Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios.

Dicha zona, aunque posee poco más de cinco mil habitantes, es un centro importante de comercio gracias a la conexión que tiene con decenas de campamentos mineros a través del río Madre de Dios. “Mi papá salió y se fue muy lejos. No sé dónde está mi mamá (…) Mi mamá salió”, dice un niño entre lágrimas, de unos seis años, mientras camina por los alrededores de los bares de la zona sin ningún adulto que lo cuide.

En Laberinto, las zonas de los bares donde se realiza la explotación sexual de mujeres se dan aproximadamente en tres calles paralelas, rodeadas de hospedajes y ambulantes que ofrecen tabaco, hojas de coca y bebidas alcohólicas, en su mayoría, cerveza. Dentro del primer piso de un bar —sin nombre visible— se puede ver a dos mujeres sentadas en la puerta y tres más en el interior “fichando”.

Dentro del local y dando pasos al lado de la rockola se encuentra una niña de aproximadamente tres años, mientras que detrás de la puerta de ingreso, se puede ver a un bebé de aproximadamente un año dentro de un coche para infantes.

En las imágenes, además, es visible cómo los usuarios de explotación sexual interaccionan directamente con los menores, acariciándolos y obsequiándoles golosinas. La música suena estruendosamente, en una esquina se empieza a formar una torre de cajas de cerveza con botellas vacías. Son las 4:00 p. m. del último 8 de octubre, que en el Perú es feriado por el aniversario del Combate de Angamos.

En la zona de Laberinto, la puerta de ingreso a los campamentos de minería ilegal de Madre de Dios, hay menores que caminan entre los bares y los usuarios de la explotación sexual.

Según Mariluz Zanabria, especialista de la ONG Tierra de Hombres Suiza, quien trabaja con menores en situación de vulnerabilidad, los hijos de las víctimas, a medida que cae la noche, tienen dos destinos: o se quedan en las zonas aledañas al bar o son llevados kilómetros afuera para ser custodiados.

Aunque en Laberinto las personas ya no usan mascarillas —ni ninguna otra medida de prevención ante el virus de la COVID-19—, antes de que llegara la pandemia sí existían pequeñas guarderías ubicadas en casas y cerca al mercado, según testimonios recogidos por EL FOCO.

“Mantener alejados a los menores es la opción más provechosa para los tratantes, porque mantienen a las víctimas sujetas económicamente y, además, se ahorran problemas ante eventuales operativos policiales”, apunta Zanabria de la ONG Tierra de Hombres Suiza.

En otro desplazamiento periodístico encubierto de EL FOCO, realizado esta vez en La Pampa, se pudo comprobar que la situación de los menores dentro de los bares era la misma: al lado de sus madres víctimas de explotación sexual.

“Convivir en este ambiente ya de por sí pone a los menores en desprotección. Pero además un niño o niña puede normalizar la situación de explotación como una manera de vivir. Replicando conductas agresivas o de rechazo. Además pueden asumir que el mundo se reduce a las actividades dañinas que ven y no tienen más opciones”, dice Ladera de CHS Alternativo.

En nuestro recorrido se pudo observar a niños sentados en la puerta de algunos bares clandestinos de Laberinto. Mientras otros menores están dentro de los locales conviviendo con los clientes explotadores.

Luz Amelia Saavedra, fiscal provincial contra el delito de trata de personas de Madre de Dios, sostiene que su despacho no puede actuar en el rescate de los menores porque, bajo la legislación actual, los niños que viven en las zonas de explotación con sus madres no son considerados “víctimas” según la Ley Nº 28950. Saavedra comenta además que ninguno de los tipos penales de “trata de personas” y “explotación” del Código Penal se refiere al embarazo no deseado.

Desde el lado del Ejecutivo, la Unidad de Protección Especial (UPE), que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), también señala que no pueden actuar respecto a los menores ya que no hay condiciones para que ingresen a los Centros de Acogida Residencial (CAR) que están a cargo de la institución.

“Ya en las evaluaciones nos hemos percatado que tienen sus hijos (…) Aquí no podemos revictimizar a la víctima y no podemos ahondar tanto en el por qué, la información a veces es muy escueta. Por eso yo le he pedido a Udavit (Unidad de Atención a Víctimas y Testigos) sus informes para conocer cómo están ingresando, pero no nos dan respuesta”, sostiene Víctor Guerra Polanco, director de la UPE Madre de Dios.

En junio del año pasado se registró un caso que conmocionó a investigadores de la Policía y Ministerio Público de Madre de Dios. Una niña de ocho años, que se encontraba en un bar sin nombre, fue agredida sexualmente en el distrito minero de Huepetuhe. La menor, identificada con las iniciales D.V.S, fue víctima de tocamientos indebidos dentro del bar por parte de Leonel Condori Zapata, un usuario de explotación sexual que entró a consumir alcohol.

