¿Cómo operan las redes de trata de mujeres migrantes en el perú?

La ruta del Norte

Son engañadas con la promesa de un trabajo seguro, pero terminan en redes de trata de personas que las explotan sexualmente. Todo ello para pagar deudas que nunca pensaron contraer. Testimonios de migrantes rescatadas muestran cómo operan las redes de trata a delivery en la costa norte del Perú.

FABIOLA GRANDA   |  ALONSO ZAMBRANO

4 de diciembre del 2021

La historia de Norma* empieza igual que la de Inés. Y la de Inés, igual a la de otras sobrevivientes. Siguieron los mismos pasos y cayeron en la misma trampa. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, cuatro regiones ubicadas en el norte costero del Perú, se han vuelto escenario de violencia contra mujeres migrantes que son captadas por redes de trata de personas con la fachada de una oferta laboral. Todo, sin embargo, es una emboscada.

Las redes de trata de personas emplean operadores ubicados en los pasos fronterizos del norte del país para conseguir información personal de las migrantes. Este es el principal punto de conexión entre la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Dos delitos que se nutren el uno al otro. 

“Tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes son delitos. Pero hay una diferencia. La trata se da cuando una persona es utilizada por un tercero contra su voluntad para ser explotada. En cambio, en el tráfico ilícito de migrantes, la persona de nacionalidad extranjera da su consentimiento para entrar a un país y paga por ello. Pero nunca el migrante es considerado como un delincuente, porque puede ser víctima de estafa, y las condiciones en las que viaja pueden poner en peligro su propia vida”, explica Analí Briceño, coordinadora de la Clínica Jurídica de Atención a Solicitantes de Refugio y Refugiados Pedro Arrupe SJ.

Testimonios y documentación muestran un mismo modus operandi que funciona sigilosamente en toda la costa norte del Perú. Un patrón de engaños y operadores estratégicos que coordinan con un único fin: engañar y atrapar a mujeres extranjeras que migran en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Una persona desconocida (o una amiga cercana) contacta a las víctimas por redes sociales en su país de origen y les ofrece un  empleo. Cuando estas aceptan, el captador las guía durante su paso por Venezuela, Colombia y Ecuador, hasta llegar al Perú. Allí son sorprendidas por miembros de la red criminal, quienes las obligan a ser explotadas sexualmente para pagar una deuda por su traslado. Si se niegan a obedecer, las migrantes reciben amenazas, al igual como sus hijos y familiares.

Es entonces que al teléfono de las mujeres extranjeras, vía WhatsApp, empiezan a llegar fotografías con las llaves de habitaciones de hoteles. Al otro lado de la pantalla: una decena de hombres que pagan a diario para explotarlas sexualmente. Cualquier desobediencia, tardanza o altercado entre las migrantes con los explotadores se traduce en una multa que aumenta el costo por su libertad. Castigos económicos que oscilan, según los testimonios consultados, entre los S/1000 y S/ 3000. 

El círculo vicioso termina cuando las migrantes son obligadas a reclutar a sus propias amigas, quienes también se encuentran en su país de origen, para engañarlas y embaucarlas, como hicieron con ellas en un inicio. Y todo bajo la sombra de un click.

El paso hacia lo desconocido

2 de octubre del 2021. 00:50 de la madrugada. Una coaster pasa a más de 100 kilómetros por hora por la avenida Tumbes, la vía principal de la región. “¡Coaster estaciónese a la derecha!”, dice un policía por el megáfono. El vehículo acelera. Lleva a migrantes que acaban de cruzar la frontera entre Perú y Ecuador. “¡Coaster, por segunda vez, estaciónese a la derecha!”. El auto se detiene. “Aguasverdes – Zarumilla – Tumbes”, se lee en la coaster que circula con las luces apagadas. El policía ingresa con una linterna. Observa: rostros preocupados, familias, niños y mujeres. El tráfico ilícito de migrantes en la costa norte no tiene horario.

Las redes criminales que se ubican en los pasos fronterizos lucran con la necesidad de familias enteras que se ven obligadas a pagar para ingresar a un territorio más seguro. La situación es aún más grave cuando se trata de mujeres jóvenes con escasos recursos económicos y que viajan solas a un país desconocido en búsqueda de un puesto de trabajo. 

En las redes de trata que operan en el norte del Perú, los captadores cumplen también el papel de traficantes. Un hecho relevante es que el primer y segundo eslabón de la cadena de la trata es la captación (que incluye el perfilado de la víctima) y el traslado. Mientras que el tercer y cuarto paso son la retención y explotación. Lo último no llegaría sin lo primero.

