Mañana miércoles 18 será presentado en sociedad el nuevo Tribunal Constitucional. El legado que deja la mayoría de los magistrados salientes no es nada bueno. En medio de las polémicas decisiones que ha tomado el TC saliente hay una que hasta hoy ha pasado desapercibida: la devolución de terrenos a familias expropiadas durante la Reforma Agraria, ocurrida hace más de 50 años.
La historia de sentencias del TC a favor de los expropiados se remonta a julio del año pasado, cuando la ciudadana Victoria Sarango Feria ganó una demanda de amparo con los votos a favor de los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume, Carlos Ramos y José Luis Sardón. El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña no participó de la votación por encontrarse con licencia. Y Marianella Ledesma fue la única que votó en contra.
El staff de abogados que patrocinó a Sarango fue el Estudio Monroy, que en su escrito solicitaba que se revoque la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, donde se le negaba a la ciudadana la posesión de unos terrenos que había heredado en 1948. El espacio en disputa era el Fundo Victoria, de 381 hectáreas, ubicado en la zona de Los Ejidos del Norte, a 20 minutos del centro de Piura.
Según la defensa de Sarango, el terreno había sido confiscado en 1976 con fines de la Reforma Agraria por el Ministerio de Agricultura a través de un decreto supremo y de manera gratuita. El terreno cuando fue confiscado era eriazo, pero hoy sobre él hay tiendas comerciales.
La postura del Tribunal Constitucional ante el amparo presentado por Sarango fue insólita. Según los magistrados, «no se cumplió con los requisitos para una expropiación constitucional», pues aseguran que se hizo vía resolución suprema y no una ley, y que la familia de Sarango no fue indemnizada, como exigía el artículo 47 de la Constitución de 1933 vigente en aquel momento.
Luego del caso del Fundo Victoria, vinieron más sentencias en favor de expropiados de la Reforma Agraria. El 23 noviembre del 2021 la Compañía Explotadora Alto Chira salió victoriosa de otra demanda de amparo por el mismo motivo: devolver terrenos que habían sido expropiados en la década de los 70. El TC apeló al mismo argumento de no haberse respetado la Constitución de 1933.
Alto Chira es una empresa que ya no existe hace varios años. Según información de Sunat, fue inscrita el 2010 y fue dada de baja un año y medio después. La gerente general de la empresa fue Cecilia Bel Gamero de Roca, quien en realidad era una de las principales interesadas en el proceso de amparo. Bel reclamaba que la Hacienda Huaypirá, de 10 629 hectáreas, sea despojada de las comunidades campesinas Cury Lagarto y Virgen del Cisne, luego de un «acto confiscatorio» en 1972.
La Hacienda Huaypirá, ubicada cerca al río Chira en Sullana fue comprada en diciembre de 1963 por Fernando Bel Houghton, exalcalde aprista de Sullana por dos periodos, desde 1984 hasta 1989. Lo llamativo de este caso es que el TC abrió la posibilidad de que el Estado indemnice a Bel considerando el valor actual de dichos predios.
Cecilia Bel contrató a diversos abogados durante su proceso de amparo. Pasaron por su defensa el exministro Diego García-Sayán, el Estudio Navarro & Pazos, y actualmente está el Estudio Llona & Bustamante. Los votos a favor de la causa de Bel fueron de los magistrados Ferrero, Blume, Sardón y Espinosa-Saldaña. Carlos Ramos ya había fallecido para cuando se realizó la votación, y Marianella Ledesma votó en contra.
El 13 de enero de este año, el TC saliente dio otra sentencia en beneficio de un expropiado de la Reforma Agraria. El beneficiado esta vez fue Genaro Barragán Muro, quien pedía desde el 2014 que se le devuelva 545 hectáreas del predio San Pedro y Anexos, ubicado en Chiclayo. Dicho terreno, expropiado en 1972, fue transferido a la comunidad campesina Cahuide y, según la familia Barragán, nunca cobraron reparación.
En setiembre del 2014, el Gobierno Regional de Lambayeque demostró al Poder Judicial que se le pagó a la familia Barragán S/ 1 084 986 en efectivo y S/ 2 270 000 en bonos, pero los expropiados exigen una nueva reparación. Como en el caso de Alto Chira, el TC también dio la posibilidad de que el Estado le pague a Barragán con precios actuales de mercado. Los votos a favor de esta causa fueron de los magistrados Blume, Ferrero, Sardón, Miranda y Espinosa-Saldaña. Ledesma, una vez más, votó en contra.
EL FOCO solicitó a la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego la postura y las medidas que tomarán para defender los intereses del Estado ante estas demandas de amparo. «Consideramos que las sentencias incurren en vicios graves, por ello se ha solicitado al TC que haga uso de su potestad nulidicente excepcional a fin de que se pueda declarar la nulidad de las sentencias», informaron.
Para Gunther Gonzales Barrón, especialista en derecho inmobiliario, no cabe que los magistrados hayan tomado una decisión con base en una norma hoy inexistente. «Con estas sentencias, la Reforma Agraria se va a venir abajo, pero 50 años después. Es una forma de arrasar con la historia. Ahora todas las expropiaciones tendrían los mismos vicios y deberían indemnizar a miles de personas con precios actuales del mercado. Solo basta con presentar un papel a un juez y luego terminar en el TC», afirma el experto.
Hasta el cierre de esta informe, portavoces del Tribunal Constitucional no respondieron nuestra solicitud para poder conocer los descargos de los magistrados que votaron a favor de las tres demandas de amparo que favorecen a expropiados. Esta publicación pudo conocer además que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidad encargada de gestionar y supervisar predios del Estado, estaría preparando un comunicado denunciando las sentencias del TC.