El abuso se dio cuando la madre de la niña había salido momentáneamente del local. El llanto de la menor alertó a la Policía que realizaba un patrullaje en la zona. Al ingresar al bar, la niña corrió a los brazos del efectivo como una señal de auxilio. Leonel Condori fue detenido y actualmente se encuentra purgando prisión preventiva, pero no hay información sobre el paradero de la niña. La UPE de Madre de Dios desconoce del caso y en el Ministerio Público, tras más de un año y medio, aún no se ha realizado la cámara Gesell a la menor.

El infierno de Dani

Dani —a quien le hemos cambiado el nombre— era una niña que vivió y creció toda su vida en La Pampa. Aunque nació en Pachitea, en la región Huánuco, desde muy pequeña fue llevada a vivir a Madre de Dios. Su madre decidió abrir un bar en el kilómetro 108 de la carretera Interoceánica. El padre de Dani trabajaba como minero ilegal.

Desde los 10 años Dani empezó a trabajar en el bar de su madre, primero “fichando” y después como cajera, según contó a los fiscales que la rescataron de un operativo policial realizado en noviembre del 2019. A los 14 años, Dani salió embarazada y, según se registra en la partida de nacimiento del Reniec, dio a luz un hijo el 21 de enero de 2019. El bebé –a quien llamaremos Caleb– nació en el distrito de Tambopata, y fue llevado a vivir a La Pampa.

Cuando el bebe tenía nueve meses, Dani recibió una propuesta para ir a trabajar a la zona minera de Delta 1, un nuevo enclave de minería ilegal ubicado en el distrito del Manu. La propuesta llegó a través de “Maricruz”, una excajera que fue explotada en el bar de la madre. El 31 de octubre Dani partió, bajo instrucciones de su captora, a Delta 1. Al llegar, y luego de pagarle el pasaje, la captora llevó a Dani al bar Bajo Cero.

“Se enfermó mi bebé y el papá de mi hijo no me apoyaba. No sabía qué hacer. Me puse a buscar trabajo, estuve vendiendo ropa, pero no me querían dar adelanto, así que lo dejé, seguía buscando y no me querían dar justamente porque era menor de edad, yo le dije eso a ‘Maricruz’, que estaba buscando trabajo”, narró Dani ante la cámara Gesell.

Izquierda: De día los niños conviven en precarias viviendas junto a sus madres. Derecha: Las mujeres víctimas de explotación sexual son obligadas a "fichar" (tomar alcohol con hombres). (FOTO: Paolo Peña / El Foco)

Doce días después de llegar a Delta 1, el 12 de noviembre, un operativo policial llegó a la zona en busca de la menor. La madre de Dani había presentado una denuncia. Aunque “Maricruz” intentó conducir a Dani a otro espacio para que no la encuentren, la Policía dio con ella.

Ante las autoridades, Dani contó que durante los días que estuvo en cautiverio trabajó en el bar acompañando a los explotadores sexuales y en ocasiones también estaba como cajera del local. Como Dani tenía quince años, fue conducida al CAR Florecer, de Puerto Maldonado. En ese lugar solo estuvo cuatro meses y se autorizó su salida a inicios de la pandemia, el 20 de abril del 2020.

“Considerando que es compatible con el interés superior del niño y su derecho de vivir y desarrollarse en el seno de su familia, es necesario que la adolescente Dani sea restituida a su familia de origen, con su madre”, dice el documento de la UPE del Ministerio de la Mujer, que fue firmado por su entonces director, Juan Víctor Huaranca Benavides.

El 24 de agosto del 2021, un año y cuatro meses después de que saliera del CAR Florecer, se encontró el cuerpo de Dani con signos de estrangulamiento con un cable. Los exámenes médicos señalan que la menor tenía rasgos de desfloración. Es decir, fue violada antes de que la asesinaran.

Desde el Estado ninguna entidad desea asumir, en parte, responsabilidad sobre el asesinato de la menor. En la UPE sostienen que desconocían que la madre de Dani tenía un bar, a pesar de los seguimientos que se deben realizar con rigor para poder devolver la tutela de la menor.

“Pero lo que más incidía o influía era el tema de que tenía el hijo. Los profesionales del CAR también agilizaron todo para que salga por el bienestar del niño. Si bien la fiscalía plantea que la progenitora tenía su bar, y nosotros le hemos entregado la hija a la progenitora, ¿por qué la fiscalía nunca denunció a la progenitora como tratante? Entonces ahí legalmente sí calificaba, tanto más que cuando se hizo la evaluación social”, afirma Víctor Guerra Polanco, actual director de la UPE de Madre de Dios.