“Los tratantes no operan de manera arbitraria. Ellos saben y se informan cómo llegar a las personas a las que tienen más posibilidades de captar”, dice Joel Jabiles, coordinador de la Unidad contra la Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la OIM en el Perú. “Muchas veces utilizan a las propias migrantes para captar a otras mujeres”, agrega. Y es que los traficantes no solo informan a los tratantes sobre las condiciones de viaje de las víctimas, también identifican si tienen recursos económicos al llegar al Perú, algo que las hace más vulnerables a ser captadas por las falsas ofertas laborales. 

“Las migrantes que pasan la frontera muchas veces no tienen un sol en el bolsillo. Eso las pone en situación vulnerable. Ese es el medio que aprovechan las redes de trata. Ese es el enlace entre las bandas que lucran con el tráfico de migrantes y las que se dedican a la trata de personas”, dice el capitán PNP, William Ordoñez, jefe del área Contra la Trata de la División de Investigación Criminal de Piura.

De acuerdo con cifras del Monitoreo de Flujo de la Población Venezolana en el Perú, elaborado en el 2020 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes que ingresan por la frontera norte son, en su mayoría, jóvenes. Un 61.4% tiene entre 18 y 34 años, un 35.2% tiene entre 35 y 59 años, y solo un 3.4% pasa de los 60. 

El 16 de marzo del 2020, con motivo de las medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus, el Gobierno peruano decretó el cierre de las fronteras. Desde ese momento, los migrantes se vieron forzados a acudir a los pases irregulares. El principal punto de acceso en la frontera norte se ubica entre el distrito de Aguasverdes, en el departamento de Tumbes (Perú), y la ciudad de Huaquillas, en la provincia de El Oro (Ecuador). 

Existen dos tipos de personas que dejan su país de origen: los migrantes y los refugiados. “Un migrante es una persona que sale de su país de manera voluntaria. Normalmente hace trámites previos para salir de manera ordenada. Los motivos pueden ser diversos, desde laborales hasta familiares. Un refugiado, en cambio, se ve forzado por las circunstancias a salir de su país de residencia. Y cuando llega a otro país necesita protección”, detalla Analí Briceño.

Aguasverdes se encuentra a 25 minutos en automóvil del centro de Tumbes. Su principal actividad comercial es la venta de ropa y electrodomésticos, algo que se puede notar al transitar por sus calles, donde abundan las tiendas comerciales. El cierre de las fronteras aumentó la informalidad y el contrabando. Esto fue aprovechado por un grupo de criminales a los que se conoce como “coyotes” (o “coyoteros”) que forman parte de una extensa red de pases clandestinos que usa el chantaje y la extorsión para lucrar con la documentación e información personal proporcionada por los migrantes que cruzan la frontera.

Sobre extensos campos de cultivo de plátano, bajo un sol quemante, con trochas que se infiltran entre grandes plantaciones, diariamente se oye en la frontera entre el Perú y Ecuador el ruido de motocicletas que levantan polvo al transitar. Los “coyotes” trasladan a los migrantes en estos vehículos por sumas que van desde los 3 a 15 dólares, por puentes de madera colocados de manera artesanal. Cuando los “coyotes” son intervenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú, se camuflan en plantaciones y caseríos ubicados al lado ecuatoriano. Entre ellos también conviven delincuentes dedicados al sicariato y al robo a mano armada.

“Si los migrantes se niegan a pagarles les roban sus cosas o los amenazan”, dice César Malca, jefe de la Unidad de Seguridad Integral de la Policía Nacional de Tumbes y encargado de supervisar los operativos de destrucción de puentes irregulares en la frontera entre el Perú y Ecuador. La información brindada por el agente policial coincide con el registro de dificultades reportadas por los migrantes ante la OIM, en un informe publicado en julio del 2021. El estudio señala que un 66% de migrantes que cruzaron hacia el Perú reportaron el hurto y el robo como su principal problema. En el segundo lugar, con un 13%, se encontraba la estafa. 

La frontera de Tumbes con Ecuador es de 158 kilómetros y tiene solo dos pasos formales: el Puente Internacional y el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf). No obstante, existen propiedades privadas que sirven como pasos ilegales. Es una forma de transitar sin ser visto por las autoridades migratorias de ambos países.

Cuando los contingentes policiales interceptan los puentes de madera instalados por los “coyotes”, estos los retiran rápidamente hacia Ecuador, donde la Policía peruana no tiene jurisdicción. En otras ocasiones, atacan a las autoridades lanzándoles piedras o empleando armas de fuego.  Mientras tanto alertan a otros “coyotes” ubicados en puntos posteriores de la línea fronteriza.

