Mañana viernes 17 de junio entra en vigencia la ley que establece requisitos mínimos para ser nombrado viceministro o secretario general de una cartera. EL FOCO revisó los legajos de todos estos altos funcionarios y encontró que doce viceministros y seis secretarios generales no cumplen la nueva norma, y por lo tanto deberán dejar sus cargos.

La historia de la ley, bautizada como “para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública”, se remonta a septiembre del año pasado cuando, en medio de polémicos nombramientos hechos por el gobierno de Pedro Castillo, la Contraloría presentó el proyecto para establecer requisitos mínimos a las personas que ocuparán un alto cargo en el Estado.

La iniciativa de la Contraloría se convirtió en la Ley N° 31419, y fue publicada en El Peruano el 15 de febrero pasado. El reglamento se terminó de elaborar el 19 de mayo. En la norma se establece que los viceministros y secretarios generales deben contar con formación superior completa y una experiencia general de ocho años y cinco años de experiencia específica. 

La ley también establece requisitos para otros funcionarios públicos, como supervisores, coordinadores y asesores, pero no para los ministros. EL FOCO revisó los legajos de todos los actuales viceministros y secretarios generales. A pesar de ganar un sueldo de S/28 mil y S/25 mil, respectivamente, varios de estos funcionarios deberían dejar sus puestos en los próximos días por la falta de experiencia en el cargo que ocupan. Entre los ministerios comprometidos están el de Desarrollo de Inclusión Social (Midis), Salud (Minsa), Educación (Minedu) y Energía y Minas (Minem). 

En el caso del Midis, sus dos viceministros no cuentan con la experiencia mínima para el cargo. María Tarazona Alvino, viceministra de Políticas y Evaluación Social, es licenciada en educación primaria e inicial, y se ha dedicado en los últimos años a la docencia en Huánuco. Además, desde mediados del 2021 es parte de una investigación fiscal por presuntamente haber plagiado su tesis de licenciatura. Mientras tanto, el abogado William Contreras Chávez, viceministro de Prestaciones Sociales, ha trabajado en el Colegio de Abogados de Lima y como asesor legal en gobiernos regionales y locales. Contreras, al igual que Tarazona, no tienen experiencia en políticas publicas ni asistenciales.

Otra cartera que no cuenta con viceministerios competentes a la nueva ley es el Minem. Kensy Mayta Samaniego, actual viceministro de Minas, no cuenta con el requisito de cinco años de experiencia en el sector. Según su declaración jurada, ha sido residente de obra, jefe de guardia y jefe de operaciones en empresas mineras. A Mayta se le denunció de haber llegado al cargo de viceministro gracias a su vínculo con Richard Rojas, dirigente de Perú Libre.

De similar forma, Rafael Reyes Vivas, viceministro de Hidrocarburos, no cuenta con experiencia en el sector. Ha trabajado en seguridad ocupacional dentro de entidades como la Autoridad de Transporte Urbano y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Pero en lo que sí tiene larga experiencia Reyes es en la vida política, ya que desde el 2012, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, está afiliado a Perú Libre.

En el Minsa los viceministros no se muestran de distinta manera. Joel Candia Briceño, viceministro de Salud Pública y afiliado a Perú Libre desde el 2014, registra en Sunedu un diploma de médico cirujano otorgado por una universidad boliviana. Candia detalló en su hoja de vida haber trabajado como médico asistencial en Satipo. Sin embargo, no consignó que también fue director de la Red de Salud en esa ciudad entre el 2012 y el 2014. Durante ese periodo, Candia fue investigado por el Ministerio Público por una presunta sobrevaloración en la compra de ambulancias.

Otro funcionario que ha generado desazón dentro del Minsa desde su llegada es el médico cirujano Juan Delgado Echevarría, actual viceministro encargado de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. Delgado tiene experiencia en puestos que no son similares al cargo que ejerce actualmente.

Dentro del Minedu las cosas tampoco andan bien. Otro funcionario de alto nivel que no cumple el umbral de la nueva ley es Walter Hernandez Alcántara, viceministro de Gestión Pedagógica. Hernández es docente de educación secundaria y, según su declaración jurada, solo ha ocupado, desde 1970, el cargo de profesor nombrado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle.

Otro caso similar involucra a Mario Cavero Polo, viceministro de Pesca y Acuicultura, quien es contador de profesión y ha ocupado cargos de administración y tesorería en diversas instituciones. También aparece en la lista Sergio Jaime Ríos, viceministro de Trabajo, quien es ingeniero químico y exlíder sindical sin experiencia en puestos de directivo.

Isabel Álvarez Novoa, viceministra de Turismo, quien es socióloga y dueña del restaurante El señoría del sulco, tampoco cuenta con la experiencia necesaria. Por último está Ernesto Fuentes Cole, viceministro de Seguridad Pública, quien es administrador y educador, y su legajo se encuentra lejos del Ministerio del Interior, sector donde actualmente trabaja. 

Con este panorama, el trabajo no será nada sencillo para la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), entidad encargada de supervisar el cumplimiento del Reglamento de la nueva Ley N° 31419. Según Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, antes de esta Ley no se contaba con un mecanismo similar que estableciera exigencias mínimas para garantizar la idoneidad en la función pública. 

“Los resultados son inmediatos. La medida concreta que adoptará Servir, luego del plazo de adecuación, será llevar a cabo a partir de julio un operativo con la finalidad de verificar el cumplimiento. Cuando se advierta que la entidad ha incumplido con las disposiciones del presente Reglamento, los resultados se comunican al Órgano de Control Institucional con copia a la Contraloría. Además, la Ley establece responsabilidad administrativa funcional para aquellos casos en que no se cumpla con lo establecido”, dijo Boyer a EL FOCO.

Voceros de la Contraloría indicaron a EL FOCO que, sin perjuicio de la tarea que corresponde a Servir, a través de sus órganos de Control Institucional iniciarán la supervisión del cumplimiento de las condiciones de la nueva Ley y su Reglamento. “Habría que tener en consideración que los nuevos requisitos ya están vigentes, por tanto, en las próximas designaciones se debe asegurar el cumplimiento de los perfiles y ello será materia de fiscalización por parte de nosotros”, señalaron. 

Para que el reglamento no quede solo en papel, el abogado Javier Paitán afirmó que este contexto sirve como oportunidad para que Servir implemente de una vez por todas sus atribuciones sancionadoras, ya que solo la supervisión está resultando ser insuficiente desde ya hace bastante tiempo. “Servir solo supervisa y recomienda. Es de esperarse que muchas entidades, ya sea por desconocimiento o negligencia, no acaten lo dispuesto en la nueva Ley, lo cual se advertirá recién pasado varios meses por la Contraloría”, sostiene Paitán.