Hasta noviembre de este año, la Fiscalía de Madre de Dios ha reportado 128 investigaciones por el delito de trata de personas.

En lo que va del 2021, solo 16  casos han tenido sentencia del Poder Judicial.

La fiscal Diana Valencia, quien investiga el caso del asesinato de Dani, comenta que la menor vivía con su hijo en un hotel del kilómetro 110 de la carretera Interoceánica. Dani, luego de salir del CAR Florecer, había vuelto a trabajar en bares y encargaba a su bebé al cuidado de otras personas.

El hijo de Dani no ingresó en ningún momento al CAR Florecer ni a otra institución de acogida. Mientras Dani estaba internada, el bebé estuvo al cuidado de sus abuelos paternos. Tras su muerte, el niño ha vuelto a vivir con ellos.

En la actualidad no hay registro oficial sobre el número de niños que nacen en las zonas de explotación sexual de Madre de Dios. Y es difícil poder hacer una cuantificación con información de los hospitales y postas aledañas sobre el número de menores que nacen en la cadena de trata debido a que las madres no se identifican como víctimas.

“Cuando uno les pregunta, te dicen que su hijo es de una pareja que tuvo o la actual, porque hay el trasfondo de la estigmatización y la discriminación de la sociedad frente a los hijos producto de estas formas de violencia que pasa también con la violencia sexual”, afirma Ana Ladera de CHS Alternativo.

“Si no hay reportes de víctimas que hayan dicho que sus hijos son víctimas de explotación es porque también surge el aspecto de evitar la estigmatización del niño. Cuando una mujer queda embarazada como producto de una situación de explotación, por proteger a su hijo o hija”, agrega.

Cuando una víctima explotada sexualmente sale embarazada, las cosas se pueden complicar para sus tratantes. Es por lo que buscan alternativas para frustrar los nacimientos. “Las motivan a abortar a las chicas. Les dan pastillas y hierbas. Y si ya no se puede, se las llevan a Cusco para hacerlas abortar”, cuenta una profesora que trabaja en La Pampa que pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

“Anteriormente, no durante esta gestión, llegaban adolescentes que no lograban ingresar al servicio, pero que se embarazaron allí en la trata. Algunas lo quieren abortar o lo quieren abandonar o lo regalan en esta zona de La Pampa. Tengo entendido que hay muchos niños regalados, pero objetivamente no tenemos datos”, señala Víctor Guerra Polanco de la UPE de Madre de Dios.

El 4 de noviembre del 2020 fue rescatada de La Pampa una víctima de trata de 27 años. Ante la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público (Udavit) contó que había sido captada hace tres semanas y que estaba siendo explotada sexualmente en un bar. El certificado médico legal refirió que estaba embarazada. La víctima, como era mayor de edad, no pudo recibir atenciones en el CAR Florecer ni en otro centro de rescate para mujeres vulnerables. Sin embargo, en el documento se indica que la víctima se encontraba en un cuadro de aborto y que estaba con hemorragia activa vaginal desde hace siete días.

los olvidados del estado

Según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la  minería aurífera ilegal e informal está tan extendida en el Perú, y concretamente en Madre de Dios, por tres razones: 1) el alza sostenida del precio internacional del oro 2) la debilidad institucional y 3) la incapacidad de la economía para ofrecer oportunidades laborales a quienes viven en dichas regiones. En un reciente pico, en agosto del 2020, el precio de una onza de oro llegó a valer 2075 dólares.

Según el Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, las principales zonas de Madre de Dios donde se ha detectado la actividad minera ilegal relacionada con trata de personas son La Pampa, Mazuko, Laberinto, Santa Rosa, Boca Colorado y Delta 1.

70%

del oro artesanal de todo el Perú proviene de Madre de Dios, según el último estudio publicado el 2019 por el Ministerio de Energía y Minas.

$ 2000 millones

fue la cantidad de dinero que movió la minería ilegal durante el 2019 en el Perú, de acuerdo a cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Los casos en que se encuentren vinculados niñas, niños y adolescentes, sea que se trate de su condición de víctimas o sean hijos o hijas de víctimas de trata de personas, la labor de la Policía es articular directamente con la Udavit del Ministerio Público. Sin embargo, en esta institución no se puede albergar a las víctimas por más de 48 horas. Es ahí en donde tienen que actuar las UPE del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Pese a que en el papel existen las instituciones encargadas de velar por las mujeres víctimas de trata, el trabajo sigue siendo insuficiente. Y si las víctimas tienen hijos, tal como el caso de Dani, ellos no pueden ingresar junto a sus madres al CAR porque en esos albergues no cuentan con el personal adecuado (médicos, enfermeras, psicólogos) para cuidar a bebés o niños menores de cinco años.