Por uno de estos predios rústicos es por donde transitó Norma, quien tenía 28 años cuando llegó al Perú. Antes de ser captada, vivía en la ciudad de Charallave, en el norte de Venezuela. Por aquel entonces trabajaba en una empresa ensambladora de motos. A inicios de agosto del 2021, una mujer que tenía agregada en Facebook le escribió un mensaje ofreciéndole un empleo. Luego le pidió una foto suya para evaluar si calificaba para el puesto. La imagen sería una pieza clave para lo que vino después: la red de trata emplearía aquella fotografía para identificar, seguir e interceptar a Norma en un grupo de hospedajes y empresas de transporte ubicadas en su trayecto desde Venezuela hacia el Perú. 

“La mayoría de anuncios están en internet. Les ofrecen a las víctimas pasaportes y papeles. La mayoría de empleos que les proponen son atendiendo mesas en restaurantes. Hemos visto casos donde les ofrecen ir a trabajar a peluquerías con cifras desproporcionadas. Les ofrecen casa y comida. Las sacan de manera irregular por los pasos en la frontera”, cuenta Gabriela Guada, de la ONG Caleidoscopio Humano, un grupo de trabajo que vela por los derechos humanos de migrantes de nacionalidad venezolana.

PERFIL DEL MIGRANTE VENEZOLANO

De acuerdo con cifras del Monitoreo de Flujo de la Población Venezolana en el Perú, elaborado en el 2020 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la población que ingresa por la frontera norte del Perú es en su mayoría joven. Un 61.4% tiene entre 18 y 34 años, un 35.2% posee entre 35 y 59 años y solo un 3.4% pasa de los 60.

UNA ZONA CRÍTICA EN LA CIUDAD DE TUMBES

La vía en donde se concentra la mayor cantidad de detenciones por el delito trata de personas en Tumbes es la avenida Mariscal Castilla, ubicada a cuatro cuadras de la Plaza de Armas. Es en esta calle donde se encuentran viviendas, quintas y hoteles donde se explota sexualmente a las migrantes.

EL JEFE DE LOS "COYOTES"

Según información de la Policía de Tumbes, quien encabeza la principal red de sicariato que opera entre los “coyotes” es  Víctor Rojas Gonzales, conocido bajo el alias de “El Messi”. Rojas, según investigaciones policiales, tendría en su historial más de nueve asesinatos.

La mujer que contactó a Norma le preguntó si le gustaría trabajar en el Perú. Ella dijo que sabía cortar cabello y pintar uñas. La mujer le ofreció un empleo en una peluquería en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, en la costa norte del Perú. Norma aceptó y se embarcó el 8 de agosto del 2021 en un bus, cuyo primer destino fue Colombia. En Charallave (Venezuela) dejó a sus dos hijos pequeños, de 3 y 7 años.

“Muchas de las víctimas aceptan trabajos que no tienen que ver con sus estudios ni con sus títulos o experiencia. Entran en el mercado informal porque no les piden papeles, tienen libertad de horarios y pueden también hacerse cargo de la economía familiar”, dice Andrea Querol, directora ejecutiva de la organización Capital Humano y Social (CHS) Alternativo.

Por un dólar, la empresa de transportes Contramar se comprometió a dejar a Norma en la ciudad fronteriza de San Antonio de Tachira (Venezuela), donde fue contactada por otro de los eslabones de la red criminal. En Tachira, un hombre de tez morena de entre 30 y 35 años, quien utilizó la foto que Norma brindó por Facebook, la reconoció y se presentó como su guía para cruzar hacia Colombia.

El hombre contactó también a otras siete personas, entre hombres, mujeres y niños, que acompañaron a Norma en su traslado hacia la ciudad colombiana de Cúcuta. Desde ese lugar, Norma retiró 70 dólares depositados por la captadora. Después compró un pasaje en la empresa de transportes El Cóndor, que la llevó en un viaje de veinticuatro horas hasta Huaquillas (Ecuador), donde fue interceptada por otro “coyote”. 

“Hay casos en que las víctimas de trata inician su contacto con la red criminal desde que ingresan como migrantes. Pagan para ingresar al Perú porque no pueden cumplir los requisitos que el Estado peruano les exige. Y cuando hacen el trato con los “coyotes”, les dan sus datos y documentación, como sus pasaportes y su dinero. Eso las coloca en situación vulnerabilidad ante los tratantes”, afirma Anali Briceño de Clínica Jurista Pedro Arrupe SJ.

