La muerte del menor de 17 años de iniciales EJCB ocurrida dentro de la comisaría de Manchay en la noche del 14 de junio no es el único caso de una persona que falleció después de ser intervenidas por la Policía o durante su traslado a una comisaría.

El 8 de julio último, Sebastián Peláez Reyes, de 25 años, murió después de ser intervenido por la Policía en Carabayllo. Peláez se encontraba en la calle tomando bebidas alcohólicas con unos amigos luego de asistir a una pelea de gallos, cuando llegaron efectivos policiales para detenerlos.

Se produjo una persecución y los policías sacaron sus armas para hacer disparos. Una de las balas cayó en la pierna de Peláez. El joven fue trasladado al hospital de Puente Piedra, donde le limpiaron la herida. Luego fue llevado a la carceleta de la Depincri de Carabayllo, pero nunca llegó, sino fue regresado nuevamente al hospital y llegó cadáver.

Seis días después de la muerte de Peláez, en Juliaca, José Armando Huanchi Quispe, de 24 años, murió mientras estaba siendo trasladado en un patrullero. Huanchi estaba ebrio cuando entró a una vivienda que no le pertenecía, y la Policía lo detuvo. Mientras era trasladado a la comisaría, el joven recibió un golpe en la cabeza que lo hizo convulsionar.

Los efectivos lo llevaron al hospital Carlos Monge, pero llegó sin vida. La versión de la Policía fue que Huanchi se golpeó con la ventana del patrullero, pero la familia de la víctima cuestionó la versión porque en el cuerpo del joven observaron múltiples golpes.

En julio ocurrieron dos casos más. Juan Meléndez Valencia, de 44 años, falleció dentro de la comisaría de Macusani, Puno. Meléndez había sido detenido por una denuncia de tocamientos indebidos. Cristofer Salazar Veliz, de 21 años, fue hallado sin vida en la comisaría de Pamplona 1, en San Juan de Miraflores.

El 14 de agosto, Néstor Luis Girao Ramos, de 36 años, fue detenido por una denuncia de violación y luego trasladado a la comisaria de Santiago, en Ica. En el puesto policial, Girao pidió a los policías ser llevado a un hospital porque le faltaba la respiración.

Los agentes no le hicieron caso y recién lo trasladaron al Hospital Regional de Ica cuando lo vieron desmayarse. Girao llegó cadáver al nosocomio. «Yo responsabilizo a los policías, porque ya se les había advertido que estaba mal y no lo trasladaron», sostuvo Santos Gutiérrez, abuela de Girao.

El caso de Girao fue el segundo de una muerte bajo custodia policial en la comisaría de Santiago. El primero ocurrió en noviembre del 2025.

El último 13 de octubre, Ronald Coaquira, de 29 años, fue arrestado en Rosaspata, en Cusco, por hacer maniobras temerarias con su vehículo. Lo trasladaron a la comisaría del distrito y horas después fue encontrado muerto en la celda. La Policía dijo que Coaquira se suicidó, pero sus familiares rechazan esa versión.

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, señala que las torturas y maltratos hacia los detenidos configuran una mala práctica policial porque no hay una debida sanción.

«La respuesta dentro de las instituciones policiales es demasiado violenta respecto a los detenidos. Los policías que torturan y matan a personas por el solo hecho de que se negaron a acatar una disposición transgreden el deber de garante que tienen», dice Quispe.

El protocolo que debe seguir los agentes policiales está en el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, donde textualmente se dice: «Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

Juan José Quispe señala que, cuando un detenido muere dentro de una comisaría, solo se notifica a la fiscalía penal, pero no a la de derechos humanos.

La situación se agrava con la ley promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, que deriva todos los casos donde comprometen a policías al Fuero Militar Policial. En el caso del adolescente fallecido en Manchay ya se está aplicando la ley de Rospigliosi.