LA SOMBRA DE LOS WONG:
Un negocio inmobiliario detrás de la persecución judicial contra un defensor ambiental de la Reserva de Chaparrí
Reporteo e investigación: Alvaro Meneses
Fotos y videos: Juan Zapata
Frente al reservorio Tinajones, que se ve como un enorme lago rodeado de amarillentos bosques secos, Edivar Carrasco Vásquez extiende sus brazos para señalar las más de 200 hectáreas de tierra que dos sobrinos de Erasmo Wong Lu Vega, dueño del canal Willax, buscan quitarle a la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, en Lambayeque. Los Wong quieren construir sobre el terreno un lujoso y exclusivo hotel.
“Toda esta área de acá, los Wong pretenden adueñarse”, señala Carrasco, de 54 años. «En total va como kilómetro y medio, porque desde allá hasta acá, todo este ingreso, y se va hasta ese cerro que baja”, calcula al ojo.
Desde el 2019, Carrasco es el presidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina, fundada en enero de 1975. En el 2001, con el fin de proteger los bosques secos y los animales que lo habitan, como los osos de anteojos, pavas aliblancas, zorros costeños, pumas y cóndores andinos, su comunidad convirtió 34 412 hectáreas de su territorio en un área de conservación privada, la primera del país conocida ahora como la Reserva Ecológica de Chaparrí.
Más de dos décadas después, la Reserva de Chaparrí se ha vuelto una parte fundamental de la comunidad. Son los mismos comuneros quienes trabajan como guías turísticos.
Por defender las tierras de su comunidad, Carrasco se ha convertido desde hace cinco años en blanco de una campaña de acoso judicial e intimidación, incluso con amenazas de muerte. En febrero del 2021, Carrasco recibió la categoría de defensor ambiental dada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero su situación no ha mejorado, sino todo lo contrario.
Ser defensor ambiental en el Perú es una actividad de alto riesgo. Según Red Muqui, en la última década más de 30 defensores ambientales han sido asesinados. Y, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 24 años se han registrado 733 casos de criminalización de defensores de derechos humanos, ambientales e indígenas.
Edivar no está solo. Desde el 2019, él y la comunidad campesina han recibido acompañamiento y asesoría de Aklla Pacha, una asociación dedicada al fortalecimiento de la organización comunitaria y la defensa legal de defensores ambientales. Aklla Pacha es parte de Red Muqui.
«Respecto a la persecución judicial de la cual es víctima Edivar, tenemos una posición de apoyo, así como a la comunidad en general. Sabemos que la criminalización de defensores es cada vez más constante, y ante ello resaltamos la valentía de los dirigentes que se encuentran respadados por la comunidad», dice Rosyt Saucedo, responsable del área legal de Aklla Pacha.
Las tierras de la comunidad campesina de Carrasco y la reserva al menos desde el 2012 han estado en la mira de traficantes de terrenos, como la organización criminal del “Gran Chaparral”, capturada y desarticulada por la Diviac en el 2018. También detrás de los predios hay numerosos intereses empresariales.
EL FOCO ha identificado que detrás la más agresiva persecución judicial contra el defensor ambiental se encuentra EWS Tinajones SAC, empresa del rubro inmobiliario constituida en septiembre del 2018 por los hermanos Erasmo Edgardo y Efraín Roberto Wong Seoane, ambos hijos de Efraín Wong Lu Vega.
EWS Tinajones SAC llegó a lo grande a Chiclayo en el 2019. Entre abril y octubre de ese año, compraron cinco predios de la Comunidad Santa Lucía de Ferreñafe, que colindan con la frontera norte de Santa Catalina de Chongoyape. Se trata de 705 hectáreas por las que pagaron USD 927 410.
Cuatro de estos cinco terrenos fueron comprados a la familia de Renzo Carlo Fiol Seoane, pariente de Milagros María Seoane Linares de Wong. Ella es esposa de Efraín Wong Lu Vega y madre de los hermanos Erasmo Edgardo y Efraín Roberto Wong Seoane, dueños de EWS Tinajones.
A inicios del 2020, EWS Tinajones hizo los trámites para convertir las 705 hectáreas en un área de conservación privada, como es la Reserva Ecológica de Chaparrí. Un año después, el 16 de febrero del 2021, el entonces ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría Acosta, aceptó el pedido y así nació el Área de Conservación Privada “Bosque Urum”. El problema fue que los Wong cercaron como si fueran de su propiedad también 200 hectáreas que pertenecían a la comunidad Santa Catalina.
“Supuestamente este es el área de conservación privada Urum, donde ustedes han podido ver que no hay nada de que se esté realizando conservación. Al contrario, este cerco de poste de algarrobos con alambre de púas, más bien impide la libre transitabilidad de las especies silvestres, nativas que hay acá, como son los venados, el puma, que se encuentran en esta zona”, explica Edivar Carrasco, señalando las tierras compradas por los Wong Seoane.