“En Huaquillas llegó otro guía, de tez negra, contextura gruesa, de unos 29 años, tenía un tatuaje en el cuello, y este, de igual manera, me ubicó por una foto mía. Me indicaron que tenía que cruzar caminando por un puente de la frontera con Perú, en donde encontraría un portón que decía algo de “El Fogón”. Yo crucé ese portón y ya estaba en Tumbes. No realicé ningún control de migraciones, me subí a una moto y me llevó al terminal de transportes El Dorado, donde compré mi pasaje hacia Chiclayo por 176 soles (43 dólares)”, narró Norma a los agentes de la Policía que la rescataron de la red de tratantes, el 3 de septiembre del 2021.

La puerta de “El Fogón” descrita por Norma como la propiedad privada por la que ingresó a Tumbes, sirve como escondite para los “coyotes”. Hasta el momento, el lugar no ha sido identificado con exactitud, lo cual es un problema generalizado a lo largo de la frontera. “Estas son propiedades privadas que ellos han cercado. Justamente lo hacen para poner el pase ilegal, pero en el interior no vive nadie. No sabemos cuáles son las facultades de la Policía de Ecuador, pero nosotros no podemos hacer nada allá”, dice el capitán César Malca, mientras señala un predio rural ubicado al otro lado de frontera, en Huaquillas. Desde el interior de la propiedad observan “coyotes”, quienes toman fotografías a los vehículos policiales.

Los migrantes que pasan la frontera muchas veces no tienen un sol en el bolsillo. Eso las pone en situación vulnerable. Ese es el medio que aprovechan las redes de trata. Ese es el enlace entre las bandas que lucran con el tráfico de migrantes y las que se dedican a la trata de personas”
Capitán PNP William Ordóñez
Jefe del área Contra la Trata de la División de Investigación Criminal de Piura.
Hay mucho desconocimiento de las autoridades. Hay tolerancia social e inoperancia del sistema. Esos tres factores ocultan el delito. Cualquiera puede ver mañana a una persona y no darse cuenta de que es una víctima de trata”
José Luis Velásquez Quesquén
jefe de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UDAVIT) de la Fiscalía de Piura.

El infierno de las "llaves"

Un colchón bloquea la puerta de la habitación 405 del hotel Marbella, en la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque. Sobre él duerme ‘Gosho’ (22), como es recordado por sus víctimas. De tez blanca, de nacionalidad venezolana, con un tatuaje en la espalda con la figura de una calavera, ‘Gosho’ es el encargado de evitar que Norma huya de la red que la captó. Cuando llegó a Chiclayo, Norma fue interceptada en el terminal de la empresa de transportes El Dorado por ‘Ángel’, quien la llamó alzando las manos y gritando su nombre. ‘Ángel’ la llevó a un hospedaje cercano, donde le presentó a ‘Gosho’, a ‘Titi’, y a ‘La Lía’, todos eran de nacionalidad venezolana.

“Al día siguiente de hospedarme llegó ‘Titi’ a mi cuarto y me dijo que le debía S/ 7000 (1800 dólares) por los gastos de mi traslado. Y que, para pagar la deuda, tenía que prostituirme”, contó Norma a la Policía.  “Decían que iban a matar a mi hija que estaba en Venezuela. Me decían que podían llegar a mi casa y que les podía pasar algo a mis familiares. ‘Titi’ me mostró una granada y me dijo que me iba a hacer volar si me escapaba”, agregó. Norma fue rescatada en el hotel Marbella, ubicado en la avenida Sáenz Peña, a 1.5 kilómetros de la Plaza de Armas de Chiclayo.

“La retención de las víctimas se da usualmente con amenazas. No siempre hay violencia física. Muchas veces hay una necesidad económica, o a los tratantes les retienen sus documentos migratorios, o amenazan a sus familias en Venezuela”, afirma Andrea Querol, de CHS Alternativo. Para la especialista, las migrantes se encuentran expuestas a asumir ofertas laborales de riesgo al no contar con recursos económicos al cruzar la frontera. “Las condiciones de vulnerabilidad cuando no tienes capacidad de supervivencia te llevan a confiar en lo primero que se presenta. Te arriesgas a condiciones de trabajo que pueden resultar peligrosas. En estos casos, las migrantes no saben a dónde van a llegar”, sostiene.

Registros de las conversaciones de WhatsApp de 'Gosho' y 'Titi' con Norma. 'Gosho' reenviaba a la víctima las fotografías que los clientes explotadores remitían al hospedarse en la habitación de un hotel. La red criminal, según información policial, empleaba la palabra 'mata' para que la víctima vaya al lugar donde iba a ser explotada sexualmente.

