El gobierno de Dina Boluarte se basó en informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que hacen referencia a supuestas “acciones” del grupo terrorista Sendero Luminoso y a una asociación entre los narcoterroristas del Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (VRAEM) y el tráfico internacional de drogas, para decretar a fines del año pasado el estado de emergencia en diversas provincias de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín.
Así se desprende de diez actas del Consejo de Ministros, de diciembre pasado, a las que El FOCO tuvo acceso, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los documentos de las sesiones ministeriales corroboran que el gobierno de Boluarte envió al Ejército a las calles para controlar las protestas, que empezaron luego de que el expresidente Pedro Castillo pretendiera disolver el Congreso, con el argumento de que las manifestaciones eran promovidas en gran medida por la facción terrorista del VRAEM en contubernio con las mafias de narcotráfico.
Los informes alarmistas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía, validados por el primer gabinete del gobierno de Dina Boluarte, sirvieron para etiquetar la agitación social como un presunto acto terrorista. Y, en los hechos, justificaron la represión militar que dejó numerosos muertos y heridos de bala mayormente en Ayacucho.
“Simbiosis narcoterrorista”
El equipo ministerial, presidido por el abogado Pedro Angulo, juramentó el pasado sábado 10 de diciembre. Al día siguiente se realizó el primer Consejo de Ministros. No existe, sin embargo, ningún acta de dicha sesión. Así lo confirmó el propio Despacho Presidencial a EL FOCO.
El Consejo de Ministros se volvió a reunir el lunes 12 de diciembre, cuando las protestas ya se habían extendido a nivel nacional. En esta sesión se pusieron en agenda dos temas: el adelanto de elecciones generales y el proyecto de decreto supremo que declaraba por 60 días el estado de emergencia en siete provincias de la región Apurímac, de donde es oriunda la presidenta Dina Boluarte.
Esta última medida se originó en dos informes policiales de carácter reservado que señalaban que las protestas eran promovidas por presuntos terroristas de Sendero Luminoso, según las indagaciones de EL FOCO. Estos fueron los informes N° 122-2022-FFPP- APURIMAC/ SEC-UNIPLEDU y N° 251-2022-COMASGEN-CO-PNP/OFIPOI.
La promoción del diálogo fue abordada como si fuera un “tema adicional” de esta sesión ministerial, según muestra una de las actas.
“El Consejo de Ministros acordó por unanimidad que los ministros y ministras de Estado se desplacen a los diferentes departamentos (..) para identificar a los actores y promover el diálogo (…) a fin de garantizar la paz social”, se lee en el documento del Consejo de Ministros, liderado por el expremier Pedro Angulo. Nada de eso ocurrió.
Ese mismo día, el lunes 12 de diciembre, se llevó a cabo un segundo Consejo de Ministros extraordinario para discutir un solo punto en agenda: la ampliación del estado de emergencia a otras regiones del país.
La violencia había escalado, a pesar de que Boluarte anunció la noche anterior que enviaría al Congreso una propuesta para adelantar las elecciones a abril del 2024. La inmovilización alcanzaría a diversas provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, donde las manifestaciones eran particularmente violentas. Lo que sorprende es el argumento utilizado por el primer gabinete ministerial de Dina Boluarte para ampliar el estado de emergencia en estas regiones.
“La medida se adoptaría (..) según lo indicado en el Informe Técnico N° 010-2022 CCFFAA/D-3/DCT (S) y Dictamen N° 664-2022/CCFFAA/OAJ (S), debido al accionar de la Organización Terrorista Sendero Luminoso facción VRAEM y la simbiosis existente entre esta organización terrorista y las organizaciones criminales nacionales con vínculos internacionales que se dedican al tráfico ilícito de drogas”, se lee en el acta del Consejo de Ministros extraordinario, del pasado 12 de diciembre.
El ministro de Defensa que legitimó estos informes fue Luis Alberto Otárola Peñaranda, quien hoy es el presidente del Consejo de Ministros.
EL FOCO no pudo recoger los descargos de Otárola. La oficina de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros informó a este medio que, “por el momento, el premier no está brindando entrevistas”.
El 13 de diciembre el gabinete de Pedro Angulo fue nuevamente convocado para definir el estado de emergencia en otras regiones, como Arequipa e Ica. El Ejecutivo se amparó nuevamente en informes policiales de carácter reservado, que criminalizaban las protestas y calificaban a los manifestantes de terroristas y/o narcotraficantes.
