EL FOCO accedió a documentos que prueban que la Comisión Evaluadora de Recompensas del Ministerio del Interior exige datos que comprometen la seguridad de los informantes para así evitar pagarles recompensas de hasta S/ 80,000. El objetivo es que las detenciones sean contabilizadas como trabajo de la PNP y el dinero quede para los policías.