Después de enterarse que había caído en las garras de una red de trata de personas, Norma comenzó a recibir mensajes de WhatsApp con imágenes de llaves y números de habitaciones de hoteles. Esto es lo que las migrantes rescatadas describen como la modalidad de “las llaves”, creada por los operadores de las redes de trata para explotar sexualmente a las mujeres y, al mismo tiempo, camuflarse frente a los operativos de la Fiscalía y la Policía.

“La ‘llave’ se refiere a la foto del llavero que indica el número de habitación y nombre del hotel, que me fue enviado a mi WhatsApp para salir a brindar servicios sexuales en el lugar que indica el llavero, por lo general el precio es de S/ 150 a S/ 200 por el lapso de una hora”, contó a las autoridades policiales Lucía (19), otra víctima de las redes de trata.

La modalidad de las llaves tiene un paso previo. Se emplea el internet y las redes sociales para reclutar a los explotadores. Los tratantes publican fotografías retocadas de mujeres extranjeras cuyos rasgos coinciden con las características físicas de las víctimas. Cuando se cierra el trato entre el captador y el explotador, las mujeres retenidas son obligadas a acudir al lugar y convencer al explotador de aceptar el servicio. De esta manera, los tratantes lucran con los estereotipos hipersexualidados que existen en la sociedad peruana basados en la nacionalidad de las víctimas: discriminación y xenofobia al servicio del delito. 

“Hay una normalización. Se dice ‘se fue de prostituta a otro país, se merece que le hicieran eso’. Se normaliza el crimen”, afirma Gabriela Guada, de la ONG venezolana Caleidoscopio Humano. “Una de la etiquetas más grandes (en América Latina) es la de ser una venezolana migrante”, agrega. 

Y es que los estereotipos que hipersexualizan a las víctimas solo invisibilizan el problema de la trata ante la sociedad, como explica Andrea Querol, de CHS Alternativo: “Las migrantes venezolanas reportan que hay estereotipos que se manejan en el Perú por su nacionalidad. Hay una utilización de ellas como objetos. Al llegar a cualquier trabajo les piden que tengan un trato especial, o que se vistan de determinada manera para que sean más atractivas y así llamar la atención”. Incluso en su vida cotidiana las mujeres venezolanas no pueden huir de las etiquetas que se les imponen. “No siempre estamos hablando de explotación sexual, pero sí de condiciones de trabajo en donde la mujer es cosificada y utilizada”, dice.

Lucía fue rescatada en el hotel El Gran Tumi de Oro, de Chiclayo, el 1 de septiembre del 2021. En el mismo hotel también se encontró a Inés (23), una migrante de nacionalidad venezolana que llegó al Perú con su hijo menor.

En la intervención en el Hotel Marbella, en Chiclayo, el 1 de septiembre, se encontró una granada de guerra. Esta era usada por 'Gosho' para amenazar a Norma.

Para publicar en las páginas web como Skokka y Photokines los tratantes crean una cuenta, suben imágenes de las víctimas e ingresan dinero para que la publicación tenga mayor exposición en internet. Los tratantes colocan un número de celular para ser contactados. Cuando reciben los mensajes o llamadas, les indican a los usuarios que se alojen en cualquier hotel. Luego los clientes explotadores envían una foto de la “llave” de la habitación en la que se encuentran. Las víctimas son enviadas al lugar, mientras que una persona las vigila durante el trayecto. Los mismos recepcionistas de los hospedajes son las que las guían a la habitación cuando estas llegan al hospedaje con la fotografía de las llaves.

“Después de dos o tres horas hacemos el depósito o giro a las cuentas bancarias de diferentes personas que tienen (a los captadores) como beneficiarios finales. Finalmente teníamos que enviar un emoji de corazón que significaba que todo había salido correctamente. Si el cliente se quejaba, nos multaban y siempre nos amenazaban si hacíamos un servicio sexual sin decirles nada. Cada semana yo brindaba un aproximado de doce a quince servicios sexuales o ‘llaves’”, explicó Lucía a los efectivos policiales.

“Hay mucho desconocimiento de las autoridades. Hay tolerancia social e inoperancia del sistema. Esos tres factores ocultan el delito. Cualquiera puede ver mañana a una migrante y no darse cuenta de que es una víctima de trata”, advierte José Luis Velásquez Quesquén, jefe de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UDAVIT) de la Fiscalía de Piura, uno de los núcleos desde donde los operadores de las redes de trata de migrantes redirigen a las víctimas hacia otras regiones. 

SE RESCATÓ A 79 MUJERES VÍCTIMAS

En el 2020 la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (DIRCTPTIM) llevó a cabo 65 operativos en la frontera norte, en los que se rescató a 79 mujeres víctimas: 73 eran de nacionalidad venezolana, 4 ecuatorianas y 2 de República Dominicana.

