El lunes último, un oficio llegó al despacho de la presidente del Congreso, María del Carmen Alva. Era un pedido del parlamentario de Renovación Popular Jorge Montoya, promotor de la última moción de vacancia del mandatario Pedro Castillo, solicitando que el Congreso amplíe por 20 días el plazo de entrega del informe final de la comisión investigadora de las últimas elecciones que él dirige.

EL FOCO accedió a la carta de Montoya y al informe preliminar, de 133 páginas, con el que el almirante justifica su pedido. El documento tiene cuatro capítulos y, pese haberse desembolsado más de S/ 200 mil en la contratación de asesores y técnicos para la comisión investigadora de Montoya, no se ha arribado a conclusiones. Ni se expone graves irregularidades que hayan encontrado en los cinco meses de labores que llevan.

Trece han sido las sesiones que hasta el momento ha tenido el equipo de trabajo, que lleva el pomposo nombre de “Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021”. De las trece sesiones, dos no se realizaron por falta de quórum, tres fueron solo informativas y en ocho se contó con invitados. Por la comisión han pasado defensores de la tesis del fraude como Lourdes Flores y Enrique Ghersi.

En el informe de la comisión investigadora de Montoya se indica en la primera línea que “hasta el momento, no ha sido posible verificar las denuncias de fraude electoral”, sino que, por el contrario, se han descartado denuncias presentadas como la de votación de electores fallecidos. Señalan, además, a manera de justificación, que han existido diversas limitaciones para sus labores de investigación.

Algunos de estos obstáculos, según se lee en el documento, son los “vacíos en la normativa parlamentaria que limita la actuación de las comisiones investigadoras y que sería ideal mejorar”. Otros motivos por los que el equipo de Montoya dice no haber podido dar con el supuesto fraude electoral, son porque “no hay una denuncia”, el “limitado tiempo”, no tienen “herramientas a nivel fiscal” y “el escaso personal” para procesar “la enorme información”.

A pesar de que la comisión del almirante Montoya reconoce que no ha podido hacer un buen trabajo de investigación, en el documento lanzaron una lista de “irregularidades identificadas”. Los hallazgos son de lo más variopintos y generales. Por ejemplo, Montoya ha encontrado “insuficiente capacitación de los miembros de mesa y de los electores”.

Pero hay más. La comisión investigadora que ha contado con dos asesores y dos técnicos ha dado con el hallazgo de que tres actas, de las más de 86 mil que hubo en las últimas elecciones, fueron llenadas por una misma persona. También detectaron que la ONPE contrato a una abogada, Elva Jaúregui Rojas, que tenía una condena por fraude electoral.

De las 133 páginas del preinforme de la “Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021”, la mitad ha sido destinada a dar una “Propuesta de Reforma de la Normativa Electoral”. Ahí el equipo de Montoya plantea, por ejemplo, proscribir organizaciones políticas y candidaturas vinculadas a ideologías o prácticas antidemocráticas. Además, pide que en los próximos procesos electorales se utilicen equipos de grabación en las cámaras de votación.