Vizcatán: un pueblo olvidado tras la masacre

El asesinato de 16 personas en Vizcatán del Ene ha dejado de ser noticia para la mayoría de los medios limeños. EL FOCO viajó al lugar de los hechos, donde la presencia del Estado es nula y el control de la zona está en manos de los narcoterroristas.
(Foto: Fabiola Granda)
Imagen de Alonso Zambrano

Alonso Zambrano

azambrape@gmail.com
Imagen de Alonso Zambrano

Alonso Zambrano

azambrape@gmail.com

Enviados especiales: Fabiola Granda y Alonso Zambrano

En San Miguel del Ene, el pueblo donde hace nueve días ocurrió la matanza de 16 personas, está prohibido decir la palabra “narcoterrorista”. Los nombres de las víctimas todavía son tema de conversación entre los vecinos, pero nadie se atreve a hablar de los responsables públicamente.

En los bares “Carla” y “La Quebradita”, donde ocurrieron los asesinatos, aún hay impregnado un metálico olor a sangre, que se mezcla con los restos de cajas de cerveza derretidas por el calor del incendio. También hay empaques de preservativos regados sobre la tierra, botellas de gaseosa aún colocadas en las mesas y pedazos de vidrio por todas partes.

Los vecinos de San Miguel del Ene han decidido no acercarse más a la zona del asesinato. Otros miembros de comunidades nativas aledañas, caminan a pocos metros del lugar, voltean a mirar y siguen su recorrido. Algunos de ellos son niños. Es como si quisieran que el sangriento capítulo desaparezca, y que el nombre del distrito deje de estar en la primera plana de los tabloides limeños.

Hay dos formas de llegar a San Miguel del Ene: vía terrestre por San Martín de Pangoa (Junín), o fluvial, por el distrito de Pichari (Cusco). Por ninguna de las dos un visitante puede pasar desapercibido. San Miguel del Ene es la capital del distrito de Vizcatán del Ene, creado hace seis años. Pertenece a la región Junín y colinda con Cusco y Ayacucho. Es decir, está en el corazón del VRAEM, la zona donde se produce la mayor cantidad de cocaína del Perú.

En la capital de Vizcatán no hay una comisaría policial ni un puesto militar. Las únicas dos autoridades de este distrito de 4700 habitantes son el alcalde Alejandro Atao y el juez de paz Leonidas Casas. La seguridad de la zona está a cargo de los miembros de los comités de autodefensa.

Los miembros del comité de autodefensa de Vizcatán del Ene vigilan todas las entradas al pueblo. Es imposible que un extraño ingrese sin su autorización. (Foto: Fabiola Granda)

“¡Cuidado con decir mentiras!”, le dice un miembro del comité de autodefensa a la población luego de notar la llegada del equipo de EL FOCO. Da el anuncio con un megáfono en plena plaza de San Miguel del Ene. Ya todos los otros medios de comunicación han dejado el lugar. Los miembros del comité (llamados «tigres») piden previamente nuestras identificaciones. “Mucha suerte en encontrar lo que han venido a buscar”, nos dice.

Es la noche del jueves 27. Han pasado apenas cuatro días de los asesinatos y los contingentes militares y policiales ya no están. En Vizcatán, salvo el cuchicheo, todo ha vuelto a la normalidad. O eso es lo que se aparenta.

San Miguel del Ene no tiene una plaza de armas como se conoce en las zonas urbanas. Lo que existe es una enorme pampa, que es usada a veces como cancha de fútbol o vóley. La plaza está rodeada de tiendas y casas, algunas de tres pisos y construidas de material noble. Hay un gran número de boticas, lo que intenta compensar la falta de centros de salud en la zona.

Vista panorámica de San Miguel del Ene, capital de Vizcatán. Se puede llegar al centro poblado vía terrestre desde San Martín de Pangoa (Junín) o fluvial por Pichari (Cusco). (Foto: Fabiola Granda)

En Vizcatán casi todos se movilizan en moto, pero también hay quienes lo hacen en modernas camionetas 4×4. La agricultura es la principal actividad en la zona. Los ciudadanos de San Miguel del Ene aceptan que siembran coca, pero niegan que sea para el narcotráfico. Aseguran que todo es vendido a la Empresa Nacional de la Coca S.A (Enaco).

“Mire señor periodista, yo creo que cada autoridad tiene su función. Y eso que me está preguntando… nosotros estamos con el Codipa, que trabaja con Enaco, deberías hablar con ellos. A mí no me compete hablar de eso”, dice un vecino al ser consultado sobre la ruta comercial de la hoja de coca.

Los vecinos no recuerdan cuándo se montaron los bares “Carla” y “La Quebradita”, pero refieren que fue hace menos de dos años. Así como los panfletos dejados luego de la matanza, ellos también los llaman “cuchipampas”, pues, además de la venta de alcohol, en estos se ejercía la prostitución. Hace diez años otro «cuchipampa» funcionaba cerca al río Ene, pero cuando este aumentó su cause, dejó de funcionar.

