El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, no olvida a sus viejos colegas del Congreso. Tras una reunión con Javier Velásquez Quesquén, familiares del exparlamentario aprista ganaron a dedo órdenes de servicios en la institución que dirige Gutiérrez.
El primer encuentro entre Gutiérrez y Velásquez Quesquén ocurrió el 13 de junio del 2024. Fue en el despacho de Gutiérrez y la cita duró casi dos horas. Luego vinieron otras dos visitas del aprista a la Defensoría: el 9 y 12 de agosto de ese mismo año. En aquellas ocasiones se reunió con adjuntías: la de Derechos de la Mujer y la de Prevención de Conflictos Sociales.
Dos fuentes de la Defensoría del Pueblo afirman haber sido testigos de una cuarta visita de Velásquez Quesquén. Fue el 15 de febrero del 2025, otra vez directamente con Gutiérrez. El reporte de esa reunión no aparece en el registro público de visitas.
De las visitas de Velásquez Quesquén a la Defensoría salieron órdenes para los familiares del aprista. La primera se dio el 29 de octubre del 2024 y fue a la empresa Consultores VQ SAC, cuyo gerente general es Javier Ángel Velásquez Suclupe, hijo del excongresista.
La orden de servicio fue por S/ 15 000 para realizar un servicio de 30 días destino a orientar la reforma del sistema de protección a la niñez. Según el contrato, todo el trabajo se ejecutó de manera remota. El servicio no solo fue otorgado por contratación directa, sino que la empresa beneficiada no tenía experiencia registrada en proyectos similares. De acuerdo al contrato, debía modificar el marco legal de las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente (Demunas).
Paralelamente, otro familiar de Velásquez Quesquén también ingresó como proveedor de la Defensoría. Se trata de Pedro Antonio Obando Asalde, sobrino de Jenny Obando Popuche, esposa del aprista. El primer contrato de Obando fue dado a fines de octubre por S/ 20 000 y tenía como meta la elaboración de una propuesta legislativa que fortalezca el sistema de protección integral a menores.
El contrato estableció dos entregables: un diagnóstico de la situación en Perú con comparación a los sistemas de Colombia, Argentina y España, y un informe final con consultas a expertos en derechos humanos y organizaciones especializadas. El trabajo también fue remoto.
En marzo último, luego de la cuarta y última visita del Velásquez Quesquén, la Defensoría del Pueblo le dio un nuevo contrato a Obando. Esta vez fue por S/ 18 000 para “elaborar una propuesta de reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial”. El trabajo fue un encargo de la Subadjuntía de Lucha contra la Corrupción, a cargo del funcionario Marcos Ibazeta.
Los contratos otorgados a los familiares de Velásquez Quesquén suman S/ 53 000. Todos fueron adjudicados por contratación directa, sin concursos públicos ni convocatorias abiertas.
EL FOCO buscó comentarios de Javier Velásquez Quesquén para este informe, pero el excongresista solo dijo: “Mis familiares son mayores de edad. ¿Yo qué tengo que ver con sus contratos?”. También nos comunicamos con el área de Prensa de la Defensoría del Pueblo y la respuesta fue que consultarán con las áreas competentes para brindar “una respuesta más adecuada en la brevedad posible”. Al cierre de esta edición, la respuesta nunca llegó.