La persecución judicial contra Edivar Carrasco empezó el 24 de diciembre del 2020. Ese día la comisaría de Chongoyape recibió una denuncia contra el defensor ambiental y otros comuneros por el supuesto delito de usurpación. La denuncia fue presentada por Renzo Fiol Márquez, hijo de Renzo Fiol Seoane, junto a su abogado Agustín Vásquez Paz, también gerente legal de Agroindustrial Tumán y exapoderado Agro Pucalá y Agroindustrial Pomalca, según su cuenta de LinkedIn.
Carrasco fue denunciado por recuperar junto a un grupo de comuneros las 200 hectáreas de las tierras de su pueblo que habían sido cercadas con postes de algarrobos y alambres de púas. “A raíz de esa recuperación es que me han hecho denuncias. Y no solamente denuncias, sino intentos de asesinato, me han querido matar”, cuenta.
“Fue de aquí a unos 100 metros más allá”, señala con su brazo Carrasco. “Detrás de esos montes había personas desconocidas subidas en el capot de una camioneta, con arma larga con mira, que al parecer estaban tratando de identificarme”. Eso ocurrió en el 2021. En total Carrasco ha recibido siete amenazas.
Cuatro días después de la denuncia presentada por Fiol Márquez, el 28 de diciembre del 2020, el empresario y su abogado enviaron una carta al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), entidad a cargo del reservorio de Tinajones que colinda con la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. En la carta denunciaban supuestos “actos de usurpación en la figura de turbación de la posesión y daños” y señalaron como responsable a Edivar Carrasco.
Las acciones legales contra Carrasco y su comunidad continuaron el 15 de enero del 2021. Ese día, el Departamento Desconcentrado del Medio Ambiente de Lambayeque de la Policía registró una denuncia verbal contra el defensor ambiental y otros cuatro comuneros por supuestamente estar “repartiendo terrenos” en los alrededores del reservorio Tinajones. La denuncia fue presentada por Marco Antonio Díaz Castillo, un viejo conocido en las tierras de Chiclayo.
Del 2015 al 2019, Díaz Castillo fue vicepresidente de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape. ¿Cómo lo hizo? Según un informe de marzo del 2019 sobre el tráfico de tierras en Chaparrí, realizado por la entonces congresista María Elena Foronda, en la comunidad “se había triplicado el número de comuneros de 300 a 900” y “con esos padrones comunales (…) se realizaron elecciones, donde los nuevos comuneros se hicieron de la directiva comunal”.
Frente a esa situación, en el 2015, una comunera denunció ante la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Chiclayo que se había “alterado actas de asambleas comunales” con el objetivo de reconocer la directiva conformada por Díaz Castillo ante Registros Público. La denuncia también señaló que la gestión de Díaz Castillo expulsó “de su condición de comuneros a 180 comuneros, la mayoría fundadores de la comunidad” y que ha traspasado tierras comunales a terceros.
El nombre de Díaz Castillo también aparece en un informe del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado (Depincco) de Chiclayo, de enero del 2019. El documento lo señala como alias “Toño” y líder de la presunta organización criminal “Clan de Chaparrí”, dedicada a “la usurpación y venta de terrenos (…) a través de la falsificación de documentos”.
El informe policial también dice que Díaz Castillo sería cercano al “Gran Chaparral”, organización criminal desarticulada por la Diviac en el 2018 e investigada por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Chiclayo. En octubre del año pasado, la Feccor pidió penas de 25 a 35 años de cárcel para los integrantes de esta red criminal, vinculada con el asesinato de cuatro campesinos en Chiclayo.
El exfiscal Juan Carrasco Millones, que participó en la investigación del caso, confirmó a EL FOCO que Díaz Castillo estuvo vinculado al cabecilla del “Gran Chaparral”, Hipólito Cruzado Rafael alias “Tronco Mayor”. De hecho, en una de las audiencias del caso, Carrasco Millones sostuvo que Díaz Castillo tenía “una estrecha vinculación” con Cruzado, en base a “llamadas permanentes” entre ambos. La Feccor le atribuye a “Tronco Mayor” el homicidio del comunero José Napoleón Tarrillo Astonitas de Santa Catalina de Chongoyape y está pidiendo 21 años y 8 meses de cárcel en su contra.
El delito, de acuerdo al artículo 310 del Código Penal, tiene penas de 4 a 6 años de cárcel y de 40 a 80 jornadas de servicios comunitarios por destruir, quemar, talar o dañar bosques u otras formaciones boscosas sin autorización de la autoridad competente.
El 25 de enero del 2021, Díaz Castillo envió al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) una denuncia contra Edivar Carrasco y los otros comuneros por “repartición de terrenos”, tala y quema de árboles “frente al reservorio Tinajones que es área de conservación privada”, en referencia a “Bosque Urum”, de los Wong.
El comandante PNP Juan Carlos Paz Oyola, que fue parte de la Diviac y participó en la desarticulación del “Gran Chaparral”, recuerda el valioso aporte de los comuneros de Santa Catalina de Chongoyape a la investigación de la red criminal. “Ellos vinieron, declararon, nos hicieron conocer cuál es el modus operandi de esa organización criminal, y a raíz de eso, nosotros comenzamos a realizar nuestras labores de investigación”, dice Paz.