PIURA, EL SEGUNDO ANILLO FRONTERIZO

Piura es la ciudad más importante del norte del Perú y uno de los núcleos desde donde operadores de las redes de trata de migrantes redirigen a las víctimas hacia otras regiones. Frente a la empresa de transportes “EPPO” está la mayor zona de explotación sexual de Piura.

EL TERCER DELITO MÁS LUCRATIVO

Según la organización Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, la trata de personas, solo en el 2020, movió más 1300 millones de dólares a nivel mundial. Esto lo convierte en el tercer delito más lucrativo después del narcotráfico y el tráfico de armas. Existen 5 finalidades para las que opera la trata: la explotación sexual, la venta de niños, la explotación laboral, la mendicidad y el tráfico de órganos.

Antes de ser captada, Inés, otra sobrevivientes de las redes de trata de migrantes, vivía en Ecuador. Su amiga, que residía en Colombia, le dijo que podía conseguirle un puesto de trabajo en el Perú. Inés aceptó. La contactaron con ‘Sol’, una mujer de 24 años, de 1.60 de estatura, de contextura gruesa y con un tatuaje en la mano izquierda con el símbolo de una estrella, quien sería la persona que coordinó su traslado y paso por la frontera desde Piura, el segundo anillo después de Tumbes desde el que se capta y traslada a las víctimas de trata.

“Piura tiene todas las condiciones para que se pueda dar el delito de trata de personas. Tiene zonas de captación, tiene rutas identificadas. Por lo menos tres de las cinco finalidades de la trata se dan aquí: la de explotación sexual, laboral y mendicidad”, afirma Ortelia Valladolid, periodista de Radio Cutivalú (Piura), especializada en temas de migraciones y trata de personas.

Según información de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Chiclayo, ‘Sol’ junto a su pareja ‘Cuma’ serían los principales operadores de una red de trata que opera desde Piura. El 21 de mayo del 2021, ‘Sol’ depositó 30 dólares a Inés, cuando se encontraba en la ciudad de Tulcán, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Con ese dinero, Inés tomó un viaje de catorce horas hasta Huaquillas.

Luego subió a un taxi que la llevó a Tumbes por S/ 120 (30 dólares). El vehículo nunca pasó por un control migratorio. Ya en Tumbes, ‘Sol’ volvió a depositar a Inés otras dos sumas de S/ 200 (50 dólares) y S/ 143 (35 dólares). Con este dinero, Inés fue enviada en auto hasta Piura, donde conoció personalmente a ‘Sol’ y a ‘Cuma’.

Cuando ‘Sol’ y ‘Cuma’ recibieron a Inés en el terminal de Piura, le dijeron que su nuevo destino era la ciudad de Chiclayo, ubicada a 216 kilómetros y a 3 horas por carretera. La embarcaron en un taxi por S/ 80 (20 dólares) con dos conductores que se alternaban en el trayecto. Inés recibió S/ 50 (13 dólares) para su alimentación y la de su hijo. “Sol hizo el arreglo con el chofer. Yo no pagué nada. El vehículo me condujo hasta Chiclayo donde me indicaron que ya conocían el lugar. Dicho vehículo me dejó en la puerta del hotel El Gran Tumi de Oro”, contó Inés.

Conversación de WhatsApp en que 'Cuma' le pregunta a Lucía por una migrante que ella se comprometió a captar para ser explotada sexualmente. Esta iba a llegar a Piura y luego sería enviada a Cusco, una ciudad ubicada en la sierra peruana.

Conversaciones de WhatsApp muestran como ‘Sol’ y ‘Cuma’ se comunicaban con Lucía e Inés para obligarlas a captar a sus propias amigas con el objetivo de explotarlas sexualmente.

-‘Cuma’: Qué pasó con la chama que tú tienes.

-Lucía: Qué chama. Ah, la que te dije. Me dijo que me iba a avisar esta semana, mano. Ella me mandó la foto y todo. Para que la vieras, pero se me olvidó mandártela.

-‘Cuma’: Escríbele, mira si está dispuesta a venir mañana, mañana lunes pa (sic) que salga para Cusco.

La sobreviviente explica la conversación: “En esta conversación con ‘CUMITA’ me exigía que le ponga una amiga para hacerla trabajar como yo, pero para distraerlo yo le decía que mi amiga me iba a avisar esta semana y que me iba a enviar fotos, esto yo lo hacía para distraerlo y no me multara y salir de mi deuda con ellos”, contó Lucía a la Policía. Inés, por su parte, cuenta que fue Lucía quien la introdujo por primera vez en la red por orden de ‘Sol’. 