Habitaciones ubicadas a pocos metros de los bares «Carla» y «La Quebradita», donde se ejercía la prostitución. (Foto: Fabiola Granda)

“Carla” y La Quebradita” están ubicados en dos zonas separadas por el riachuelo de Chimpinchariato, a medio kilómetro de la plaza de Vizcatán. Entre ambos hay una distancia aproximada de 40 metros. Este hecho hace casi imposible que los autores de la matanza hayan sido solo tres personas, como informaron algunos medios.

En Vizcatán todos los locales comerciales cierran a las nueve de la noche. No es por respetar el toque de queda, sino porque la mayoría se levanta temprano para trabajar en el campo. “Carla” y “La Quebradita” eran los únicos establecimientos que abrían hasta tarde. En el centro poblado nadie usa mascarilla, y la presencia del Estado es casi nula. Los vecinos dicen, acaso recuperando el buen humor, que han enfrentado el coronavirus con «sopa de tres regiones», aunque admiten que lo que prolifera entre las personas es el dengue.

“Nosotros estamos olvidados por el Gobierno y por el Estado. Nunca han priorizado la construcción de una carretera para nosotros, nunca nos han dado salud o educación. No ha habido ninguna inversión del Estado. No tenemos nada”, dice Joel Berrocal, vecino de Vizcatán.

El día del atentado, tras oír los disparos, Berrocal le pidió a su esposa que se quedara en casa y cuidara de su hija pequeña. Luego se asomó a uno de los acantilados, desde el que tiene vista directa a ambos bares. “Se escuchaba que sonaba la candela. Estaba todo quemado. Luego se escucharon las balas”, dice otra vecina de la zona, de nombre Betzy.

Fotografía tomada por un vecino de Vizcatán, en la mañana del lunes 24 de mayo. En escena las primeras diligencias del fiscal Alfredo Casalvilca.

Según las investigaciones policiales y los vecinos, la masacre duró entre 8 y 10 minutos. Y fueron ataques simultáneos en los dos bares. La noche de la matanza nadie se acercó a la zona, pero sí a la madrugada siguiente. Dos pobladores fueron los que trajeron al juez de paz Leonidas Casas y al alcalde Alejandro Atao, para que corroboren la escena y vayan a la comisaría de Natividad a interponer la denuncia.

Casas fue quien tomó las imágenes de los cadáveres y de los panfletos dejados por el Militarizado Partido Comunista del Perú (M-PCP). Esas fotos fueron las que horas después publicaron, en sus cuentas de Twitter, el expremier Pedro Cateriano y el exministro Fernando Rospigliosi.

Tras poner la denuncia, Casas y Atao regresaron a Vizcatán en compañía del fiscal de Pichari Alfredo Casalvilca. Cuando arribaron a los bares, los panfletos habían desaparecido. ¿Quién se los llevó? Todo apunta a que fueron retirados por los mismos vecinos.

Una niña camina a pocos metros del bar «Carla». En San Miguel del Ene, donde ocurrió la matanza, viven 4700 personas. (Foto: Fabiola Granda)

Entre la población todavía persiste el temor de señalar a los responsables de la matanza. En anonimato, los vecinos descartan que sean ciudadanos venezolanos o una banda de delincuentes foráneos, como en algún momento se especuló. La presencia de extranjeros no hubiera pasado desapercibida para los comités de autodefensa. Y, si así fuera, los ciudadanos de Vizcatán no tendrían ningún miramiento en decirlo.

Lo que sí confirman los moradores de Viscatán es que es un error pensar que los narcoterroristas siempre están uniformados. Esta información coincide con el testimonio que una sobreviviente le dio al portal Ojo Público. Ella señaló que los autores de la masacre estaban vestidos de civil. De hecho, pobladores de la zona señalan que los miembros del grupo subversivo circulan por los campos de cultivo a vista y paciencia de los trabajadores. Lo hacen portando ropa deportiva, shorts, medias y zapatillas, con polos de color azul oscuro o negro.

Vecinos de Vizcatán cuentan que hace dos años los narcoterroristas del M-PCP amenazaron a la dueña de un “cuchipampa” ubicado en el centro poblado de Nueva Libertad. Las amenazas nunca se materializaron porque ella acató las órdenes y dejó el negocio. Desde esa fecha no se tuvo conocimiento de ataques de los narcoterroristas a la población.

Fotografía tomada por un vecino de Vizcatán donde se ve los cuerpos de las víctimas en el bar «La Quebradita», el local es el más cercano al pueblo de San Miguel del Ene. (Foto: Difusión)

La matanza de San Miguel del Ene, según las primeras averiguaciones del Ministerio Público, la Policía y la Procuraduría Antiterrorista, marcan el inicio de una nueva estrategia del clan de los Quispe Palomino.

