En la agenda de la sesión de la Comisión Permanente de hoy se encuentra la votación del dictamen titulado «Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna», también conocida como ‘Ley Chlimper 2.0’. La norma propone reducir al 15 % el Impuesto a la Renta (IR) que deberán pagar todas las empresas de este sector.

El actual régimen agrario indica que las empresas que generen anualmente menos de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT) pagarán 15 % de IR hasta el 2030, mientras que las que generan sumas mayores a ese monto, se encuentran en una reducción de impuestos gradual. Actualmente pagan 25 % de impuestos, y empezarán a pagar 29.5 % (régimen general) desde 2028 en adelante.

La nueva ley agraria, impulsada por la bancada fujimorista y presentada por la congresista de Fuerza Popular María Zeta Chunga, propone que toda empresa de este sector, sin importar sus ganancias, pague solo 15 % de impuesto a la renta hasta 2035. Es por esta razón que el proyecto ha recibido fuertes críticas de especialistas del sector agrario, quienes consideran que estamos ante una nueva ‘Ley Chlimper 2.0’.

El origen del nombre «Ley Chlimper» se remonta a septiembre de 2000, cuando el régimen de Alberto Fujimori dio una ley que daba una serie de beneficios tributarios a los agroexportadores. Uno de los beneficiados con la norma fue el propio ministro de Agricultura de entonces, José Chlimper Ackerman. La «Ley Chlimper» fue promulgada para durar 10 años, pero terminó estando vigente hasta el gobierno de Francisco Sagasti, en el 2021.

Visitantes y visitados

EL FOCO ha podido constatar que representantes de empresas agrícolas y gremios agroexportadores visitaron hasta en 32 oportunidades a parlamentarios y trabajadores del Congreso. Las reuniones con los legisladores se dieron entre agosto de 2024, un mes antes de que la congresista Zeta Chunga presente el proyecto de ley, y diciembre del año pasado, cuando la Junta de Portavoces acordó que la norma pase a la agenda del Pleno.

Entre los visitados están congresistas de las bancadas de Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Alianza por el Progreso (APP), Somos Perú (SP) y Podemos Perú (PP). Los parlamentarios Miguel Angel Ciccia (RP) y María Zeta Chunga (FP) fueron los más visitados, con 8 y 6 reuniones, respectivamente. Ambos votaron a favor del proyecto en la Comisión Agraria. El congresista Eduardo Castillo (FP), presidente de esta comisión, recibió a empresarios agrarios en cuatro ocasiones.

La Asociación de Gremios Productivos Agrarios del Perú (AGAP), que representa a más de 342 empresas agroexportadoras en el Perú, es la principal promotora del proyecto. Su presidente, Gabriel Amaro Alzamora, ingresó hasta en 15 ocasiones a los despachos de diferentes congresistas, sin contar las visitas oficiales que realizó en la Comisión Agraria. Amaro, quien entre el 2011 y 2016 fue gerente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), ha dado entrevistas a diferentes medios de comunicación solicitando el apoyo del Ejecutivo para esta nueva ley.

Otra asociación agraria que visitó el Parlamento en numerosas ocasiones fue Perú Justo y Orgánico. Jorge Raygada Távara, presidente de esta ONG, visitó en 11 ocasiones el Congreso, incluyendo al presidente del Parlamento Eduardo Salhuana. La asociación ha publicado en su página web que la "Ley de Transformación del Agro" forma parte de sus proyectos.

Raygada también es gerente de la Corporación Miraflores S.A. (Comisa), una cooperativa agraria de Piura. AGAP y Perú Justo y Orgánico firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en junio del año pasado, un mes antes de que se presente la nueva propuesta de ley agraria en el Legislativo.

Otras empresas agrícolas que podrían verse beneficiadas por la norma también se reunieron con miembros de la Comisión Agraria. Fueron un total de 7 representantes de 5 firmas o asociaciones gremiales agrícolas las que visitaron a otros parlamentarios.

Conflicto de intereses

Además de las numerosas visitas realizadas por representantes de gremios o empresas del sector agrario a congresistas, EL FOCO identificó un conflicto de interés relacionado a la nueva ley agraria. Se trata del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos.

Manero es esposo de Silvia Sofia Wong Wu, fundadora de una de las empresas agroexportadoras más grandes en el país: Sunshine Export SAC. La firma se dedica a la venta de mango y palta congelada a 16 países, y realizó exportaciones valorizadas en USD 9.6 millones entre enero y septiembre de 2023, según la Agencia Agraria de Noticias. De ser aprobada la nueva ley agraria, Sunshine Export SAC se vería directamente beneficiada con la reducción de impuestos a la renta que debe pagar por estas ventas.

A pesar del evidente conflicto de intereses, la cartera que preside Manero fue la única institución pública que se pronunció a favor de la nueva ley agraria. En un informe técnico remitido al presidente del Congreso Eduardo Salhuana, el Midagri concluyó que la norma es viable. Pero, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Instituto Peruano de Economía (IEP), han mostrado su rechazo a la propuesta. 

Entre los argumentos expuestos indicaron que las exoneraciones tributarias no son efectivas para el desarrollo del sector. "La evidencia en el Perú sobre los incentivos tributarios es clara: tienen poco o nulo impacto en el cumplimiento de sus objetivo" dice el informe técnico remitido por el IEP.

Eduardo Zegarra, doctor en Economía Agraria y Aplicada por la Universidad de Wisconsin, indica que los beneficios tributarios que alista el Congreso ayudaría a una pequeña cantidad de empresas agroexportadoras que concentran gran porcentaje de las ventas en el mercado. "El sector agroexportador está bastante concentrado. Unas 150 empresas concentran más del 80 % de las ventas y de las exportaciones. Por lo tanto, este pequeño grupo de empresas recibe más del 80 % del beneficio", dice Zegarra.

EL FOCO recogió los descargos de Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Agraria. El parlamentario fujimorista defendió la nueva ley agraria argumentando que, a pesar de que el MEF se pronunció en contra de la norma en su informe técnico, representantes de este ministerio asistieron a la comisión y sí apoyaron la norma. Castillo indicó que "políticos con temas ideológicos y con una narrativa mentirosa" son los que se oponen a esta norma, y que "no es una ley para la gran empresa".

Respecto a la versión de María Zeta Chunga, autora del proyecto de ley, su encargado de Comunicaciones dijo que no era posible hacerle una entrevista. El área de prensa de AGAP y Gabriel Amaro tampoco quisieron brindar declaraciones para esta publicación. Por su parte, el área de Comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario indicó a este medio que Ángel Manero tenía una agenda ocupada y no podría dar descargos.