La bancada de Fuerza Popular ha contratado como asesores de sus diputados y senadores al hijo del ministro de Justicia, a una exfuncionaria de Migraciones vinculada con la fuga de César Hinostroza, a una condenada por intentar quemar a su expareja, a cuatro excongresistas y cinco personajes con antecedentes penales o policiales.
El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú prepara el despido de 141 trabajadores por falta de presupuesto. Sin embargo, mantiene el contrato del programa deportivo «Goles en acción», que hasta hace dos semanas conducía y dirigía Alberto Beingolea, hoy ministro de Cultura. El programa de Beingolea cuesta al
La obra está en San Jerónimo (Cusco) y fue entregada a un consorcio integrado por Corporación Sudameris, cuyo gerente es el colombiano Tulio Pérez Arizabaleta. En el 2010, Pérez fue condenado en Estados Unidos por integrar el Cártel del Norte del Valle y salió libre porque se acogió a la colaboración eficaz.
Usando dinero público, el jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, contrató a una asesora de imagen, un community manager, una administradora, una analista y una especialista en documentación para que trabajen a tiempo completo en su oficina.
No tiene contrato ni cargo ni título, pero coordina con el alcalde, maneja las comunicaciones del municipio y viaja en delegaciones oficiales. Los trabajadores municipales lo conocen como «el asesor» del alcalde de Miraflores, Carlos Canales. El personaje es Ronny Eduardo Valladares Mayorga. No figura en la planilla de la
Durante la segunda vuelta, un grupo de seis medios —El Comercio, Perú 21, Trome, Correo, América TV y Canal N— publicó 1045 informes, editoriales, columnas, entrevistas o “investigaciones” contra Roberto Sánchez. Todo eso ocurrió entre el 17 de mayo y el 7 de junio, según un estudio hecho por EL FOCO. El objetivo de la campaña mediática fue apoyar a Keiko Fujimori para que gane las elecciones.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU encontró fallas en el arresto y proceso judicial del expresidente. Los especialistas piden al Estado peruano la liberación de Castillo, repararlo y sancionar a los responsables.