Y es que en los diez minutos de horror que duró el atentado no solo se perpetró la masacre de 16 personas, sino que se cumplió escrupulosamente con los puntos contenidos en una directiva del M-PCP, que data de enero del 2019.

Un elemento que ha pasado desapercibido de la matanza del domingo pasado es que los asesinos sustrajeron las pertenencias y celulares de las víctimas. La directiva del 2019 ordenaba a la población despojarse de “el uso de teléfono celular táctil y otros de su tipo” al considerarlos “un arma letal que destruye la mente y el alma”.

En la escena del crimen, los narcoterroristas se dieron el tiempo para prender fuego a las cajas de cerveza y destruir las botellas de licor. Esto coincide con la directiva que considera a las bebidas alcohólicas como “venenos dosificados”, amenazando a quienes lo transportan con “dinamitarlos e incendiarlos”.

Las cajas de cerveza derretidas continúan en el mismo lugar de la masacre. El olor a sangre está impregnado en todo el lugar, inclusive cinco días después de los asesinatos (Foto: Fabiola Granda).

Los panfletos hallados en la masacre, de los cuales hoy solo hay fotos, dan más pistas. Los puntos 13, 14 y 15 concuerdan con un audio del 2019, donde se escucha a la camarada “Lucy”, integrante del M-PCP, amenazar a los “cuchipampas” (o prostíbulos) que funcionan en el VRAEM.

Para el Ministerio Público no hay duda de que los autores de la masacre fueron integrantes del clan narcoterrorista que dirige Víctor Quispe Palomino, alias “’José”. Y que la ejecución de la masacre estuvo a cargo del camarada “Carlos”. En esa línea se suma un audio revelado, el domingo último, por el dominical Panorama.

Se trata de una interceptación telefónica realizada a “Carlos”, quien en diálogo con otro miembro de la organización terrorista hace un recuento de las víctimas. “Carlos” usa un lenguaje encriptado, pero las palabras claves fueron descifradas por agentes de Inteligencia de la Policía.

“Resultado total Oca (Numero 1) Soya (número 6), Trigo (número 7) para warmi (mujer), Mani (número 9) para ccari (hombre)”, se escucha en el audio. Precisamente, fueron 16 las víctimas del atentado, y 7 y 9 las mujeres y hombres asesinados, respectivamente.

«No hay bar que por bien no venga», es una de las frases en los carteles colocados en «La Quebradita». (Foto: Fabiola Granda)

Si los Quispe Palomino controlan San Miguel del Ene, es por la nula presencia del Estado. Los puestos de control militar o policial más cercanos al distrito se encuentran a dos horas, en los poblados de Mazángaro y Libertad. Por eso, la principal actividad económica de Vizcatán es el cultivo de la hoja de coca destinado para el narcotráfico.

“Siempre la prensa ridiculiza lo que es la hoja de coca, lo que es un pozo de maceración, la droga. Nos ridiculizan. Uno tiene que ganarse la vida aquí, si sembramos es para poder sobrevivir”, dice un vecino de Vizcatán a EL FOCO. Es cierto que también se trabaja con otros cultivos, como el cacao, pero ninguno resulta tan rentable para los vecinos como la hoja de coca.

Pese a tener vínculos comerciales con las cadenas de narcotráfico en el VRAEM, San Miguel del Ene es un pueblo donde la población tiene una vida tranquila. “Aquí no hay robos, ni violaciones ni nada. Una mujer puede caminar de noche sola, puedes ir a otro pueblo tranquilo, no hay asaltos”, asegura un vecino que vive en Vizcatán desde 1997.

El alcalde de Vizcatán Alejandro Atao. Él y el juez de paz Leonidas Casas fueron los que hicieron la denuncia en la comisaría de Natividad. (Foto: Fabiola Granda)

Luego de atentado, autoridades del distrito propusieron al alcalde Alejandro Atao que, por medidas de seguridad, las diez mesas de sufragio destinadas para segunda vuelta presidencial sean trasladadas a Puerto Ene, un centro poblado situado a 40 minutos de Vizcatán. La iniciativa, hasta el cierre de este informe, no prosperó.

La investigación fiscal de la matanza del domingo 23 ya no está a cargo del fiscal Alfredo Casalvilca. La encargada ahora es Eneida Aguilar, quien pertenece a la jurisdicción de Huánuco, es decir a una región distinta a donde ocurrieron los hechos.

El cambio es bastante sorpresivo. Y quizá, como dice uno de los pobladores de San Miguel del Ene, ratifica que al Gobierno -y al Estado en general- le importa poco lo que pasa en el VRAEM.

¡Únete a nuestra comunidad en Patreon y apoya el periodismo independiente!

Accede a documentos exclusivos, entérate de nuestros reportajes antes que nadie y participa en nuestros grupos en WhatsApp y Telegram.