Una vez más Scotiabank está buscando que el Estado peruano le devuelva los S/ 481 millones que la Sunat le cobró, por vía coactiva, en el 2013. El banco de origen canadiense ha recurrido por segunda vez al Tribunal Constitucional para recuperar el dinero. A diferencia del 2017, donde decían que la Sunat le cobró intereses desproporcionados, Scotiabank ahora señala que sus derechos constitucionales han sido vulnerados.

El 1 de junio fue la audiencia pública y el expediente ha quedado al voto. Hay dos hechos llamativos en el caso: luego de la audiencia, el magistrado Gustavo Gutiérrez recibió la visita de Lourdes Flores, abogada de Scotiabank. Además, la magistrada Luz Pacheco, en el 2022, cuando era vocal del Tribunal Laboral, falló a favor del Scotiabank por una infracción muy grave contra uno de sus trabajadores.

El fallo que emitirá en los próximos días el TC responderá a una demanda de amparo presentada por Scotiabank, en agosto de 2022, que busca anular la casación 9261-2016, mediante la cual la Corte Suprema desestimó una serie de recursos judiciales para revertir el millonario pago. Scotiabank denuncia “vulneraciones constitucionales”, pero el caso ya pasó por instancias administrativa, judicial y constitucional, con resultados siempre a favor del Estado.

La sentencia que emitirá el TC en las próximas semanas puede poner fin a un litigio que inició hace veinticuatro años y que será determinante para las arcas fiscales del país. En la audiencia del caso del pasado 1 de junio se notó desconocimiento del tema por parte de los magistrados y una posible pretensión por tumbar la jurisprudencia.

El abogado de la Sunat, Reynaldo Bustamante, expuso ante el Pleno que tanto el Tribunal Fiscal como el Poder Judicial han confirmado la legalidad del cobro, y que el banco quiere utilizar el TC como una cuarta instancia. “Quince magistrados han visto esta causa, en lo contencioso administrativo, lo constitucional y en el Tribunal Fiscal”, resumió el abogado.

Para su sorpresa, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse pidió “que no se estigmatice” la decisión que tendrá el TC. “Nosotros vemos casos donde vienen con pronunciamientos de 8 o 10 jueces, usualmente porque todo el sistema rechaza, [pero] ese no es un argumento”, expresó Gutiérrez.

La postura de Gutiérrez coincidió con la del abogado del banco, Julio César Pérez Vargas, del reputado estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, quien quiso minimizar todas las sentencias previas, afirmando que “esto no es un tema de peso”. En la crónica de la decisiva sentencia que emitirá el TC en los próximos días hay dos hechos relevantes.

En 2022, siendo vocal del Tribunal de Fiscalización Laboral, la magistrada Luz Pacheco Zerga dio la razón al banco en un reclamo contra Sunafil por una sanción a raíz de una infracción muy grave contra uno de sus trabajadores. El criterio que alegó entonces es similar al que hoy expone el banco en la causa ante el TC: principio de legalidad y falta de motivación.

Durante la audiencia del 1 de junio llamó la atención la presencia de Lourdes Flores Nano, quien fuera abogada de Scotiabank ante la Corte Suprema. Flores Nano y el abogado Pérez Vargas se reunieron exactamente luego de la audiencia con el magistrado Gutiérrez Ticse en su despacho, según consta en el registro de visitas.

EL FOCO buscó una entrevista con Pérez, pero se excusó por encontrarse fuera del país. “El banco es respetuoso de los procesos en giro y, por lo tanto, no formula comentarios sobre cualquier incidencia o tramite al respecto”, respondió.

UNA HERENCIA MONTESINISTA

La historia de los S/ 481 millones de soles se remonta a 1999, cuando la Sunat detectó que, dos años antes, el entonces Banco Wiese (hoy Scotiabank) simuló 865 operaciones de compra de oro con 32 personas y empresas fachada, con el fin de evadir S/ 48 millones en impuestos por concepto de IGV.

