Cofide, el banco de desarrollo que pertenece a todos los peruanos, se niega a entregar la relación de empresas que no han pagado los préstamos que obtuvieron del plan Reactiva Perú, creado en el 2020 para dar dinero con intereses bajos en el marco de la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19.

Para evitar dar la lista, Cofide ha recurrido al Poder Judicial y denunciado al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cofide está solicitando que se declare nula la resolución del Tribunal de Transparencia que los obliga a dar a EL FOCO la lista de compañías deudoras.

El pasado 21 de noviembre del 2022, EL FOCO solicitó a Cofide la relación de empresas que hasta entonces no habían pagado sus préstamos Reactiva. También solicitamos los montos, la precisión de si habían pedido reprogramación y si existían compañías deudoras que se han declarado en bancarrota o están en proceso de liquidación.

Al día siguiente de la solicitud, con una eficiencia pocas veces vista, Cofide nos respondió que no podían entregar la información. Dijeron que a la única institución a la que ellos reportan es a la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y que la información que ellos manejan “no puede ser divulgada a terceros”.

El 24 de noviembre del 2022, EL FOCO llevó el caso al Tribunal de Transparencia, donde cayó en la Segunda Sala, presidida por la abogada Vanessa Luyo Cruzano. Un mes después, el 28 de diciembre, el Tribunal de Transparencia nos dio la razón y ordenó a Cofide entregarnos la relación de empresas morosas. Han pasado un año y cinco meses y Cofide no da la información.

¿Qué ha hecho Cofide desde entonces? El 6 de febrero del 2023 presentó una demanda al Poder Judicial solicitando la nulidad de la resolución del Tribunal de Transparencia. El pedido lleva la firma del abogado David Martín Delgado Hidalgo, de la oficina de Asesoría Jurídica de Cofide.

La demanda está en el Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, dirigido por el juez Víctor Raúl Villanueva Rivera. En marzo del 2023, Villanueva emitió una resolución declarando recibida la demanda y, en enero de este 2024, notificó a EL FOCO. Desde entonces no ha habido otro movimiento del caso.

¿Qué argumenta Cofide? La entidad señala que la información de las empresas deudoras tiene carácter sensible y está protegida por la Constitución. También argumentan que ellos están regidos por la Ley del Sistema Financiero y que, si bien son una empresa que maneja dinero de todos los peruanos, tienen carácter “privado”.

Cofide fue creado en 1971 como un banco de desarrollo, “de segundo piso” en el argot económico, cuya misión es invertir en sectores productivos donde los privados no llegan. El 99 % de las acciones de Cofide pertenecen al Estado, es decir a todos los peruanos. El 1 % restante es del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El Estado controla Cofide vía el Fonafe, que maneja las 35 empresas públicas que tiene el país. Cofide actualmente tiene como presidente a Jorge Velarde Arnáez.

Cuando el gobierno de Martín Vizcarra creó Reactiva Perú para paliar la crisis económica generada por la pandemia, usó a Cofide para administrar el fondo de S/ 60 000 millones que fue repartido a personas y empresas afectadas. El dinero se entregó vía bancos privados y Cofide actuó como garante. Los intereses de Reactiva fluctuaron entre el 0.5% y 3.6%, una ganga en comparación a los que exigen los bancos.

Fueron más de 500 mil los negocios que se beneficiaron con Reactiva. En julio del 2023, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) informó que solo 180 mil personas y empresas habían cancelado sus préstamos. La lista de los negocios que aún mantienen deudas es un misterio debido a la resistencia de Cofide a entregar esa información.