Desde que es contralor, Nelson Shack Yalta ha incrementado su patrimonio personal en más de un millón de soles. Shack, quien ocupa el cargo desde julio del 2017, ha podido levantar en solo dos años desde que está en la Contraloría una hipoteca de USD 246 mil que pidió para adquirir propiedades de campo.
Según Registros Públicos, la hipoteca pagada por el contralor corresponde a la compra de tres propiedades que él y su esposa, Patricia Cardozo Saldaña, hicieron en el 2014. Los inmuebles están en el distrito de Ricardo Palma, en Huarochirí, y suman más de 3 mil metros cuadrados. La valorización de las propiedades son 85 mil, 93 mil y 101 mil dólares.
Los lotes de campo no son las únicas propiedades de Shack. El contralor cuenta con otros dos inmuebles: una casa ubicada en La Molina y otra de playa en el sur de Lima. La casa de verano del contralor está en el exclusivo condominio Panorama, ubicado en el distrito de Asia. Nelson Shack también tiene debilidad por las inversiones vehiculares: ha comprado 13 unidades en los últimos 19 años.
Desde el 2003, año en el que se desempeñaba como director de Presupuesto Público del MEF, Shack no ha dejado de comprar y vender carros. Su primera adquisición, junto a su esposa Patricia, fue de una camioneta Suzuki Grand XL7 valorizado en más de USD 26 mil. La camioneta la vendió siete años después por USD 12 mil.
Al año siguiente, en el 2004, adquirió un Volkswagen Polo por USD 15 990, que terminó vendiendo cuatro años después. En el 2008 compró un auto BMW 318i por USD 39 500 y el 2009 una camioneta Honda CRV por USD 28 990.
Dos años más tarde, en el 2011, durante su periodo como consultor nacional e internacional, compró por USD 15 830 un Toyota Yaris XLI y por USD 37 900 su segundo BMW 318i. En el 2012, Shack y su esposa quisieron probar una nueva marca y compraron un Audi Q5, cuyo precio ascendió a USD 58 800. Este Audi era el carro más costoso que hasta entonces, la pareja había comprado.
En el 2013, Shack y su esposa adquirieron un vehículo más económico: un Kia Rio por USD 15 490, que fue a parar a manos de Rímac Seguros. En el 2014, el contralor y su esposa adquirieron una camioneta BMW X5 por USD 55 900 que la vendieron, en febrero del 2017, a Santiago Alvarado Villanueva, gerente de la empresa Transalvi EIRL. La firma de Alvarado fue la encargada de hacer el estudio del by pass de 28 de Julio, y le compró la camioneta a Shack, entonces consultor del Poder Judicial, por USD 33 000.
Dos meses antes de vender la camioneta a Alvarado, el contralor adquirió uno del mismo modelo por USD 65 000, que se sumó a un auto BMW 520i que había comprado a inicios del 2016 por S/ 153 301. La camioneta es color blanco y Shack la tiene hasta hoy. El auto BMW 520 i lo vendió al año siguiente de haberlo comprarlo.
Desde que asumió la dirección de la Contraloría General, Shack ha comprado dos vehículos. El primero es un Suzuki Swif por USD 9 900, que lo compró en agosto del 2017 y lo vendió en mayo de este año. El otro es auto Audi A3 que lo adquirió, por USD 26 300, en el mismo mes que vendió el Suzuki, es decir en mayo del 2022. A la fecha Shack y esposa solo tienen dos autos: el Audi que acaban de comprar y el BMW que compraron en el 2016.
Los ingresos mensuales del Shack, de acuerdo a su declaratoria de bienes y rentas, superan los 40 mil soles. La cifra puede ascender a S/ 108 mil gracias a los bonos de productividad que otorga la Contraloría. Si bien el sueldo del contralor no es austero, Shack percibe pagos mensuales por su labor como docente universitario. El problema es que el contralor no ha declarado estos vínculos laborales en su declaración jurada de intereses.
Shack desacata, así, las reglas de transparencia de su propia institución. La Contraloría General supervisa que los funcionarios y servidores públicos del Estado cumplan con proporcionar anualmente una Declaración Jurada de Intereses (DJI). Un documento en el que se debe detallar información sobre las empresas o sociedades de las que forma parte, además de los vínculos laborales y familiares que mantiene.
El semanario Hildebrandt en sus trece reveló en mayo último los vínculos de Shack con la Universidad César Vallejo. Shack es docente de la escuela de posgrado de la UCV desde agosto del 2020. Pero las labores de docencia del contralor no se limitan a la universidad de César Acuña. Shack también figura en la plana docente desde el año 2020 de la Universidad Continental. Su condición es la de profesor contratado a tiempo parcial, con doce horas de clases semanales asignadas en la modalidad presencial.
Otro de los vacíos en la declaración jurada de Shack son sus vínculos familiares. Si bien meses atrás se podía visualizar el documento declarativo con las respuestas completas. La declaración actual publicada en la web de la Contraloría es una versión mutilada. Nelson Shack, en todas sus declaraciones anuales desde el 2017, ha obviado mencionar sus vínculos fraternos y conyugal, además de los lugares donde trabajan.
Además de su esposa Patricia Cardozo Saldaña, quien ocupó hasta mayo del presente año el cargo de confianza de Asesora II de la Defensoría del Pueblo, dos familiares de Shack ocuparon cargos públicos en el 2017 y 2018. Carlos Alberto Yalta Sotelo, primo del contralor, laboró en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2017 y al año siguiente, en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Caso similar es el de Ernesto Alcibiades Yalta Sotelo, quien laboró en la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia en el 2018.
Las declaraciones juradas alertan los posibles conflictos de intereses de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. En el 2020, EL FOCO reveló que dos de los exmiembros de Invierte Perú, la asociación creada por Nelson Shack, fueron designados en altos cargos de la Contraloría.
De acuerdo con José Trelles, experto en Gestión Pública, el titular de la entidad que está a cargo de la fiscalización de estos documentos debería ser el primero en cumplir con mayor pulcritud este procedimiento. “La responsabilidad ahí podría ser el inicio de un proceso administrativo por parte de la Contraloría, no exenta de la posible responsabilidad civil o penal que se podría derivar”, señaló Trelles.
EL FOCO pidió una entrevista con Nelson Shack. Sin embargo, el contralor avisó con su secretaria personal no poder brinda la entrevista para este informe por cuestiones de tiempo.