El nombramiento de Pedro Cateriano como premier fue un gesto hacia el empresariado ansioso por retomar sus actividades. Más allá de la posición económica de Cateriano, sus capacidades como político experimentado –con fuertes principios democráticos– siempre lo han ubicado del lado correcto.

Sin embargo, su figura no era la más adecuada en un contexto en el que el tema principal sigue siendo la salud. Y, donde no hay ningún Congreso mayoritariamente opositor a quien enfrentar.

La poca idoneidad de Cateriano se hizo notoria cuando recomendó nombrar a Martín Ruggiero –sin experiencia y sin mayores atributos– como ministro de Trabajo, una cartera tan importante y golpeada por la crisis.

Como venía anunciando días previos, Cateriano iba a solicitar el voto de confianza del Congreso enfocando su mensaje en la reactivación económica, principalmente basada en la minería. Sin negar su importancia para el PBI, la minería es un clivaje fuerte en la política peruana, debido al impacto medioambiental y a los conflictos sociales generados alrededor de ella.

Incluso, sin la actividad minera en su plenitud, el gabinete Cateriano ya afrontaba un conflicto social en Espinar. Y el motivo iba más allá de la disconformidad de la población con la empresa minera. El caso de Espinar nos lanza a la cara un problema más grande que el conflicto en sí: la incapacidad del Estado de llegar a la población vulnerable.

El presidente Vizcarra, por lo pronto, ha sido contundente en reafirmar su compromiso con la reforma universitaria. Lo más coherente, en ese sentido, sería ratificar al ministro de Educación como señal de que no cederá a intereses particulares. El complemento ideal sería nombrar a un premier que represente mejor la lucha contra la pandemia.

Los ciudadanos de Espinar están reclamando bonos por parte de una empresa privada, como si se tratara del Estado. Por supuesto, el aparato estatal ha fallado en ubicar a quienes necesitan bonos para sobrevivir la crisis y, como siempre, cuando falla el estado, se recurre a la empresa privada.

No obstante, seríamos ingenuos si creyéramos que el Congreso –salvo la izquierda y el Frepap– ha rechazado a Cateriano por priorizar la economía antes que la salud. El entonces premier se presentó ante un Legislativo que ya había solicitado la interpelación del ministro de Educación Martín Benavides.

Aunque esto no debería sorprender a nadie tras la frustrada compra de tablets (revelada por este medio), es evidente que el Congreso no busca aclarar una irregularidad, sino que intenta golpear una vez más a la reforma universitaria. Ya vivimos algo parecido antes con el exministro de Educación Jaime Saavedra.

Con esto, no cabe duda de que el desempeño del Congreso es realmente deficiente. Ahora más que nunca, vemos que los intereses políticos y particulares siguen prevaleciendo incluso frente a una crisis sanitaria.

Más allá del interés del Congreso por deshacerse del ministro Benavides, el mensaje de Cateriano tampoco fue el adecuado para tiempos de pandemia. El premier dedicó muy pocas palabras al factor salud, lo más importante para los peruanos hoy en día.

Sin embargo, solo los más mezquinos podrían culpar directamente al actual Gobierno por los problemas estructurales que el Estado –ineficiente y, muchas veces, ausente– viene cargando desde hace décadas y que han dificultado aún más la lucha contra la COVID-19. Esto, no obstante, no significa que el Gobierno no deba reconocer que tomó malas decisiones, como flexibilizar el uso de pruebas rápidas o levantar la cuarentena en Lima.

El presidente Vizcarra, por lo pronto, ha sido contundente en reafirmar su compromiso con la reforma universitaria. Lo más coherente, en ese sentido, sería ratificar al ministro de Educación como señal de que no cederá a intereses particulares. El complemento ideal sería nombrar a un premier que represente mejor la lucha contra la pandemia.