El sistema de bloqueo de señal de celulares e internet en 33 cárceles del país, entre ellas Lurigancho y el establecimiento de Mujeres de Chorrillos, no funciona. Así lo revela un informe de la Contraloría y testimonios recogidos por EL FOCO.
En 16 cárceles el bloqueo de señal no ha sido implementado y en 17 el sistema funciona de manera deficiente. La compañía a cargo de poner en marcha el sistema es el Consorcio Prisontec, del empresario Augusto Fernández Márquez. El acuerdo se firmó en 2014 por 25 años, bajo la figura de asociación público-privada y demandó una inversión de 4.1 millones de dólares. El proyecto, firmado bajo el gobierno de Ollanta Humala, contempló 33 de las 69 cárceles del país.
EL FOCO accedió a un informe de fiscalización de la Contraloría al contrato firmado con Prisontec que data de junio del año pasado. De acuerdo al documento, el plazo para iniciar la etapa operativa del bloqueo de celulares venció en el 2018, pero a la fecha 16 cárceles aún no ha iniciado el proyecto. Entre los centros penitenciarios en la lista están: Chorrillos, Cusco, Juliaca, Ancón I, Ancón II, Huacho, Chincha, Ayacucho, Chanchamayo, Cajamarca, Tacna, Puerto Maldonado, Tarapoto, Chachapoyas, Moyobamba y Puno.
A eso se suma que en otras 17 cárceles los equipos instalados presentan fallas. Los penales en esta situación son: Lurigancho, Miguel Castro Castro, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Huánuco, Ica, Huaral, Callao, Huaraz, Tumbes, Huancayo, Piura, Arequipa, Pucallpa, Iquitos y Cañete.
El informe de la Contraloría, firmado por Yvan Guevara Novoa, subgerente de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, señala como responsables a dos funcionarios del INPE: Manuel Braulio Roncalla Durand, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, y Jesús Santos Rojas Almeyda, coordinador de la misma área. No se menciona a ningún exjefe del INPE.
EL FOCO se comunicó con el exministro del Interior, Rubén Vargas, quien calificó el intento de bloquear las señales en cárceles como «uno de los mayores fracasos de la burocracia del Ministerio de Justicia». Según Vargas, los penales del Perú se han convertido en «call centers de la extorsión». «Este problema, que persiste desde hace más de una década, se debe a la corrupción y la falta de decisión política para aplicar soluciones efectivas. Aunque la tecnología para bloquear señales es accesible, su implementación ha fracasado por ineptitud y falta de fiscalización», aseguró Vargas.
Ángel Llancari, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INPE, advirtió que los bloqueadores de celulares instalados llevan más de 10 años sin actualizarse, volviéndose ineficaces ante los avances tecnológicos. «El contrato, que dura 25 años, no establece que se actualicen los equipos conforme a los avances de la tecnología, lo que ha provocado que los bloqueadores sean ineficaces frente a los nuevos dispositivos», dijo. Además señaló que la empresa contratada en 2014 fue elegida por recomendación de especialistas, pero el proceso estuvo rodeado de controversias y posibles vínculos con figuras políticas.
EL FOCO se comunicó con el empresario Augusto Fernández, quien afirmó: «nuestros equipos están operativos. Cualquier falla probablemente se deba a antenas instaladas dentro y fuera de los penales. Si hay conexiones desde adentro, es con complicidad del INPE». Además, señaló que «entre 2015 y 2022 realizamos cinco actualizaciones, pero que desde 2022 suspendimos el mantenimiento porque el INPE dejó de pagar». Finalmente, indicó que, por falta de pago, «no hemos terminado de instalar sistemas de bloqueo en cuatro de los 33 penales, lo que impide mejorar su funcionamiento».
Buscamos los descargos de Manuel Roncalla, jefe de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, señalado en el informe de la Contraloría, pero dijo que solo se pronunciara con autorización del presidente del INPE, Federico Llaque Moya. EL FOCO intentó obtener los descargos del INPE vía la oficina de Prensa, pero la encargada Janet Sánchez Guerrero se encuentra de viaje. Al pedir hablar con otro miembro del equipo, señalaron que solo ella puede brindar información oficial.
ACTUALIZACIÓN:
El jueves 27 de marzo de 2025, recibimos una carta del señor Augusto Fernández Márquez, gerente general de Prisontec SAC. Cumplimos con publicarla íntegramente:
Carta notarial de Augusto Fernández Márquez – Prisontec SAC by El Foco