En el gobierno de Pedro Castillo suceden cosas inauditas. Una de ellas tiene como protagonista a Ositrán, la institución encargada de supervisar las inversiones en infraestructura del sector transporte. La abogada Verónica Zambrano fue reelegida como presidenta de Ositrán en un polémico proceso de selección que terminó en junio. Sin embargo, han pasado casi tres meses y la resolución de ratificación de Zambrano no aparece en El Peruano.

¿Por qué Zambrano sigue en el cargo pese a que su primer periodo ya concluyó en febrero pasado? El gobierno primero emitió una resolución ordenando que Zambrano se quede en el puesto por 150 días calendarios. Y luego emitió otra norma diciendo que la presidenta de Ositrán, y de los otros organismo reguladores, se mantengan en sus puestos hasta que el ejecutivo nombre a la persona que los reemplazará.

La situación de Verónica Zambrano hoy es el limbo. Y levanta sospecha. Ositrán, al ser el órgano supervisor de las concesiones que firma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es pieza clave en las obras que entrega esta cartera, que inicialmente era dirigida por el prófugo exministro Juan Silva y hoy está en manos de Geiner Alvarado, ambos investigados por los escándalos de corrupción que envuelven al presidente Pedro Castillo.

Mientras el gobierno toma una decisión sobre el futuro de Zambrano, han aparecido hechos desconocidos en la hoja de vida de la jefa de Ositrán. Se trata de dos investigaciones fiscales que Zambrano afronta actualmente. Según el registro del Ministerio Público, estas se encuentran en los distritos fiscales de Lima y Callao. Todas están fase preliminar y son por delitos contra la administración pública: colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. 

El caso más reciente es del 2021, cuando Zambrano fue denunciada por negociación incompatible ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao. Esta investigación está relacionada a irregularidades que detectó la Contraloría cuando Zambrano se desempeñaba como gerente general de la Autoridad Nacional Portuaria (ANP), entre 2014 y 2016.

La Contraloría indicó que Zambrano era una de las responsables de que la ANP contrate de manera fraccionada al estudio Osterling para que brinde asesorías jurídicas. Según el informe, estas eran funciones que ya realizaba la procuraduría pública del MTC, ministerio al que estaba adscrita la ANP. Los contratos con el estudio Osterling, según la Contraloría, generaron un perjuicio económico de S/ 24 720. Pese a la existencia del informe de la oficina de control, Zambrano firmó un nuevo contrato con el estudio Osterling por S/ 13 250. desde la Contraloría señalan que la actual jefa de Ositrán contravino sus funciones y tiene responsabilidad penal y administrativa por los perjuicios generados.

En el 2019, Verónica Zambrano fue denunciada ante la Fiscalía de Piura en dos oportunidades: primero por concusión y negociación incompatible, y luego por delitos contra la administración pública. Estas dos carpetas fiscales están relacionadas a un segundo informe que emitió la Contraloría contra Zambrano, cuando trabajaba en la ANP.

Como gerenta general, Zambrano aprobó una propuesta técnica relacionada al terminal portuario de Paita, como si fuera una “inversión adicional”, y la Contraloría indicó que no correspondía esta calificación. Desde el 2020, el caso está derivado a la fiscalía especializada de Lima Anticorrupción, donde se abrió una investigación en su contra por los delitos de concusión y negociación incompatible.

Este medio contactó con Verónica Zambrano para conocer su versión de los hechos. Sobre las denuncias fiscales que tiene en su contra, señaló que son arbitrarios que «no tienen ni pies ni cabeza». «La gran observación es que no debimos contratar un estudio de abogados porque teníamos a la procuraduría. Pero luego consultamos al Consejo de Defensa Judicial, y nos contestó que cualquier entidad no estaba impedida de contratar un estudio de abogados”, indicó Zambrano. «El problema es que la Contraloría, en mi opinión, no tiene los funcionarios con el nivel adecuado para encontrar situaciones irregulares», añadió.

Hace dos meses, la gestión de Verónica Zambrano estuvo en el ojo de la tormenta. La Contraloría detectó que el Consejo Directivo de Ositrán no observó el contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez y permitió que el MTC firme un acuerdo con Lima Airport Partners (LAP) para modificar la ampliación del aeropuerto y colocar dos terminales de pasajeros. Este cambio contradecía los propios informes de las áreas técnicas de Ositran, que indicaban que el aeropuerto tendría solo un terminal.