Hacer que una víctima capte a otra es otra de las modalidades que emplean los tratantes para garantizar su impunidad. Y es que cometer un acto delictivo (como captar a una migrante para explotarla) bajo amenaza hace aún más complejo el proceso de las investigaciones. “La captación de una víctima a otra es un fenómeno que es importante anotar. Si bien en el Perú no hay información consolidada sobre la trata con fines de actividades delictivas. Esta implica el sometimiento de una persona para que realice una actividad criminal. Y según la legislación internacional, no implica una sanción penal para la víctima, porque lo hace bajo amenaza”, resalta Jabiles de la OIM. 

“Al llegar al hospedaje en Chiclayo, Lucía me hizo pasar y me alquiló la habitación número 303. Ella pagó y, estando en el cuarto, me explicó el trabajo. Me dijo que tenía que hacer “llaves”. Esto se refiere a que, cuando ellos tienen un cliente, me envían al WhatsApp la foto del hotel donde yo debo ir a dar el servicio sexual. Yo les debía pagar la deuda por traerme desde Ecuador al Perú con mi menor hijo. ‘Sol’ me dijo que les debía S/ 11 mil”, narró Inés.

Izquierda: Hotel Marbella, donde fue rescatada Norma. Derecha: Hotel El Gran Tumi de Oro: lugar en que Lucía e Inés eran explotadas sexualmente.

Un delito ignorado

Una de las grandes dificultades que existe en el país para investigar los casos de trata de personas es la falta de capacitación de las autoridades policiales y la insuficiente cantidad de fiscalías especializadas constituidas a nivel nacional.

En todo el país, existen solo 14 sedes del Ministerio Público especializadas en Delitos de Trata de Personas. Las oficinas de La Libertad y Piura, las dos ciudades más pobladas del norte del país, se crearon en diciembre del 2020, en plena pandemia de la COVID-19. Antes de esa fecha, quienes asumían las investigaciones eran las fiscalías dedicadas al crimen organizado. Esto significa que las investigaciones no eran abordadas con la suficiente prioridad en el sistema de justicia.

“Los fiscales especializados en trata de personas van a las zonas donde explotan sexualmente a las víctimas para realizar operativos e intervenciones de turno. En cambio, los de crimen organizado, por la ardua carga procesal, no cuentan con el tiempo suficiente para poder ver los casos a profundidad”, dice a esta publicación la fiscal superior Rosario López Wong, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas del Perú.

Otro actor relevante en el proceso de denuncia de las víctimas de trata es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), que realiza acompañamiento legal a las víctimas, aunque con algunas limitaciones. “El proceso legal peruano tiene tres etapas: el proceso de investigación, el intermedio y el juzgamiento. Nosotros podemos patrocinar a la víctima en la fase de investigación, pero luego necesitamos su autorización para seguir en el proceso. Si no tenemos ese permiso, dependemos del Ministerio Público, por ser titular de la acción penal contra los imputados”, dice Carlos Castillo Muñoz, abogado y defensor público de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjus. 

Aquello significa que, para entidades como el Minjus, la voluntad de la sobreviviente para continuar con la denuncia es un factor clave. Pero no todas las víctimas están dispuestas a seguir en el proceso legal. Joel Jabiles, representante de la OIM en el Perú, afirma que las sobrevivientes tienen “temor de vincularse con una entidad pública peruana, sobre todo si se trata de instituciones de persecución, como la Policía o la Fiscalía”. ¿Por qué? El especialista asegura que esto se da por “el miedo a ser deportadas y expulsadas luego”.

Una visión distinta es la de la fiscal Gladys Péndola, de la ciudad de Sullana (Piura). Para Péndola todas las autoridades deben evaluar cuándo la aceptación de una víctima está sometida a situaciones de vulnerabilidad. “La voluntad de una sobreviviente puede estar viciada por el hecho de que no tienen a dónde ir. O que los tratantes les retienen sus documentos. Aunque ellas manifiestan aprobación, no siempre esta debe tomarse explícitamente, porque puede estar condicionada”, afirma la fiscal.

 

“No sé dónde estoy, pero les puedo decir cómo llegar”, le dijo una de las víctimas del clan de “Los Chamos de Montserrat” a la Policía de Trujillo, capital de la región La Libertad, el pasado 28 de septiembre. Ese día, en la madrugada, un grupo de agentes a cargo de la teniente Angie Gonzáles, del área contra la Trata de la División de Investigación Criminal de La Libertad, intervino una vivienda en la urbanización de Montserrat, ubicada a 5 minutos de la Plaza de Armas de Trujillo.

