El último sábado 23 de octubre, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) autorizó a la Contraloría la ampliación del número de personal de confianza que puede contratar sin concurso público. No es la primera vez que Servir otorga ese beneficio a la institución que dirige Nelson Shack. La norma dice que una entidad pública puede tener máximo 50 empleados designados a dedo y, si desean exceder ese número, deberán pedir permiso a Servir.
Eso es lo que ha hecho Shack en varias oportunidades, y en esta última Janeyri Boyer, titular de Servir desde enero del 2021, aceptó sin poner reparos. Hoy la Contraloría, con la venia de Servir, puede contratar hasta 208 empleados sin concurso ni proceso de selección. La institución de Shack es la tercera que más empleados designados a dedo puede tener en todo el aparato público, luego de la Fiscalía de la Nación y la Sunat. Supera, por ejemplo, al Ministerio del Economía o la PCM. ¿A qué se debe?
“Exceptúan a la Contraloría General de la República por un total de ciento cincuenta y ocho cargos de confianza adicionales al tope de cincuenta”, dice el título de la Resolución Nº 144-2021, firmada por Boyer, que apareció en “El Peruano”, es sábado 24 de octubre. Según el documento, la Contraloría habría justificado su pedido en un “informe técnico sustentatorio” el porqué necesita contratar a dedo a 158 funcionarios más del tope.
No es la primera vez que Servir da luz verde a la Contraloría para incrementar de manera significativa su personal de confianza. En noviembre de 2020, el entonces presidente de Servir Juan José Martínez autorizó a Shack ampliar el límite de personal de confianza a 189 empleados. Es decir, 139 personas más del límite permitido por la ley. Aquella autorización se dio cuando el país estaba enfrentando la segunda ola de la pandemia.
En el informe técnico sustentatorio que presentó la Contraloría esa vez, indicó que, debido a la incorporación de personal en los Organismos de Control Interno, esta institución “viene planteando un nuevo modelo de gestión de las acciones de control, que ha conllevado a que crezca en su diseño organizacional y en dotación de personal”. Señaló, además, que el control gubernamental implica el manejo de información “reservada y confidencial, por lo que la entidad requiere que se cuente con personal de confianza en puestos clave”.
La Ley Marco del Empleo Público señala que se denomina empleado de confianza a aquel que desempeña un cargo técnico o político y ha sido designado directamente sin pasar por un proceso de selección previo. Esta norma también establece que, en ningún caso, el total de trabajadores de confianza debe ser mayor al 5% del total de servidores públicos que existen en cada entidad.
Como la valla del 5% era un poco voluble, en noviembre del 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski emitió un decreto supremo precisando que ese porcentaje no debe exceder de los 50 empleados públicos de confianza, y que cualquier autorización extraordinaria para excederla debe ser aprobada por la Presidencia de Servir. En el caso de la Contraloría trabajan actualmente más de 7 mil empleados, y es la oficina de contralor Nelson Shack la que más empleados de confianza ha designado: 16.
Teresa Santillán, abogada especialista en políticas públicas, señala que las constantes autorizaciones que le ha dado Servir a la Contraloría van en contra de la meritocracia. “Esto es sospechoso. Hay que ver si esta cantidad de trabajadores de confianza es proporcional a la necesidad que tiene la Contraloría para atender el trabajo que se le ha encomendado. La Contraloría ha hecho los megaoperativos de control en diferentes regiones, pero ahora hay que ver si ellos no están cometiendo los mismos perjuicios al Estado”, indicó Santillán.
La abogada también afirmó que resultará fundamental ver el perfil del personal de confianza para saber si cumplen con los requisitos de alta especialización. “Si no está sucediendo de esta manera, entonces la Contraloría estaría rompiendo con la naturaleza misma de su función. Significaría que está poniendo a personas que no corresponde y se estaría configurando un caso de negociación incompatible o tráfico de influencias”.
Christian Sánchez, exministro de Trabajo, sostiene que este tipo de situaciones se producen porque la Ley Marco del Empleo Público no ha establecido límites claros para la designación de personal de confianza. “La norma permite este tipo de distorsiones. Pero hay una incoherencia: la Contraloría se preocupa de lo que pasa en los ministerios, pero no por regular este tipo de situaciones. Los cargos directivos de la entidad se están llenando de gente afín al titular, donde se supone que debería haber objetividad, transparencia e imparcialidad”, afirma Sánchez.
El exministro también dijo que esta situación podría generar una distorsión de lo que implica la confianza política. “El principal problema es que queda la puerta abierta a la discrecionalidad política y al copamiento, ahí donde debería permanecer el imperio de la constitución y la ley. Para eso está el límite de los cargos de confianza, no puedo poner gente de mi confianza para manipular los procedimientos administrativos”.
Pero hay más. El contralor Nelson Shack tiene un vínculo familiar con Servir: Jorge Ricardo Shack Muro, su primo, quien es el secretario técnico del Tribunal de dicha institución. El Tribunal de Servir es el órgano que resuelve todos los conflictos administrativos y de contrataciones de personal en el sistema público. Es decir, si la Contraloría tiene un problema con nombramientos de trabajadores, el Tribunal donde Jorge Shack Muro es secretario tendrá que resolver el conflicto.
Jorge Shack fue nombrado en el cargo por Janeyri Boyer el 19 de marzo del 2021. Shack se hizo del puesto en un concurso público que no estuvo ajeno a la polémica. Saúl Ampuero Godo, uno de los postulantes que hoy es procurador público del Ministerio de Justicia, denunció que la elección de Shack Muro “no se sustentaba ni apoyaba en un debido procedimiento de calificación, siendo una decisión arbitraria que contraviene los principios de mérito, transparencia, igualdad de oportunidades e integridad pública”. Ampuero presentó una queja al concurso, pero en Servir no la aceptaron.
EL FOCO se comunicó con el área de Prensa de la Contraloría sobre el pedido de poder contratar a más personas de confianza. Al respecto señalaron que, si bien la designación de personal de confianza está exceptuada de concurso por la ley, “en la Contraloría General se exigen requisitos de experiencia y formación académica del perfil establecido para el puesto, entre otros requerimientos”.
También indicaron que este aumento del personal de confianza se produjo por las leyes que emitió el Congreso, donde le asignaba nuevas competencias la Contraloría, como la creación de unidades especializadas orientadas al levantamiento del secreto bancario o la incorporación de más de 400 Órganos de Control Institucional de entidades del gobierno nacional y regional.
Ante un posible conflicto de interés que podría generar el vínculo entre el contralor y su primo Jorge Shack Muro, señalaron: “los órganos encargados de la evaluación técnica y legal del número de puestos de confianza en Servir son la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica. El Tribunal del Servicio Civil resuelve las impugnaciones de los servidores públicos y las sanciones impuestas por las entidades en los procedimientos administrativos disciplinarios. Son competencias totalmente distintas”.
También buscamos un comentario de Servir. Cristian León, gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir, indicó a esta publicación que a su institución le corresponde verificar que los pedidos no excedan el porcentaje establecido en la norma. En el caso de la Contraloría, el 5% corresponde a 383 empleados de confianza. “Las entidades que lo han hecho (solicitar una excepción), ha sido a partir de las funciones y la naturaleza de los puestos. La confianza es un atributo que se asigna a determinado cargo. Pero la confianza no reemplaza a la capacidad o la idoneidad. La complementa”, indicó León.
Desde Servir señalaron también que no existe un conflicto de interés en que el primo del contralor trabaje con ellos. Apuntaron que el Tribunal del Servir no evalúa los informes técnicos ni aprueba el aumento de personal de confianza que solicitan las instituciones públicas.