Ubicado al sur de Trujillo, el puerto de Salaverry afronta un serio problema de contaminación causado por empresas carboneras que operan en la zona. Sesuveca, Smyle y Archean Andean Anthracite son los nombres de las compañías que, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), son las principales responsables de la contaminación.

EL FOCO accedió a informes de la OEFA que revelan la presencia de minerales que componen el carbón (arsénico, cobre, plomo, vanadio y zinc) en el suelo y aire de la zona industrial de Salaverry. Las mediciones realizadas indican que estas empresas exceden los límites establecidos por los Estándares de Calidad del Aire (ECA), específicamente en la concentración de partículas sólidas con un tamaño mayor, menor o igual a 10 micras, medida conocida como PM10.

El valor máximo permitido en la zona industrial es de 100 micras por metro cúbico (𝝁/m3) de PM10 al día y 50 𝝁/m3 de promedio al año. En el informe de la OEFA, emitido el 30 de septiembre del año pasado, se señala se ha encontrado una contaminación de hasta 180 𝝁/m3 en el día y que el promedio anual llega 140.02 𝝁/m3, es decir casi tres veces lo permitido.

Como consecuencia de esta situación, los pescadores y ciudadanos de Salaverry sufren graves perjuicios a su economía y salud. En lo que va del año se han reportado 737 casos de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años en el distrito.

Durante una década el distrito de Salaverry ha estado sumergido en una atmósfera de carbono. Las casas, botes, lanchas y el propio puerto se cubren de negro día tras día. Las empresas carboneras que operan en el puerto descargan los minerales a los barcos al aire libre, sin tomar ninguna medida para contener los residuos, de acuerdo a fotografías y videos a los que accedió EL FOCO.

Además, en los almacenes de las empresas el carbón se encuentra expuesto, lo que hace que las partículas se esparzan por el agua y el aire en todo el distrito. Las zonas más golpeadas por el exceso de contaminantes son Puerto Salaverry, Alto Salaverry y Villa Marina. Los más afectados económicamente son los pescadores: a contaminación han exterminado gran parte de los peces.

“Nosotros, los pescadores artesanales, ya no encontramos peces en nuestra zona. Anteriormente, solíamos traer de 3 a 4 cajitas de pescado de 40 a 50 kilos, ahora ni siquiera traemos 5 kilos”, señala Fausto Polo Cruz, presidente del Gremio de Pescadores del Puerto Salaverry. “Antes —añade Polo Cruz— venían barcos más pequeños, de 10 mil a 15 mil toneladas. Ahora estos señores están trayendo barcos de 50 mil a 60 mil toneladas”. 

Ante el impacto ambiental, los vecinos y algunas autoridades exigen que se reubiquen las empresas, se les sancione por el daño ocasionado a la comunidad y que trasladen los minerales utilizando cápsulas para evitar la contaminación.

La OEFA, ente encargada de fiscalización de las carboneras, entre el 2015 y 20121 ha recibido trece denuncias de los lugareños, según el portal de Servicio Nacional y Denuncias Ambientales (SINADA). Sin embargo, no ha habido acción alguna en esos seis años. Recién el último 24 de julio de este año se logró la clausura por treinta días de uno de los depósito de la empresa Sesuveca. 

El especialista y activista Carlos Bocanegra García, autor del estudio «Impacto del dragado de sedimentos en el ecosistema de Salaverry – Perú», indica que existe muy poco involucramiento académico y escasos estudios sobre la contaminación del ecosistema en el puerto.

Las tres empresas responsables de la contaminación pertenecen a grandes corporaciones. Sesuveca es parte de Servicios y Suministros de Venezuela C.A. Desde hace 14 años es el principal exportador de carbón antracita y abastece a los mercados americano, europeo y asiático. Smyle es una empresa de capitales peruanos que transporta en promedio 8 mil toneladas de carbon antracita. Archean Andean Anthracite tiene origen hindú y opera en el país desde finales del 2015.

El puerto de Salaverry es operado por STI, firma que pertenece al Grupo Romero. STI consiguió la concesión, que tiene una duración de treinta años, en el 2018, bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.