La denuncia llegó por una fuente confidencial a la comisaría de Buenos Aires, un distrito a 20 minutos en auto del centro de Trujillo. Los agentes subieron por las escaleras del edificio hasta llegar al quinto piso, donde se tenía información de cinco mujeres retenidas, entre venezolanas y ecuatorianas. “Ella estaba asustada y aterrada. Nos confirmó que ese era el inmueble y entramos”, cuenta uno de los policías que participó del operativo. 

En el edificio se encontró un señor de 51 años, su hijo llamado ‘Ranuel’ y un amigo de este, todos de nacionalidad venezolana. Las sobrevivientes contaron que fueron captadas por las redes sociales dos semanas atrás. El Poder Judicial dictó doce meses de prisión preventiva contra los tres integrantes de “Los Chamos de Montserrat”. 

Según información brindada por el Viceministerio de la Mujer, desde enero del 2020 a octubre del 2021, se han atendido un total de 94 casos de trata con fines de explotación sexual. De estos, 31 pertenecen al 2020 y 63 al 2021. Entre enero y octubre del 2021, el Programa Nacional Aurora, que brinda hogares de protección a mujeres en estado de vulnerabilidad, solo ha tenido 9 casos de víctimas extranjeras de trata, según registros proporcionados por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a esta publicación. 

La pandemia de la COVID-19, la insuficiente cantidad de fiscalías especializadas constituidas en el Perú, así como nuevas modalidades empleadas por los tratantes para captar y explotar a las víctimas en total impunidad han empeorado en los últimos dos años el panorama. “En el 2019, cuando nosotros empezamos a trabajar contra la trata de migrantes, normalmente eran llevadas a Europa. Ahora las redes de trata operan mayoritariamente en países de Latinoamérica porque es más fácil transportarlas por tierra que por avión a Europa”, dice Gabriela Guada, de la ONG venezolana Caleidoscopio Humano. 

“Más que una mala tipificación, lo que hay es una capacitación inadecuada en cómo identificar el delito de trata e investigar su contexto. El delito de trata requiere de un trabajo de sensibilización. La voluntad en los casos de trata no se interpreta a rajatabla. Tenemos que ir más allá para saber cuánto del consentimiento de la mujer explotada se da en una situación de vulnerabilidad”
Gladys Péndola Arviza
Presidenta de la Junta de Fiscales de Sullana (Piura)
“En el caso de las víctimas extranjeras el tema es mucho más peculiar y mucho más triste, ellas prefieren dejar las denuncias a su suerte, continuar su viaje o regresar a su país de origen antes de estar encerradas”
Anali Briceño
coordinadora de la Clínica Jurista de Atención a Solicitantes de Refugio y Refugiados Pedro ARRUPE SJ.

El 1 de septiembre, agentes del área de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal de Chiclayo interceptaron el vehículo en que era llevada Norma para ser explotada. ‘Ángel’ la acompañaba en el asiento trasero. Los policías y fiscales fueron al hotel Marbella, donde detuvieron a ‘Gosho’, ‘Títi’ y ‘La Lía’. Encontraron la granada con que amenazaban a Norma, también sobres de pasta básica de cocaína y 43 chips telefónicos.

“Antes conmigo estaba una menor de edad que era obligada a prostituirse. Ella logró escapar, yo fui la que se quedó”, advirtió la sobreviviente a la Policía. El Ministerio Público aún busca a la menor. Los cuatro detenidos optaron por el silencio al ser interrogados. En el caso de Lucía e Inés, la Fiscalía ha identificado que el nombre completo de “Sol” es Sol del Mar Martínez Orozco, proveniente de la ciudad venezolana de Maracay. Su cuenta de Facebook, identificada por las sobrevivientes, lleva el nombre de “SDM EKJ AMORES (SDM)” y aún puede encontrarse en la red social.

‘Cuma’, pareja de ‘Sol’, y segundo operador de la red en Piura, ha sido identificado como Wilmer Gonzales, y también es de nacionalidad venezolana. Los papás de ‘Cuma’ también formarían parte de la red de trata, según el testimonio brindado por las sobrevivientes. Hasta el momento se desconoce el paradero de ‘Sol’ y ‘Cuma’, pero las historias relatadas por las víctimas muestran un nuevo punto de inflexión en el modus operandi que emplean las redes de trata. Y cuyo punto de origen fue el inicio de la pandemia. 

*Los nombres de las sobrevivientes han sido cambiados por motivos de seguridad.

Esta investigación fue ganadora del VII Concurso de Periodismo “Investigar para denunciar: trata de personas en el Perú”, ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y Promsex con la financiación del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. No obstante, las opiniones expresadas y el contenido incluido en ella no implican la adhesión o aceptación oficial por parte del CIES, Promsex ni las Naciones Unidas.