Un informe enviado el último 13 de noviembre por el teniente Jorge Rodríguez Menacho, uno de los policías de Inteligencia que investigan el caso “Los Cuellos Blancos”, cuestiona el accionar del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón por levantar, sin justificación legal, el secreto de las comunicaciones de 20 personas, entre ellas, su propio teléfono. La denuncia se enmarca en una serie de pugnas al interior del caso «Cuellos Blancos» que amenazan con tirarse abajo toda la investigación.

Rodríguez, desde hace 3 años y medio, es uno de los policías encargados de pinchar y analizar las conversaciones telefónicas de los integrantes de “Los Cuellos Blancos”, la red criminal que se enquistó en lo más alto del sistema de justicia. Colaboró con las investigaciones de la exfiscal Rocío Sánchez —hoy reemplazada por la fiscal Magaly Quiroz— y el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. No obstante, sin saberlo, el agente Rodríguez terminó rastreado por el Ministerio Público a pedido de Fernández y con autorización del Poder Judicial. ¿Qué pasó?

El pasado 11 de octubre, el teniente Rodríguez envió un informe a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Luz Inés Tello de Ñecco, en el que pide investigar a Fernández Alarcón por violar el secreto de sus comunicaciones. Rodríguez asegura que este agregó su número telefónico a una lista de números rastreados con conocimiento de que se trataba del propio oficial de inteligencia que colaboraba con sus pesquisas.

“El Dr. Jesús Fernández Alarcón siempre supo que se trataba de mi nombre, ya que el pie de página de todos los oficios que remitían documentos de vinculación y geolocalización a la Fiscalía Suprema tenía no solo mi teléfono de contacto, es decir el (-) sino también mi correo institucional donde se aprecia claramente mi nombre, así el Fiscal Supremo Fernández Alarcón repito, maliciosamente, incluyó en su requerimiento Fiscal mi número telefónico, para husmear sobre mis vínculos laborales, personales, familiares y otros sin mediar ningún sustento”, escribió el agente policial en la carta que envió a la presidenta de la JNJ. Y agregó que el fiscal Fernández ha “tratado de minimizar su actuación” tras conocerse la noticia por una publicación del portal Sudaca.

El oficial Rodríguez asegura que Fernández envió a propósito la lista de teléfonos sin identificar para saltarse filtros del sistema de justicia. “El Dr. Fernández Alarcón, según se advierte, es quien al parecer induce al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a efectos de otorgar medidas limitativas señalando que los números que coloca sin titularidad es porque no tiene conocimiento de quien se trata, al menos de forma indiciaria”, escribió el Policía.

En el informe enviado a la JNJ, Rodríguez también pide investigar al juez superior Jorge Castañeda Espinoza por dar el visto bueno a la solicitud del fiscal Fernández. Esto pese a que el magistrado renunció a su cargo en el Poder Judicial luego de adoptar la medida. El escándalo por el rastreo de las comunicaciones de 20 personas, en el que se incluye los teléfonos de los exconsejeros del CNM Guido Aguila y Julio Gutiérrez Pebe, el exmagistrado Martín Hurtado y el abogado José Luis Castillo Alva, también ha abierto un flanco en el Congreso de la República.

El 13 de noviembre, Rodríguez envió un documento a la Comisión de Inteligencia del Parlamento, presidida por el congresista José Cueto, de Renovación Popular, en el que informa sobre los documentos recabados por la DIVIAC al aceptar el pedido de Fernández para rastrear a las 20 personas. Rodríguez descarta que, tras conocerse el error reportado por Fernández, la DIVIAC haya eliminado archivos de comunicaciones para limpiar al fiscal supremo.

“El Departamento de Apoyo Técnico de la DIVIAC a la fecha no ha eliminado los archivos de comunicaciones, pues desde un punto de vista técnico la supresión de dicha información implicaría una alteración a otros informes”, informó el agente. “Nunca realicé alguna coordinación para eliminar del sistema registros de comunicaciones levantados por Resolución Judicial, pues dicho acto solo podría ser realizado por otra orden judicial expresa, así son falsas estas coordinaciones señaladas por la Fiscalía Suprema”.

El agente policial también desmintió los trascendidos en medios de comunicación que aseguraban que la DIVIAC había realizado interceptaciones masivas a jueces supremos. Aseguró que no se trató de “chuponeos” dado que las interceptaciones solo pueden llevarse a cabo por la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro). En segundo lugar, señaló que lo que se extrajo a solicitud del fiscal Fernández fue el registro histórico de las llamadas de un grupo de personas, es decir, con qué números se comunicaron entre sí durante un período específico, más no el contenido de las llamadas en sí.

El fiscal Jesús Fernández Alarcón ha intentado deslindar de las acusaciones. Ante medios de prensa aseguró que no tenía identificadas la titularidad de los teléfonos al solicitar el levantamiento de las comunicaciones. En otros casos, como el caso del juez Héctor Lama More, afirma que este no figuraba el la lista de rastreados, sino el de uno de sus familiares, por lo que era imposible saber su identidad.

El agente Rodríguez tiene una versión distinta. En su informe enviado a la Comisión de Inteligencia, asegura que el pasado 29 de marzo del 2019, remitió un informe a la Fiscalía Suprema «en donde se hacía conocer el posible usuario de gran parte de los 20 números (entre ellos los jueces supremos y funcionarios del Poder Judicial)” por lo que Fernández debía conocer a quienes estaba pidiendo rastrear. Esta publicación intentó comunicarse con fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Al cierre de este informe, no hubo respuesta.

La noticia del rastreo de las comunicaciones de 20 personas vinculadas al caso «Los Cuellos Blancos» ha derivado en una serie tires y aflojes al interior del Ministerio Público que amenazan con tirarse abajo el mayor caso de corrupción en el sistema judicial de los últimos años.

Fuentes vinculadas al despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez, coordinador del equipo «Los Cuellos Blancos», advierten que tras la filtración de las noticias sobre los rastreos ilegales que han enfrentado a la DIVIAC y al Ministerio Público, se encuentra «un pool de abogados» que intentan petardear a como dé lugar las investigaciones.

Cabe resaltar que un colaborador eficaz, de código 1308-2018, brindó al inicio de las investigaciones un organigrama tentativo de cómo se construyó la telaraña de «Los Cuellos Blancos» en base a las declaraciones del empresario Mario Mendoza, quien actualmente se ha acogido a la colaboración eficaz.

«Tengo conocimiento que Mario Mendoza se percató de las intenciones que este grupo tenía en mente a donde llegar por ‘intensiones de poder’. Mario Mendoza hizo un organigrama de «Los Cuellos Blancos» que tenía como el número 1 a César Hinostroza, (como) número 2 a José Luis Castillo Alva, como número 3 a Orlando Velásquez y como número cuatro a Walter Ríos Montalvo. (En) el segundo nivel tendrían como apoyo tomar la fiscalía por intermedio de Gonzalo Chávarry y Tomas Gálvez, en el mismo nivel tomar fuerza en el poder judicial», señaló el colaborador eficaz.

Fernández, ante los medios de comunicación, asegura que el número del oficial se filtró en la lista de rastreados por «un error de redacción» de sus asistentes. Y que la medida fue anulada con un oficio enviado a la DIVIAC en el que pedía descartar los registros. Lo cierto, sin embargo, es que su suerte ahora se encuentra en manos de la Junta Nacional de Justicia y el Parlamento.