Por las denuncias de Marco Antonio Díaz Castillo y Renzo Carlo Fiol Márquez, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque inició el 21 de enero del 2021 una investigación contra Edivar Carrasco y los comuneros Segundo Montalvo Reyes, Rene Bayona Torres, Wilson Bautista Sánchez y Humberto Gonzáles Nuñez por el supuesto delito contra los bosques.
En el marco de la investigación preliminar contra Carrasco, se realizaron dos constataciones policiales el 6 y el 10 de febrero del 2021 con funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), Serfor y el PEOT. La constatación reportó trochas y tala de árboles dentro de “Bosque Urum” y señaló como responsables a los dirigentes de la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape.
La siguiente acción contra Edivar Carrasco vino del Gobierno Regional de Lambayeque. El 12 de febrero del 2021, la Gerencia Regional de Energía y Minas realizó otra constatación junto a Díaz Castillo y agentes de la Policía. La diligencia reportó “indicios de actividad minera” y señaló como responsable a Edivar Carrasco. Sin embargo, la misma constatación reconoce que “no se encontró a personal ni maquinaria pesada realizando actividad minera” y que el tipo de mineral encontrado fue “piedra”.
Un mes y medio después, desde el Ministerio Público, el fiscal a cargo, Felix Tejada Ramos, declaró compleja la investigación preliminar contra Edivar Carrasco. La investigación no avanzó hasta que tres meses después, inició la participación directa de EWS Tinajones en la persecución contra los comuneros.
El 9 de julio del 2021, la abogada de la empresa, Carol Martínez Velarde, envió una carta al general José Ludeña Condoro, director del Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional de Lambayeque, pidiendo “intervención” para “prevenir que personas extrañas causen mayores daños al medio ambiente y al paisaje dentro de nuestra área de conservación (Bosque Urum)”.
El 20 de julio del 2021, el capitán PNP Eduardo Vallejos Aponte de la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de Lambayeque, trasladó la denuncia de EWS Tinajones a la Fiscalía. Un mes después, la Fiscalía dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Carrasco y otros comuneros.
La segunda ofensiva de los Wong contra el defensor ambiental fue el 13 de octubre del 2021. El ingeniero forestal Santiago Bermúdez Dobbertin denunció a Carrasco ante la Fiscalía de construir “una carretera carrozable en la propiedad de EWS Tinajones”. Bermúdez, a través de su empresa, “Sostenibilidad de Bosques para el Desarrollo y Cambio Climático EIRL”, ha brindado servicios a EWS Tinajones del 2018 a 2022, precisamente para convertir los cinco predios en un área de conservación privada.
El 16 de diciembre del 2022, el fiscal Félix Tejada Ramos a cargo del caso, formalizó la acusación solo contra Carrasco por el delito contra los bosques. Según la Fiscalía, “ejecutó el delito a través de otras personas”, y sería responsable de “haber dañado 466 individuos de recursos forestales entre árboles y arbustos”, de los que “una parte pertenecía a la empresa EWS Tinajones”.
Ahora, Carrasco se encuentra ahora en un juicio oral ante el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. La Fiscalía pide contra Carrasco una pena de 4 años de cárcel, 40 jornadas de servicio comunitario y una reparación civil de 50 mil soles.
“El Poder Judicial me procesa como si estas tierras fueran de Urum, que es de la familia Wong”, resume Edivar. Agrega: “Ha sido un lugar donde han pretendido traficar todo este bosque seco como una zona urbana (…) entonces, al tomar nosotros posesión de nuestro territorio, le hemos malogrado el negocio inmobiliario que ellos tenían en esta zona”.
A través de su representante legal Carol Martínez, EWS Tinajones confirmó a EL FOCO que existe la posibilidad de desarrollar un “lodge” con una zona de bungalows. Es decir, un negocio inmobiliario como el Inkaterra Reserva Amazónica, un lujoso y exclusivo hotel junto a la Reserva Nacional de Tambopata.
La empresa también dio su versión de los hechos y respondió por la persecución judicial contra Carrasco. “El problema para nosotros ha sido que se meten a dañar parte de lo que nosotros queremos proteger”, sostiene Martínez.
Para Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) especializado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la recuperación de tierras por la que Carrasco podría terminar en la cárcel, se trataría, más bien, de un ejercicio de su derecho comunal. “En la medida de que hay una afectación de intereses comunales, la comunidad campesina tiene facultad para ejercer jurisdicción en su territorio. Estamos ante el ejercicio legítimo de la jurisdicción comunal”.
Edición periodística: Eloy Marchán
Actualización:
El 2 de septiembre del 2025, EL FOCO recibió una carta notarial de EWS Tinajones SAC, firmada por su representante legal Carol Martínez. Cumplimos con publicarla íntegramente.