La semana pasada se realizó un operativo en el que se detuvo a un empresario y nueve miembros de la 7° Brigada de Infantería del Ejército en Lambayeque, entre los que se encontraba el general EP Henry Acosta Bernuy, jefe del Estado Mayor en Piura. El caso se bautizó como «Los Centinelas».
El último jueves 31 de agosto inició la audiencia de control del requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra cinco de los imputados. La medida fue solicitada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, a cargo del fiscal Oscar Guevara Gilarmas.
Nuevos hechos del caso se han revelado mientras los acusados han estado detenidos. No se trataba solo de un negocio en el que oficiales del Ejército revendían combustible sino también armaban licitaciones “bamba”.
La revelación fue hecha por el empresario Jherson David Aguilar Quispe, dueño de la compañía Jharuth Energy Gas EIRL, durante su detención preliminar. Aguilar entregó conversaciones con dos militares en los que se concertaban licitaciones de transporte de combustible y la venta del crudo a cambio de “efectivo inmediato”.
Este caso se remonta al 2022, en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales del 2 de octubre y su segunda vuelta del 4 de diciembre. Para garantizar las labores del Ejército de brindar seguridad al proceso, se le asignó a la 7° Brigada de Infantería, de Lambayeque, a cargo del general Henry Acosta, una dotación de combustible de 18 mil galones de Diesel B5.
Para movilizar el combustible desde la planta de Petroperú de Puerto Eten se contrató los servicios de Jharuth Energy Gas EIRL. El pago ascendió a S/62 472, que se gastaron en tres contrataciones directas para no pasar las 9 UIT y estar en la obligación de hacer licitación. Según la tesis del fiscal Oscar Guevara, los contratos fueron direccionados con el objetivo de apropiarse del combustible para venderlo y también quedarse con parte del dinero de los contratos con Jharuth Energy Gas.
En la simulación de contratos, el protagonista es el mayor Marco Antonio Ramos Viera, jefe de la Oficina Encargada de Contrataciones. Desde el 2022, Ramos venía simulando contratos con la empresa de Jherson Aguilar, de acuerdo con conversaciones de Whatsapp que encontró la Fiscalía en el teléfono del empresario.
“No te olvides del saldito por trabajar”, dice un mensaje que el mayor Ramos le envió a Aguilar. En las conversaciones se ve que el “Mayor Ramos” coordinaba con Aguilar facturas sobrevaloradas y depósitos a cuentas bancarias de personas cercanas al militar. “Ud me tiene que decir qué monto le pongo a la cotización”, responde Aguilar, según otro de los chats.
La modalidad que Aguilar y el mayor Ramos habían montado era la siguiente: el Ejército contrataba a empresas para trasladar el combustible desde la planta de Petroperú de Puerto Eten, después se simulaban contratos sobrevalorados con Jharuth Energy Gas y, por último, Jherson Aguilar pagaba a las compañías que hicieron el servicio y el «saldo» se lo entrega al mayor Ramos.
Pero hay una modalidades más de robo de combustible y dinero que se hacía desde la 7° Brigada de Infantería. El empresario Aguilar declaró ante el Ministerio Público que otro alto mando militar le hizo una propuesta de negocio. Se trata de Cristian Jaime Torres, comandante del Batallón de Infantería Motorizado – BIM “Zepita”, ubicado en Cajamarca.
Según Aguilar, en diciembre del 2022, el comandante Jaime lo citó en su oficina de Cajamarca donde le propuso venderle galones de petróleo que habían sido destinados al uso de su batallón. “El comandante Jaime me dice que necesitaba efectivo inmediato, por lo que me ofrece venderme los 1,681.71 galones de petróleo, llegando a un acuerdo que tenía que pagarle la suma total de S/ 18 200.00 aproximadamente”, confesó el empresario.
El dueño de Jharuth Energy Gas indicó que se realizó dos pagos de S/ 5 000 en efectivo cuando Jaime lo fue a buscar a su oficina, y un depósito de S/ 5000 a una cuenta bancaria a nombre de la hija del militar. El pago del dinero restante no se realizó porque Jherson Aguilar le contó a Cristian Jaime que se había enterado que estaban siendo investigado.
“El pendejo de todo es Ramos, a mí solamente me entregaron en la primera vuelta 120 galones en el grifo las Torrecitas y el resto vino una cisterna de combustible del propio Ejército”, dijo Cristian Jaime en uno de los chats con Aguilar. “Pero David, no te preocupes, que yo sé lo que tengo que hablar, conmigo cierran el círculo”, añadió el militar.
La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva por nueve meses contra el general Henry Acosta Bernuy, el comandante Cristian Jaime Torres, la mayor Sarita Cornejo Sangama, el mayor Marco Antonio Ramos Viera y el técnico Marco Castillo Arteaga. En el caso del general Acosta, se le imputa haber tenido conocimiento y autorizado el transporte del combustible y los contratos a favor de Jharuth Energy Gas.
En entrevista con EL FOCO, la defensa del general, el abogado Eduarvic La Rosa, indicó que “se ha mediatizado tanto y por el desconocimiento de la Ley de Contratación del Estado que se está haciendo generar una expectativa falsa de esta conducta del general”, señaló La Rosa. “El general dentro de sus facultades es la persona que está al mando, pero existe una línea de comando”, añadió.
Al cierre de esta edición, la audiencia de prisión preventiva contra los nueve militares continuaba. Se estimaba que mañana lunes el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, a cargo Reynaldo Leonardo Carrillo, emitirá resolución.