Ha transcurrido una semana desde que el primer ministro Guido Bellido logró acordar una tregua de sesenta días con las comunidades de Chumbivilcas. Los ciudadanos cusqueños habían bloqueado la carretera en rechazo al Corredor Minero y exigían el cumplimiento de una serie de demandas. “El pueblo ahora está en el gobierno y resolveremos los problemas del país”, dijo Bellido en Muyoq Orcco, lugar donde fue la reunión.
¿Qué tan viable es cumplir en sesenta días las promesas que hizo Bellido? EL FOCO accedió al documento redactado luego del encuentro premier con las comunidades. En el acta aparecen las firmas de doce representantes de las comunidades, pero de ningún vocero del Gobierno. Las promesas de Bellido fueron, en resumidas cuentas, de palabra.
Como primer punto del acta se lee que el premier se comprometió a derogar la Resolución Ministerial N° 273 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que declaró la vía que atraviesa Chumbivilcas como de interés nacional y permite que camiones mineros transiten por ella. La segunda promesa de Bellido fue tramitar el pago de indemnizaciones a causa del daño ambiental ocasionado por las grandes cantidades de polvo levantan los vehículos.
El tercer acuerdo fue comprometerse a que las autoridades nacionales y locales no criminalizarían las protestas. En cuarto lugar, que la empresa minera Las Bambas considere a los comuneros como proveedores de bienes y servicios. Y, en quinto lugar, Bellido prometió “volver cuando lo requieran las comunidades campesinas”.
Desde hace tres años, el Corredor Minero, que comprende las comunidades de Chumbivilcas y otras aledañas, es un lugar de permanente conflicto. Hasta 2019 la zona había sido declarada siete veces en estado de emergencia. La Red Muqui reportó en junio último que, en los 14 años que lleva el proyecto minero de Las Bambas, cinco personas fallecieron en medio de enfrentamientos y 500 familias han sido afectadas por la contaminación ambiental.
En las protestas que provocaron la visita de Bellido, siete comunidades quechuas bloquearon un tramo del Corredor Minero del sur por donde pasaban los camiones de la empresa china Minerals and Metals Group (MMG), encargada de Las Bambas. Los enfrentamientos con la Policía dejaron un saldo de 17 manifestantes heridos por las lacrimógenas y perdigones, según indicó Sixto Huamaní, presidente de la comunidad de Huininquiri.
Los perjuicios generados por la empresa minera contrastan con su importancia en la economía peruana. En 2020, Las Bambas produjo 311 020 toneladas de cobre: el 16% de la producción nacional de este metal. Es la cuarta empresa productora de cobre más importante en Perú, según un informe de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y genera más de 8 mil empleos, así como ganancias de 2 800 millones de dólares.
En un contexto en el que el precio del cobre está en uno de sus picos históricos -en mayo, la libra costaba 461.4 dólares, un incremento del 94% respecto al mismo mes en 2020- las ganancias que genera el proyecto minero se han vuelto fundamentales.
Pese a que Bellido se comprometió a abordar y solucionar las demandas de las comunidades en los próximos sesenta días, Oracio Pacori, excongresista y director de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), considera que es muy poco probable que el premier cumpla con lo que firmó. Y lo mismo piensan otros especialistas consultados por EL FOCO.
“Es muy ambicioso decir que en dos meses se va a solucionar el conflicto de las comunidades del sur andino. Esperamos que los compromisos que ha asumido el premier se realicen, porque sino generarán más desconfianza en las comunidades campesinas del Corredor Minero”, sostiene Pacori.
El excongresista precisa que el compromiso se asumió Bellido fue sin la presencia de representantes de la empresa minera ni del MTC, pese a que ambas instituciones están comprometidas en el acuerdo. “Conociendo la problemática del Corredor Minero, debió estar el MTC. La solución de los pedidos no son sólo competencias de la PCM”, indica Pacori.
A la reunión en Chumbivilcas, Bellido asistió con los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Victor Mayta, y de Energía y Minas, Iván Merino, así como las congresistas por Cusco Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Kathy Ugarte (Perú Libre). No estuvo el titular del MTC, Juan Francisco Silva, quien deberá firmar la resolución que anule la declaratoria de vía nacional al Corredor Minero, tal como lo prometió Bellido.
