Han transcurrido ocho meses desde los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado y hasta ahora no hay responsables. El último viernes 15 de julio venció el plazo de la investigación preliminar y la fiscal Jhousy Aburto Garavito ha optado por el silencio. Aburto todavía no ha decidido si pasará la investigación a etapa preparatoria o archivará el caso de los dos jóvenes que fallecieron violentamente a manos de la Policía, el 14 de noviembre del 2020, en medio de las protestas contra el ilegítimo gobierno de Manuel Merino.
La pasividad de la fiscal Aburto ha sido bien aprovechada por la Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y el Ministerio del Interior. De los 98 policías citados por Aburto, casi la mitad no ha concurrido a declarar al Ministerio Público. La DINI, por su parte, se ha negado a entregar información a la fiscal argumentando que los documentos que ellos manejan son confidenciales. Y desde el Ministerio del Interior sostienen que ya agotaron todas las instancias y no tienen más que aportar a la investigación.
Los asesinatos de Inti y Bryan van camino, así, a sumarse a la larga lista de la impunidad policial. Si algo puede jactarse la Policía a lo largo de su historia institucional es que, a puertas del Bicentenario, ninguno de sus miembros ha sido condenado penalmente por matar u ocasionar lesiones graves a personas que participaron en las protestas sociales. En este caso, son 93 las víctimas, entre heridos y fallecidos, que hasta la fecha siguen sin encontrar justicia.
El último martes 20, el gobierno de Francisco Sagasti emitió un decreto para entregar S/ 40 mil a las familias de los fallecidos en las protestas sociales de noviembre y diciembre del año pasado. El dinero beneficiará a los familiares, quienes se sienten agradecidos por este “gesto sin precedentes”. Sin embargo, sostienen que el objetivo mayor que buscan es que se castigue penalmente a los responsables de los asesinatos de los dos jóvenes.
Son 98 los policías citados a testimoniar al despacho de la fiscal Aburto, pero solo están bajo la condición de investigados los generales Jorge Lam Almonte y Jorge Cayas Medina, además de los coroneles Carlos Villafuerte Salas y Percy Tenorio Gaminal. Las incorporaciones de Villafuerte y Tenorio se produjeron la semana pasada y se basan en que Aburto considera que estos dos coroneles habrían sido los responsables de autorizar el uso desproporcionado de las municiones prohibidas (canicas de vidrio y perdigones de plomo) que acabaron con las vidas de Inti y Bryan.
“Eso es incorrecto e ilegal”, sostiene Rafael Chanjan, penalista e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre la masiva inasistencia de los policías a las citaciones de la fiscal Aburto. “Los principales interesados en esclarecer esto deberían ser la Policía Nacional y el Ministerio del Interior», añade Chanjan. La responsabilidad cae, asegura el especialista, en la Inspectoría de la PNP, organismo con la facultad de exigir a los agentes asistir a dar sus declaraciones al Ministerio Público.
Carlos Rivera, abogado de la familia Sotelo, señala que la Policía no ha dejado de demostrar una dilatación durante el proceso de investigación fiscal. «Ha habido una decisión demostrativa de espíritu de cuerpo para no brindar información a la Fiscalía», afirma Rivera. Por su parte, Dante Morales, abogado de la familia Pintado, concuerda en que miembros de la Policía han presentado excusas sin un mínimo de tino: «Simplemente hacen caso omiso a las citaciones. Varios no asisten a las fechas programadas».
Uno de los policías que, por ejemplo, se ha negado declarar sobre lo ocurrido en noviembre pasado es el mayor Alberto Alcántara Jara. El pasado martes 20, a la fiscal Aburto no le quedó de otra que emitir una resolución citándolo por tercera vez y bajo amenaza de denunciarlo por delito de desobediencia si es que no se apersonaba a declarar. Desde el despacho de Aburto también se han visto en la obligación de enviar una carta a Recursos Humanos de la Policía con la relación de agentes que se están negando a colaborar.
EL FOCO intentó recoger los descargos de la Policía respecto a la obstaculización que están haciendo con la investigación de los asesinatos de Inti y Bryan, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. “La consulta tiene un proceso. Nos comunicaremos oportunamente”, fue la respuesta de la Oficina de Comunicaciones de la Policía. La comunicación que prometieron nunca llegó.
A los obstáculos de la Policía se suman las respuestas contradictorias de la DINI sobre una información que, según la fiscal, es vital para la investigación. El organismo dirigido por Hugo Cornejo Valdivia tiene en su poder notas de inteligencia, videos y datos de supuestas personas infiltradas en las manifestaciones. Esa información la dio Carlos Illanes, exdirector de esta entidad. Se trataría de un paquete de información almacenado en una base de datos denominada “Marte”. Todo este material, según detalló Illanes al Ministerio Púlico, está compuesta por los reportes enviados por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIRIN).
La excusa que han dado desde la DINI para sustentar la privacidad de los documentos que poseen es que están catalogados como “secreto de Estado”, por lo que sería perjudicial para la seguridad del país compartir su contenido. Rafael Chanjan de la PUCP precisa que el material de la DINI no cumple con esa definición: «No estamos ante una amenaza terrorista o un peligro de guerra. Estamos ante hechos presuntamente delictivos, donde ha habido muertes y delitos comunes».
