El procurador del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Miguel Méndez Maúrtua, ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial para que EL FOCO retire el reportaje donde cuatro mujeres que laboraron con él lo denuncian por maltrato y hostigamiento sistemático.
El reportaje que ha incomodado a Méndez fue publicado el 15 de julio último y fue elaborado por el reportero Bruno Amoretti, quien está comprendido en la demanda junto a Eloy Marchán, presidente de la Asociación de Periodistas EL FOCO. Antes de demandar a Amoretti y Marchán, Méndez envió dos cartas notariales a EL FOCO exigiendo una rectificación y el retiro del reportaje que, según el procurador, daña su “honor y reputación”.
En la respuesta, EL FOCO señaló que cumplió todos los procedimientos que dicta la ética y el buen accionar periodístico, y por lo tanto se reafirmó en cada extremo de la publicación. EL FOCO cumplió con publicar las dos cartas de Méndez, y en su respuesta señaló que el reportaje se encuentra sustentado en documentos del Ministerio Público y el Poder Judicial, testimonios de las extrabajadoras, entre otros materiales recopilados durante la investigación.
El último 27 de septiembre, Bruno Amorettti recibió en su domicilio la demanda de acción de amparo de Méndez. Hasta el cierre de este informe, Eloy Marchán todavía no había sido notificado.
Méndez pide la rectificación de las afirmaciones «falsas, inexactas y agraviantes», el retiro de la publicación de la web y su «retransmisión» en redes sociales «hasta que los hechos allí indicados sean resueltos de manera definitiva por el Poder Judicial», y que EL FOCO se abstenga de «volver a incurrir en actos vulneratorios de los derechos al honor del recurrente».
La demanda de Méndez se encuentra en el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Lima, que dirige el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, quien dió trámite a la solicitud y programó la audiencia virtual para el próximo 14 de diciembre.
Para Adriana León, directora del Área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el Perú se destaca desde hace años en el enjuiciamiento de periodistas como medida para silenciarlos.
“Así como en México asesinan a reporteros o en Nicaragua los obligan al exilio, en el Perú un mecanismo que se ha tornado común es utilizar la justicia para empapelar a periodistas. Recordemos a César Álvarez en Ancash, Wilfredo Oscorima en Ayacucho o Yván Vásquez en Iquitos. Todos estos funcionarios públicos pervertían el mecanismo de proteger el honor de una persona para intentar que un medio levante la información y así ocultar un presunto delito”, afirma León.
Según Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la instrumentalización del sistema de justicia está llegando a niveles insospechados para censurar reportajes periodísticos. “Cada vez son más singulares los recursos que se utilizan en estos casos. Enviar una solicitud expresa de que se retire un reportaje es sin duda atentatorio al derecho de libertad de información. Si dejamos pasar esto se va a crear un pésimo precedente para el Perú”, señala Lainez.
Según el monitoreo que realiza la ANP sobre juicios a periodistas, se han registrado 144 procesos contra periodistas a nivel nacional en los últimos cinco años. “La justicia parece no comprender por desgracia la naturaleza de nuestro trabajo. Por un lado, los jueces han demostrado no entender la praxis periodística. Y por otro lado, debemos recordar el acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia que habla de la necesidad de relativizar la protección del honor y la buena reputación cuando se trata de personajes que tienen una función pública”, explica Lainez.
El último jueves 6 de octubre, EL FOCO estuvo presente en el diálogo abierto con el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convocado por la ANP. En la reunión se abordaron temas como los estándares interamericanos y la jurisprudencia de la Corte vinculada a libertad de expresión y la actividad periodística.
En la mesa de diálogo se revisaron sentencias como la de Jineth Bedoya vs. Colombia, referida a la violencia de género contra mujeres periodistas; el caso Moya Chacón vs. Costa Rica sobre la protección a las fuentes periodísticas y el efecto intimidatorio que genera la acción penal contra los medios; y Palacio Urrutia vs Ecuador, donde se enfatizó sobre la vulneración por parte de funcionarios públicos contra el derecho a la libertad de expresión.
El encuentro se produjo en el marco de la 52° Asamblea General de la OEA en Lima, y contó con la participación de periodistas de distintas regiones del país, quienes pudieron narrar sus experiencias en los procesos judiciales que tienen en contra a raíz de reportajes publicados en sus respectivos medios.