Hace dos semanas un grupo de extrabajadores de los diarios Exitosa y Karibeña reveló públicamente algo que desde hace años era un secreto a voces en el gremio periodístico: la familia Capuñay no cumple con pagar a su personal. El comunicado estuvo firmado por 17 personas, pero los afectados son mucho más. Algunos casos han ido a parar al Ministerio de Trabajo; sin embargo, la mayoría de los perjudicados –debido a las continuas mecidas– han optado por “echarle tierra” a sus liquidaciones.
En lo que va de la pandemia, los Capuñay han despedido a 97 trabajadores, según información de la Sunat. Hicieron eso pese a que recibieron 5.4 millones de soles del plan Reactiva Perú y a que previamente habían descontado el 40% del sueldo de sus trabajadores. A eso se suma que también se acogieron a la suspensión perfecta, pero, debido a falta de documentación, el último 8 de junio el Ministerio de Trabajo les denegó la solicitud.
El periodista Carlos Castro, quien era editor de Cultura, Internacional y Espectáculos de Exitosa, es uno de los despedidos en plena pandemia. Han pasado casi dos meses desde que Castro fue sacado de su trabajo y hasta ahora no puede cobrar su liquidación. La razón es que no acepta el monto que los Capuñay quieren pagarle. “Me están reconociendo menos años de los que trabajé y están poniendo un sueldo menor al que recibía. Esto es un abuso”, dice.
Castro cuenta que estaba en planilla de Contenidos Perú SAC, una de las razones sociales que los Capuñay tienen. A inicios de año, Contenido Perú SAC tenía 107 trabajadores, pero en la declaración tributaria de junio último informó tener solo 9 empleados. “Han despedido a casi todos. No sé cómo sigue saliendo el diario. Yo, por ejemplo, en los últimos meses tenía que hacer cinco páginas enteras de Exitosa. La gente renunciaba o era despedida y, en vez de reemplazarlos, la carga de trabajo se la chantaban a uno”, sostiene.
Lograr estar en planilla de una de las empresas de la familia Capuñay es todo un calvario. Castro, por ejemplo, lo consiguió luego de un año de presionar. Pero, ni eso le aseguró recibir todos los beneficios. Según refieren varios extrabajadores de Exitosa y Karibeña, otra de las malas prácticas de los Capuñay es no depositar el dinero de AFP, pese a que era descontado mensualmente a cada trabajador. Asimismo, no pagaban por completo las gratificaciones.
Hay más datos que deberían llamar la atención de las autoridades laborales. Los trabajadores manifiestan que los Capuñay tienen la costumbre de pagar en efectivo, plata en mano. Asimismo, señalan que en Exitosa y Karibeña los empleados solo tienen un día de descanso y que, una vez que ingresan al local, no pueden salir hasta el fin de la jornada. “Soy un convencido de que legalmente no vamos a ganar nada porque el Estado apoya las mañoserías de los Capuñay”, sostiene Castro.
El caso de Jesús Quispe Llanque, exdiagramador de Exitosa, es igual de indignante. A Quispe, los Capuñay le hicieron firmar un convenio de extinción de la relación laboral por “mutuo disenso” a cambio de que le paguen más de 3 mil soles de liquidación. Quispe aceptó, pese a que sabía que el documento tenía cláusulas que le prohibían quejarse y recurrir a una autoridad laboral.
“Yo firmé el acuerdo con la gerente general de Contenido Perú SAC, María Ardiles Sánchez, quien inclusive me prometió un bono adicional de 500 soles como una gracia por los años en que trabajé para los Capuñay”, dice Quispe. Este documento fue firmado el 14 de febrero del 2019. Ha pasado más de un año desde que Quispe firmó el acuerdo y, hasta ahora, no recibe el dinero. “Me han estafado y no puedo ni siquiera recurrir a una autoridad”, dice.
Un caso similar es el de Ítalo Oberto-Besso, exeditor de política de Exitosa. En febrero del año pasado, como cada día, el periodista se dirigió a las instalaciones del diario en Chorrillos, pero en la puerta le negaron el ingreso. Los agentes de seguridad le pusieron al teléfono a Iván Ccoillo, abogado de los Capuñay, quien le comunicó a Oberto-Besso que la empresa había decidido prescindir de sus servicios por razones económicas.
Sin mayores explicaciones, Oberto-Besso asegura que Ccoillo le ofreció 500 soles como indemnización, pese a haber trabajado 15 meses en Exitosa. “Rechacé la oferta. Y es que, según cálculos que hice, me correspondía en realidad S/ 25 mil”, dice. Al no aceptar, los Capuñay le enviaron una carta notarial en la que le explican que lo despedían por una serie de faltas que nunca cometió.
Es decir, lo de la presunta mala situación económica era solo una excusa. Oberto-Besso ha recurrido a Sunafil y al Segundo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Lima Sur. El fallo judicial debió salir en abril; sin embargo, los plazos se han prolongado debido a la pandemia.
Otra extrabajadora de Exitosa que tampoco se quedó de manos cruzados frente a los abusos de los Capuñay, es Cynthia Campos. “Entré a trabajar para Exitosa en abril del 2015, pero recién me pusieron en planilla un año después. Los Capuñay tiene algunas acciones muy raras: siempre pagan en efectivo y obligaban a las personas a hacer cola para que puedan cobrar”, dice.
Campos renunció a Exitosa en febrero del 2019, pero hasta ahora no cobra ni sabe cuánto es su liquidación. Desconoce si durante el tiempo que trabajó le depositaron las CTS (nunca le dieron la cuenta bancaria), le deben vacaciones truncas y gratificaciones. Cuando intenta comunicarse con los representantes de Exitosa, nunca le contestan el teléfono ni los correos. Por eso, ha recurrido a Sunafil, donde se le asignó una inspectora para que vea su caso.
Extrañamente, en la última diligencia programada –en la que se iba a verificar si efectivamente la empresa había incumplió con los pagos y, por lo tanto, correspondía una multa– la inspectora no acudió debido a que manifestó estar enferma. Así, el caso se cerró. “No dio prórroga, ni lo derivó a otra persona”, explica Campos.
Actualmente, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) viene apoyando legalmente a cerca de veinte colegas que trabajaron para los Capuñay. Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación, señala que Corporación Universal –la razón social principal de los Capuñay– es “uno de los grupos de comunicación que más vulnera los derechos laborales. Para ello, una de sus estrategias más conocidas es crear distintas razones sociales. Quienes han trabajado ahí las conocen bien: Cumbia VIP, Aventura Show o Contenidos Perú. Se declaran en quiebra en una y pasan a sus trabajadores a otra”.
De las decenas de casos de maltrato y abuso laboral que pesan contra los Capuñay, hay un precedente favorable a un trabajador. El 2016, el periodista Manuel Tarazona le ganó a los Capuñay un proceso laboral por despido ilegal. Lo consiguió tras 2 años de lucha. Sin embargo, la empresa ha presentado otro recurso de casación ante la Corte Suprema.
El Foco se comunicó con Omar Castro, representante de la familia Capuñay, quien reconoció que la empresa “tienen temas laborales pendientes” y que “próximamente los solucionarán”. Castro se excusó de dar más declaraciones y antes de finalizar la comunicación señaló que los problemas de falta de pago en Exitosa y Karibeña se deben a la pandemia. La realidad dice otra cosa.