El último 23 de febrero, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, realizó una conferencia de prensa celebrando la liberación de más de 5 kilómetros en los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores para la construcción de la Vía Expresa Sur. Lo que el burgomaestre no contó es que él y la Municipalidad de Lima están siendo investigados por la Fiscalía Ambiental por la destrucción de parques y áreas verdes para realizar la obra.

El caso está en el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima, a cargo de la fiscal Diana Vargas Quiñones. El delito que se le imputa a López Aliaga y a otros funcionarios de la Municipalidad de Lima es la alteración del ambiente o paisaje, que tiene como pena hasta 4 años de cárcel.

La investigación comenzó luego de que la gestión de López Aliaga destruyera los parques Pleyades, Malvinas y Próceres, ubicados en Surco. Las áreas verdes desparecieron como parte de la liberación de los más de 5 kilómetros que ocupará la Vía Expresa Sur. Desde octubre del 2024, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), ha expropiado casas, colegios y edificios de instituciones públicas para liberar la ruta de la obra vial, que promete conectar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro y la Panamericana Sur.

El proyecto contempla la construcción de cinco nuevas estaciones: Castellana, Ayacucho, Surco, Próceres y Panamericana Sur. La obra costará más de S/ 800 millones a la Municipalidad de Lima. Según esta institución, la Vía Expresa Sur estará operativa en diciembre del 2025.

Como parte de la investigación, la fiscalía solicitó que la Policía realice inspecciones en los parques destruidos, con la participación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Municipalidad de Lima. También solicitó tomar declaraciones al procurador del Ministerio del Ambiente y a los vecinos de Surco.