La Sunat determinó que esas operaciones fueron “no reales”. Es decir: no se pudo acreditar el origen legal del oro ni su traslado, y, por tanto, el banco obtuvo crédito fiscal indebido.

El entonces gerente del banco, Eugenio Bertini, emprendió entonces una estrategia legal para dilatar el caso, a recomendación de su amigo Vladimiro Montesinos. Y a partir de 2006, cuando el banco fue comprado por el canadiense Scotiabank, la estrategia llegó al Poder Judicial. La deuda siguió generando intereses, y, en 2013, cuando creció a más de 481 millones de soles, Scotiabank fue conminado a pagar.

Una investigación penal en torno a este caso apuntó a una red de tráfico de oro. Entre 1998 y 2005 dos supuestos proveedores del ex Banco Wiese fueron condenados por el delito de defraudación tributaria: Jorge Zavaleta, subgerente de International Metal Trading, y Pedro Abrigo, gerente de Compañía Aurífera Unión.

Dos exfuncionarios del banco, María del Pilar Vigil y Alberto Manchego, también fueron investigados penalmente, pero el caso se archivó en 2007 por falta de imputación específica. Este es otro argumento de Scotiabank ante el TC: como ningún funcionario del banco fue condenado, las operaciones fueron válidas. Pero la Corte Suprema ya estableció que una resolución en sede penal no interfiere en un proceso en materia tributaria.

UNA DEUDA, DOS CAMINOS

En el Poder Judicial la estrategia del Scotiabank fue en dos frentes: pidió recalcular los intereses e impugnó la resolución que lo obligó a pagar. Sin embargo, sentencias en doble instancia confirmaron que las operaciones de oro fueron simuladas y que la deuda generó intereses aun estando en litigio.

En 2017 el banco acudió por primera vez al TC pidiendo declarar “desproporcionado” el cobro de intereses. El semanario “Hildebrandt en sus Trece” advirtió de un posible intento por resolver a su favor, pero en 2021 la demanda fue declarada improcedente por mayoría.

Perdida esta batalla, en 2022 Scotiabank acudió nuevamente al TC para volver a discutir ya no los intereses, sino la resolución del Tribunal Fiscal. No le fue suficiente que hasta la Corte Suprema en 2017 haya declarado infundada su demanda contra dicha resolución.

La sentencia de la Suprema confirma que se consideró todas las pruebas y hubo un debido proceso. Pero Scotiabank insiste que Sunat solo revisó 15 operaciones que, sin embargo, sí reconoce como “no reales”.

“Sí se revisó las 865 operaciones de los 32 proveedores, eso consta en el expediente y ha sido confirmado en tres instancias. Pero incluso cuando solo se haya revisado una muestra —como dice el banco—, las auditorías son muestrales y hubiera dado el mismo resultado: las operaciones fueron simuladas”, señaló una fuente de Sunat relacionada con el caso.

UN DESPROPÓSITO

Francisco Eguiguren Praeli, abogado de la Sunat ante la Corte Suprema, explica que una operación “no real” no solo equivale a ser falsa, sino que puede existir pero tributariamente no es válida por irregularidades que ponen en duda su veracidad.

Para Eguiguren esta nueva demanda de amparo de Scotiabank ante el TC es un despropósito, pues pretende que se vuelva a discutir lo que ya el banco perdió y fue ratificado administrativa y judicialmente.

“En un amparo —dice Eguiguren— contra resoluciones judiciales no puede volverse a discutir temas de prueba o interpretaciones jurídicas dadas en la justicia ordinaria, porque, si no, sería convertir al TC en una nueva instancia, lo que no es”.

En 2022, luego del primer fallo adverso del TC, Scotiabank solicitó un arbitraje al CIADI —la instancia del Banco Mundial que resuelve controversias entre estados y empresas— por el tema de los intereses moratorios.

Si en las próximas semanas el TC resuelve a favor de Scotiabank, dilataría aun más el caso, ya que volvería al Poder Judicial. Si, en cambio, declara infundada o improcedente la demanda, sería una victoria para el sistema fiscal peruano.