Un día después, el 14 de diciembre, el gobierno acordó dictar estado de emergencia a nivel nacional. La decisión se tomó, según el acta del Consejo de Ministros de aquel día, “debido a diversos conflictos sociales a nivel nacional (…) que vienen generando actos de violencia y vandalismo contra las instituciones públicas y privadas, así como agresiones contra la integridad personal de los ciudadanos y autoridades, lo que ha generado una grave situación de crisis a nivel nacional”.
La ampliación del estado de emergencia, fundamentado en el terruqueo, sirvió para que el Ejército pasara a controlar infraestructura crítica, como los aeropuertos y centrales hidroeléctricas, en las ciudades andinas que se convirtieron en el epicentro de las protestas contra el Estado.
El protocolo de las Fuerzas Armadas establece que, en un estado de emergencia, los militares “pueden usar armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una amenaza para la vida”.
Al día siguiente, el 15 de diciembre pasado, unas diez personas murieron durante un enfrentamiento entre manifestantes y militares en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil de Ayacucho.
La mayoría de las víctimas presenta impactos de bala en el pecho, la espalda y la cabeza, lo que indica que el Ejército disparó indiscriminadamente contra los manifestantes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado, señaló que el Ejército fue atacado por “una turba con objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales”, lo que activó “el procedimiento legalmente establecido, aplicando estrictamente las normas sobre el uso de la fuerza”.
Pero los videos y testigos de la masacre en Ayacucho muestran que los soldados respondieron a las protestas como si se tratara de una insurgencia terrorista: disparando a matar. El patrón se repetiría luego en Puno.
En los siguientes días, a pesar de las renuncias de los ministros de Cultura y Educación, el gobierno continuó restringiendo derechos fundamentales en otras regiones del país, acogiéndose en todo momento a los informes terruqueadores de las Fuerzas Armadas y la Policía. La inmovilización se extendió a las provincias de Huamanga y Cangallo, en Ayacucho, Virú, en el departamento de La Libertad, entre otras.
Para el historiador e investigador José Ragas, el terruqueo ha dejado de ser un discurso marginal, propio de los partidos políticos de ultraderecha, para convertirse en el centro de la ideología del gobierno de la apurimeña Dina Boluarte. “El terruqueo es una construcción no solamente discursiva, sino que ahora también está articulada desde el poder”, apunta el especialista. “Eso lo vemos en la crisis actual, con su lado más violento y brutal que ha generado el fallecimiento de varias personas a causa de las decisiones del gobierno”, sostiene Ragas.
“Boluarte ha entrado al gobierno en alianza con un sector ultraconservador, donde el terruqueo es la justificación para imponer un régimen autoritario”, prosigue el historiador. “Esto se ve reflejado en la normalización del estado de emergencia en el país. No es algo que vamos a ver de manera excepcional. La idea con esto es desmantelar el movimiento social y a los grupos de oposición. Cualquier régimen que utilice el terruqueo como una instrumentalización del uso del terror para sostenerse en el poder no es un régimen democrático”, asegura Ragas.
La alianza con la derecha se vislumbra tempranamente en la sesión ministerial del 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena. A pesar de los muertos y heridos producto de la represión, el gobierno de Boluarte no tuvo mejor idea que convocar a todos los ministros para someter a votación un único punto en agenda: un proyecto propuesto por el Ministerio de Justicia para que el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), reemplace a Boluarte, cuando ella viaje al exterior, según las actas ministeriales en poder de EL FOCO. El proyecto, como era de esperarse, fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros.
Cabe resaltar que las sesiones de los Consejos de Ministros en el gobierno de Boluarte se han caracterizado por ser bastante sucintas.
Las actas de las sesiones del gabinete de diciembre pasado, muestran que los ministros interactúan muy poco. No existe una participación activa de la presidenta Dina Boluarte. Al igual que su predecesor Pedro Castillo, Boluarte no realiza mayores intervenciones en las reuniones de su gabinete y no tiene un intercambio fluido con los ministros de Estado.
El abogado Pedro Angulo dejó el cargo el 21 de diciembre pasado. Duró apenas 11 días como premier. Fue reemplazado por el exministro de Defensa Luis Alberto Otárola, quien hoy conduce las riendas del gobierno.
EL FOCO intentó recoger los descargos del Ministerio de Defensa y del Interior. Eduardo Salinas, jefe de prensa de la cartera de Defensa, no respondió a nuestra solicitud. El director de comunicaciones del Ministerio del Interior, Roberto More, también optó por el silencio.