Los colegios Bicentenario construidos por el gobierno de Dina Boluarte son una bomba de tiempo. Así lo demuestran informes de la Contraloría elaborados entre marzo y diciembre del 2024. Los documentos señalan que por lo menos una decena de escuelas inauguradas entre bombos y platillos tienen infraestructura deficiente y ponen en riesgo a miles de escolares.
El pasado 13 de marzo, la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Educación Morgan Quero inauguraron el colegio Felipe Huamán Poma de Ayala, en Lurigancho-Chosica. Al evento también asistió el alcalde distrital Oswaldo Vargas. La construcción de la escuela costó S/ 65 millones. Según la Contraloría, en esta escuela se colocaron paneles de vidrio al costado de la losa donde los escolares hacen deporte, lo que incumple las normas de seguridad. Ante cualquier «pelotazo», las lunas podrían romperse y terminar ocasionando un accidente fatal.
«Respecto a las áreas vidriadas en riesgo, que se presentan por las actividades deportivas y recreativas en la losa y por los desplazamientos en las galerías de circulación aledañas (…) estas incumplen con la Norma E040 (…) Este riesgo identificado podría afectar la integridad de la población infantil ante impactos y/o la rotura de estas generando daños físicos», dice el informe de la Contraloría publicado el 13 de octubre último.
La Contraloría también ha advertido que los planos del colegio Felipe Huamán Poma de Ayala «no cumplen» con los parámetros de Seguridad en Edificaciones del Indeci. La razón es que en los cuatro pisos que tiene el colegio hay zonas que no cuentan con rutas de evacuación para siniestros o emergencias.

«El Perú está a la vanguardia en América Latina con los colegios Bicentenario», dijo hace dos semanas el ministro Morgan Quero en una entrevista con el dominical Punto Final. Quero no contó la historia completa.
El pasado 24 de noviembre, la presidenta Boluarte inauguró el colegio Javier Heraud, en San Juan de Miraflores. La obra costó S/ 35 millones y fue hecha por la empresa De Vicente Constructora SAC. Según la Contraloría, en esta escuela se colocaron tubos de desagüe cerca a los ductos de ventilación de los salones. Lo mismo ocurrió en el colegio Los Próceres, en Surco, inaugurado por Boluarte el 2 de septiembre del año pasado.
«Las tuberías de ventilación en los techos de los edificios 2, 3, 5 y 6 se encuentran ubicadas horizontalmente por debajo de la entrada de aire de las aulas, incumpliendo la norma ISO.010 para ‘Instalaciones sanitarias para edificaciones’ del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo cual podría generar que las aulas queden expuestas a malos olores», dice el informe de la Contraloría sobre el colegio Javier Heraud.

El 3 de octubre del año pasado, Dina Boluarte inauguró el colegio Rosa Merino, en Rímac. La construcción de la escuela costó S/ 26 millones. Según la Contraloría, en esta institución educativa el patio de juegos de inicial no cuenta con espumas protectoras y tampoco tiene escaleras con «señalización podotáctil» para los menores.
Fuera de Lima el panorama se repite. En Cusco, en el colegio Agustín Gamarra, la Contraloría detectó el 12 de diciembre que se conectaron pozos con agua contaminada con manganeso a los campos de biohuerto usados por estudiantes de primaria. Estas zonas estaban pensadas para que los estudiantes aprendan a cultivar productos como avena, quinua y trigo.
«Se advierte que el agua del pozo tubular que será utilizada para el riego del biohuerto de primaria no es potable y excede los estándares de Calidad Ambiental (ECA) lo cual no garantiza la calidad de los cultivos que serán para consumo humano», dice la Contraloría sobre lo ocurrido en la escuela Agustín Gamarra.

Los colegios Bicentenario también se han convertido en una mina de oro para las constructoras. El pasado 28 de enero, la presidenta Bolaurte y el ministro Quero inauguraron la escuela Manuel Gonzales Prada, en Huaycán (Ate). Esta obra le costó al Estado S/ 165 millones y también fue hecha por De Vicente Constructora.
Según la Contraloría, durante la construcción de la escuela el presupuesto destinado para «directivos y personal» aumentó en un 133%, más del doble de lo calculado. Cuando los fiscalizadores de la Contraloría vieron la justificación de gastos encontraron boletas por servicios de «licencias informáticas», «servicio de impresión de planos», «alquiler de laptops», «compra de equipos de cómputo» y «realización de servicios audiovisuales».
Lo ocurrido con el colegio Manuel Gonzales Prada de Ate implicaría un aumento puesto que se trata de servicios que nada tienen que ver con la contratación de personal para la obra. Sobreprecios similares se encontraron en las escuelas Bicentenario Gustavo Mohme Llona, Mariscal Toribio Luzuriaga, 1267, Perú-Canadá, Walter Peñaloza y Víctor Raúl Haya de la Torre.