Para Carlos Rivera, la Fiscalía podría tomar la decisión de realizar una incautación de la evidencia de los dos asesinatos. Sin embargo, una fuente cercana a las familias afirma que allanar en estos momentos la DINI, a ocho meses de la tragedia, podría ser en vano. Cuando la Fiscalía intervino, en diciembre, los almacenes de la PNP donde debieron estar los perdigones de plomo, solo encontraron los de goma. La última solicitud que envió Aburto a la DINI pidiendo los documentos de la base de datos “Marte” fue el 12 de julio. Y hasta ahora sigue sin ser respondida.
La DINI, en el papel, está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero responde directamente al presidente de la República. En su última conferencia como jefe de Estado, EL FOCO le preguntó al presidente Francisco Sagasti por qué no había solicitado a la DINI que entregue la información que ha requerido la Fiscalía.
El mandatario respondió a este medio que desconoce la información que maneja la DINI sobre el caso. Además, puso en duda la veracidad de que esta entidad tenga información relevante para la investigación del asesinato de Inti y Bryan.
«Sobre la DINI, no tengo el detalle sobre eso. Algo que ustedes deben entender es que los diversos servicios de inteligencia tienen información de carácter confidencial y me imagino… no sé cuál ha sido la información solicitada. Tampoco sé qué es lo que dijo un miembro o exmiembro (de la DINI). Una de las cosas que sí le puedo decir es que, en muchos casos en los cuales se supone que existe una información o algún dato porque alguna persona lo dice, no necesariamente es así», afirmó Sagasti.
Sagasti aseguró que su gestión ha sido cuidadosa con respetar los plazos y procesos en la investigación. «Cualquier apresuramiento, cualquier intento de salirse del marco de los plazos, lo que haría sería invalidar el proceso», afirmó.
Sobre la ausencia de policías a brindar sus declaraciones, Sagasti dijo que «imagina» que dieron sus razones. «Yo me imagino que hay razones que deben haberse explicado por las que (los policías) no han asistido hasta el momento, porque tendrán que hacerlo en algún momento», dijo.
La DIGIMIN y la DIRIN, por su parte, dependen del Mininter y la PNP, respectivamente. «Estas tres entidades se encargan de manejar la inteligencia operativa en este tipo de acontecimientos. Las tres tienen la obligación de presentar la información si así lo requiere el Estado», señala el abogado Dante Morales.
El ministro del Interior, José Elice, defendió ante EL FOCO todo tipo de acusaciones sobre encubrimiento de información por parte de la DIGIMIN. “Puedo asegurar que ahí no hay información secreta. Probablemente hubo alguna (información) que no conocí, porque la DIGIMIN que recogía esa información era la de otro ministro, no la mía», afirmó Elice. Acerca de la base de datos secreta sobre la muerte de Inti y Bryan, el ministro dijo desconocer su existencia: “Juro que no sé qué es ‘Marte’”.
La labor del Ministerio del Interior ha dejado un sabor agridulce para los familiares de las víctimas. Sobre una posible influencia en la Policía para acelerar la colaboración de los agentes citados, el ministro Elice afirmó que, si son policías en retiro, no puede hacer nada. “Si aún están en funciones deberían colaborar siempre que se trate de policías que han estado participando en los hechos. Podría ser motivo de castigo que no colaboren con la Fiscalía, pero no los puedo obligar”, dijo Elice.
Pacha Sotelo, hermano de Inti, lanza una pregunta con indignación: ¿Hasta qué punto el ministro Elice tiene control sobre lo que ocurre en la Policía? Óscar Pintado, padre de Bryan, arroja una similar: El señor Elice dijo desde el inicio que no era el jefe de la Policía, entonces, ¿quién es el jefe?
Los familiares de Inti y Bryan tienen sentimientos encontrados al hacer un balance de lo que se ha avanzado hasta ahora. Les dijeron, desde el primer día que Francisco Sagasti asumió la Presidencia de la República, que el Gobierno iba a colaborar. “Este Gobierno, si bien no son los responsables de la muerte de mi hijo, sí eran los responsables —y lo digo en pasado porque ya se van— de facilitarnos las cosas para que se pueda encontrar la verdad”, dice el padre de Bryan.
Más allá de los gestos del saliente gobierno de Sagasti, la situación a nivel penal sigue siendo sombría. La defensa legal de las familias no coinciden con la decisión de la fiscal Aburto de continuar más tiempo con las diligencias preliminares. «La Fiscalía ya en este momento cuenta con información más que suficiente para poder acreditar los delitos y sustentar el caso ante el Poder Judicial», señala el abogado Carlos Rivera. «Estamos a la expectativa de que la fiscal formalice la denuncia. Ya existen las sospechas suficientes para pasar a otra etapa. Esperamos que esté a la altura», afirma, por su parte, Dante Morales.
EL FOCO buscó los descargos de la fiscal Jhousy Aburto para este informe, pero desde su despacho optaron por guardar silencio.