El gobierno de Nayib Bukele redujo los homicidios en 98 % entre 2019 y 2025. En ese mismo periodo, el Perú registró un incremento del 45 %. El 96 % de los salvadoreños afirma sentirse seguro en su país (CID Gallup, 2025). Antes de Bukele, el 46 % no lo estaba. En el Perú, la percepción de inseguridad alcanza el 83 %.

¿Cómo se ha logrado esto? ¿Qué medidas extraordinarias aplicó el gobierno de Bukele? ¿Qué puede aprender el Perú?

El 1 de junio de 2019, Bukele asumió la presidencia. El 18 de junio, anunció la recuperación del control territorial y el bloqueo de las comunicaciones desde las cárceles: «Las compañías telefónicas no están haciendo su labor real de bloquear la señal», dijo.

El 20 de junio, se puso en marcha el Plan Control Territorial, que contemplaba el despliegue policial y militar en los barrios más peligrosos.

El 21 de junio, el presidente les dio un ultimátum a Claro, Tigo, Movistar y Digicel: «Las empresas de telefonía tienen 72 horas para cortar y/o bloquear por completo la señal de los penales». Tres días después, reiteró: «Quedan 5 horas para que finalice el plazo a las compañías telefónicas para que bloqueen completamente la señal en los @CentrosPenales. Si no cumplen, se les hará efectiva la multa de 3,000 salarios mínimos diarios».

El 25 de junio, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) de El Salvador informó: «Presidente @nayibbukele: nuestros técnicos confirman que no existe señal en los Centros Penales».

El CECOT se inauguró el 31 de enero de 2023. Tres años después del bloqueo de señal en los penales. La presidenta Keiko Fujimori anunció que construirá en Perú un penal de máxima seguridad inspirado en el CECOT. Sin embargo, si no se bloquean las comunicaciones de los presos no servirá de nada. Será una cárcel más sólida e imponente, pero con los mismos vicios: un locutorio del crimen bukelizado. Bukele priorizó el bloqueo de las comunicaciones penitenciarias antes de construir el CECOT. No al revés

Este cambio, no depende de la Policia ni Ministerio del Interior. Es más bien un asunto de PCM, Legislativo, OSIPTEL, las teleoperadoras y su gremio, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Las facultades legislativas y el viaje de la presidenta deben traducirse en algo más que anuncios y fotografías. Tienen la oportunidad de impulsar una medida concreta. Más efectiva que rodear el perímetro de una cárcel con soldados o marinos. Los legisladores —oficialismo y oposición— deben impulsar el cambio de raíz que el Perú necesita: cambiar la ley y bloquear la señal en las cárceles. La seguridad de los peruanos está por encima de nuestras diferencias. Convertir lecciones aprendidas en decisiones y anuncios en resultados es, finalmente, una forma contundente de decir: El Perú Responde.