“No es viable que se logre en dos meses. Implica establecer primero un consenso con la empresa minera que utiliza la vía”, señala Abel Gilvonio, sociólogo e integrante de la ONG CooperAcción. Ana Leyva, abogada e integrante también de CooperAcción, cuestionó que no se haya analizado las consecuencias de aplicar esta solución.
“No necesariamente la derogación de la ley sería una medida que solucione los problemas de fondo. Hacerlo, implicaría que la vía se recategorice a una carretera pública de nivel regional. Inicialmente se planteó la derogación para que las comunidades puedan negociar directamente con la empresa y que pague una servidumbre de paso, pero derogar la Resolución Ministerial no obligará a las mineras a asumir su responsabilidad”, indica Neyra.
Enrique Velarde, abogado especialista en políticas públicas y regulación ambiental y profesor del PUCP, coincide con Neyra. “Derogar la Resolución Ministerial solo eliminará la recategorización de la carretera como vía nacional. Al hacerlo, los camiones no podrían pasar por esos terrenos y la minera tendría que negociar directamente con las comunidades o gobiernos regionales. Quizá puede ser un punto de partida para solucionar el problema, pero no será inmediato. Tampoco asegura que se vaya a realizar alguna indemnización por el daño generado previamente por parte de la compañía”, aseguró Valverde.
Sobre la promesa de Bellido de entregar indemnizaciones económicas por los perjuicios ambientales, Abel Gilvonio señala que esta decisión depende de la empresa minera: “Depende no solo de la presión del Estado, sino también de la responsabilidad empresarial de la minera para compensar los perjuicios que ha causado en estos años”.
Enrique Velarde asegura que hay dos opciones. “Primero, la negociación directa, donde la comunidad no va a recibir nada en la medida que la empresa minera no reconozca que hubo malas prácticas. Para seguir este camino, la minera debe hacer una autoevaluación y saber en qué se ha equivocado. La otra opción es la vía judicial, pero los litigios duran años y, evidentemente, la capacidad de una comunidad campesina para contratar un estudio de abogados no es tan grande como la de la minera. Los resultados no serán justos”, señala Velarde.
De acuerdo con un informe de fiscalización ambiental del Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA) de 2019, el paso de los vehículos de la minera Las Bambas genera contaminación sonora, afecta el aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca.
Las comunidades también han solicitado un compromiso del Estado no criminalizar las protestas, a raíz de los múltiples heridos en los últimos años. Ana Leyva de CooperAcción señala que cumplir esta demanda implicaría modificar el Código Penal. “Realizarlo es competencia del legislativo. Es difícil que se vayan a cambiar y menos en el tiempo que promete el premier”, aseguró Leyva.
Enrique Velarde sostiene que para cumplir con este pedido se deben realizar cambios más complejos. “Implicaría una reorganización de la institución (Policía Nacional de Perú) y capacitar a los agentes para que aprendan a manejar estas situaciones. Este no es el primer conflicto que tenemos entre comunidades y empresas mineras, ni será el último”, indicó Velarde.
Wilber Fuentes, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, indicó a EL FOCO que esperan no solo que se aborden los puntos de agenda, sino que se resuelvan en el plazo establecido. “En 30 días volveremos a evaluar. Si no se da la situación, vamos a retomar posesión sobre nuestras tierras”, afirmó Fuentes, refiriéndose claramente a iniciar nuevamente un paro.
Sixto Huamaní, de la comunidad de Huininquiri, confirmó también que han evaluado esta posibilidad: “(Se retomaría el bloqueo de carreteras) de todas maneras. Ya basta del abuso y de las violaciones de los derechos”.
Luego de que el premier lograra la tregua con las comunidades de Chumbivilcas, el presidente Pedro Castillo publicó en su cuenta de Twitter que lo logrado era una muestra de que su gobierno renovaba el compromiso de crear salidas pacíficas. Todo parece indicar, sin embargo, que el conflicto está lejos de llegar a su fin.