En el Congreso de la República existen funcionarios que cobran sueldos estando en la banca de suplentes. Ese es el caso de 22 trabajadores adscritos al Departamento de Comisiones, cuyas remuneraciones mensuales alcanzan hasta S/ 9666. EL FOCO accedió a un documento interno del Congreso enviado a las 24 comisiones parlamentarias donde se informa que esas personas están «en situación de disponibles» desde hace varios meses. Es decir: cobran sin trabajar en las áreas para las que fueron contratadas.

El oficio lleva la firma de Juan Loayza, jefe encargado del Departamento de Comisiones, quien hace la lista de los trabajadores «disponibles». En el documento, Loayza también adjunta un acuerdo de Mesa Directiva con la distribución de empleados que deben tener las comisiones. Por ejemplo, la comisión de Constitución puede tener 9 trabajadores de confianza, colocados a dedo por el congresista que preside el grupo de trabajo, y 4 más que están en la planilla del Legislativo.

Esta semana el portal Epicentro TV reveló, en lo que va de la presidencia de María del Carmen Alva, el Congreso infló su planilla en 758 trabajadores. El Parlamento, como se sabe, es una de las pocas instituciones que no se rige por la Ley Servir, que promueve la carrera de la función pública y la meritocracia. En la lista de los 22 trabajadores que están en banca cobrando su sueldo, algunos de ellos contratados bajo la gestión de Alva, hay personajes conocidos.

Tomás Zamudio Briceño es el nombre que más ha sonado en los medios de comunicación. Zamudio es un excongresista, que ocupó una curul, representando a Arequipa, por el Partido Nacionalista entre el 2011 y 2016. Zamudio luego de ser congresista logró un puesto a plazo fijo en el Congreso como abogado y ganando mensualmente S/ 8957. Hoy es uno de los que cobra sin ser destacado a ninguna área del Parlamento.

La comunicadora Lizbeth Maceda Maldonado es otra de las funcionarias parlamentarias que está en la misma situación. Ella fue asesora durante el periodo 2016-2018 del congresista fujimorista Edwin Vergara. Maceda es esposa de Christian Peralta, exjefe de Comunicaciones del Congreso cuando controlado, entre el 2016 y 2019, por el fujimorismo y señalado en un artículo de Hildebrandt en sus Trece como el creador de los fujitroll.

EL FOCO se comunicó con Maceda, quien confirmó que hasta cerrado este informe no forma parte de una comisión dentro del Congreso, sino que por ahora colabora en la oficina de Laura Lavarello Carbajo, jefa del Departamento de Comisiones. Maceda, según el reporte de Transparencia del Congreso de marzo último, gana S/ 9666 sin trabajar en área para el que fue contratada.

Respecto a los roles que pueden tener las personas nombradas como parte del Departamento de Comisiones, el ex oficial mayor José Elice señaló a EL FOCO que en caso alguno de ellos no esté trabajando dentro de las comisiones parlamentarias, se estaría incurriendo en una distorsión de la contratación. «Eso no puede ocurrir, eso es una distorsión completa de la figura», aseguró.

Otro personaje que forma parte de los funcionarios sentados en la banca del Congreso es Cleofe Huamán Rojas, licenciada en administración por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y exalcaldesa de Santiago de Quirahuara (Huancavelica) por el partido Acción Popular. También están Maria Loreto Urday Sepúlveda, profesora en educación inicial que trabajó como asesora de la Comisión de Fiscalización en el 2020, durante la presidencia de Edgar Alarcón, e Iván Zumaeta, hermano del excongresista aprista Cesar Zumaeta.

El exoficial mayor Elice aseveró a EL FOCO que existe desde hace varios atrás un excedente de personal en el Congreso que los mismos parlamentarios conocen pero no tienen interés en resolver. «Hay secretarios técnicos que han distorsionado la figura y son asesores en realidad. Tenemos economistas o médicos cuando, por ejemplo, el puesto es de abogado», señaló.

José Cevasco, ex oficial mayor durante tres periodos, asegura que el Congreso se hizo de más asesores por un mandato judicial. «Hoy tienes un montón de trabajadores que a pesar de haber cobrado en su momento su incentivo para irse, han regresado al Congreso y el Estado ha tenido que pagarles los años que no han trabajado. Y a muchos trabajadores, por más que estén desactualizados, las leyes laborales no permiten que sean despedidos», indicó.