“Ellas no pueden vivir con su bebé aquí en el CAR, porque no se admiten niños. Por eso las apresuramos (para egresar) porque su deseo es darle de lactar al bebé. Esta norma se podría modificar. Tengo entendido que en otras ciudades hay albergues con este perfil de madres adolescentes. Acá limita mucho el no tener al hijo. No lo podemos llevar porque no lo permite el Inabif”, sostiene Víctor Guerra Polanco, de la UPE de Madre de Dios.

En las instalaciones de la Udavit también hay limitaciones. Según el encargado, Luis Castro Mujica, de la oficina de Madre de Dios, es muy complicado poder acoger a una madre víctima con su bebé pequeño, ya que las habitaciones son compartidas y, de todos modos, en ellas no pueden estar más de 48 horas.

Bajo la legislación peruana los hijos de las sobrevivientes de trata no tienen la categoría de víctimas, incluso a pesar de haber estado en dichas zonas con restricciones inhumanas. Sin embargo, para la fiscal Luz Amelia Saavedra de la división de trata en Madre de Dios: “Indirectamente el menor ya es víctima de trata porque están sometidos a vulneración de derechos, como al de la integridad física, a la salud y a la educación”.

Desde el 2020, la Policía Nacional y el Ministerio Público cuentan con la “Guía Operativa para la Investigación del delito de Trata de Personas”, aprobada por el Ministerio del Interior en junio del 2020. Bajo este protocolo los operativos de trata en Madre de Dios se dan con cierta regularidad.

A raíz de un incidente ocurrido el pasado 16 de julio, donde cuatro efectivos policiales fueron secuestrados por “agentes de seguridad” de La Pampa, la PNP decidió cambiar a casi toda la División de Trata de Personas. A la poca experiencia del departamento policial de Trata de Personas en la región, se suma la poca capacidad logística y la falta de personal: solo cinco efectivos y un vehículo para desplazarse.

Ante la consulta de EL FOCO sobre el protocolo de acción en el rescate de hijos de víctimas de trata, desde el Ministerio del Interior refieren que la competencia de la protección de los menores de edad recae en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Sobre la demanda de la Fiscalía de una mayor labor de inteligencia de la Policía para identificar a los hijos desprotegidos, el Mininter indicó que la Política Nacional frente a la Trata de Personas, aprobada en julio del 2021, tiene como objetivo prioritario ampliar la vigilancia preventiva de este delito, pero no mencionaron alguna acción concreta.

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) no se han puesto las bases para conocer la dimensión de la carga familiar en las mujeres víctimas de trata. El Inabif, entidad adscrita al ministerio, confirmó a este medio que “es muy difícil encontrar cifras respecto a hijos de mujeres víctimas de trata que ingresan a los centros de acogida”.

Voceros del MIMP aseguraron que la atención de los hijos de las víctimas de trata está contemplado en la Guía del Plan de Reintegración Individual (PRI). En el documento, un menor de edad afectado por el delito de trata de personas debería tener su propio plan que evalúe mejor sus condiciones de vulnerabilidad para un retorno al hogar seguro.

“El PRI aborda como uno de sus aspectos más importantes el trabajo con la familia. Se evalúa e identifica si la madre tiene las competencias para asumir el cuidado parental para con su hija/o”, señala un vocero del MIMP.

En el caso de Carmen, ninguno de los hijos de las víctimas que se encontró en la precaria vivienda pasó por un proceso de evaluación, sino que fueron devueltos directamente a sus progenitoras mayores de edad. En el caso de Dani, la evaluación de su hijo se abrió de forma tardía y lo mantuvieron aislado de su madre por una prohibición de que puedan convivir en un CAR.

Pese a que los precios de los minerales han caído a nivel mundial, con el pasar de los años, los explotadores vuelven más sofisticados sus métodos para salir librados de la justicia. Ahora, su modus operandi se ha perfeccionado, pues queman y desaparecen los cuadernos donde registraban el ingreso de dinero y pagos –algo muy valioso como prueba incriminatoria–.

Sin embargo, con la justicia pasa exactamente lo contrario. Según sostiene la fiscal Diana Valencia “Solo conseguir judicialmente el secreto telefónico de un explotador sexual podría tardar hasta seis meses”.

*Esta investigación fue ganadora del VII Concurso de Periodismo “Investigar para denunciar: trata de personas en el Perú”, ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y Promsex con la financiación del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. No obstante, las opiniones expresadas y el contenido incluido en ella no implican la adhesión o aceptación oficial por parte del CIES, Promsex ni las Naciones Unidas.