La reproducción es un proceso biológico que compartimos con todo el reino animal, pero la paternidad —con su carga de presencia, amparo, cuidado y responsabilidad— es una construcción estrictamente simbólica, jurídica y social propia de la especie humana. Sin embargo, resulta profundamente paradójico que, mientras en la naturaleza silvestre existen comportamientos de cuidado intensivo por parte de los machos, en la sociedad humana hayamos naturalizado lo que podría llamarse el «privilegio del abandono». A diferencia de lo que ocurre en otras especies, la cultura patriarcal, seamos sinceros, le ha concedido históricamente al varón la facultad de decidir cuándo estar y cuándo evaporarse de la vida de sus hijos, dejando una huella de precariedad y sobrecarga en la vida de miles de familias.

Si observamos el reino animal, el compromiso de los machos con la supervivencia de su descendencia adopta formas asombrosas de inversión biológica y social. De acuerdo con la WWF, los machos de ciertas especias de ranas y sapos protegen a sus renacuajos manteniéndolos en sus propios hocicos o en bolsas corporales para garantizar su desarrollo a salvo de depredadores.

En el caso del mono tití león dorado, su dedicación es incluso más asombrosa: desde las dos semanas de nacidas las crías, el padre las carga en su espalda casi las 24 horas del día, entregándoselas a la madre solo cada dos o tres horas para que amamanten. Lo hacen hasta que cumplen las seis o siete semanas. Y cuando las crías empiezan a probar alimento sólido a la cuarta semana, la tarea del padre consiste en pelar y triturar plátanos para alimentarlas directamente con sus manos.  El amparo no es una opción afectiva sujeta a la buena voluntad del padre, sino una norma de preservación para estas especies.

En la sociedad humana, en cambio, hemos construido un modelo donde la paternidad queda supeditada al deseo, al estado de ánimo o a la simple conveniencia del varón. Y no estamos hablando de un tema de «percepción», como les encanta decir a los políticos. La misma presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha dicho anteriormente que somos un «país donde lamentablemente la irresponsabilidad paterna termina siendo uno de los principales problemas».

A diferencia de lo que ocurre en otras especies, la cultura patriarcal, seamos sinceros, le ha concedido históricamente al varón la facultad de decidir cuándo estar y cuándo evaporarse de la vida de sus hijos, dejando una huella de precariedad y sobrecarga en la vida de miles de familias.

Ahí están los datos oficiales que grafican la magnitud de esta deserción, que se traduce, por ejemplo, en una gigantesca sobrecarga para el Estado y el sistema de justicia. Los procesos por pensión de alimentos constituyen una de las mayores cargas procesales en los juzgados de familia del país. En el 2024, había 223 104 casos en proceso.

La necesidad de llevar a juicio a quien engendró a un niño para exigirle que cumpla con los gastos más básicos de alimentación demuestra el fracaso de la responsabilidad paternal voluntaria.  Otra muestra de esta crisis es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial, que actualmente está fuera de servicio. Pero según el Poder Judicial, en el 2025 llegó a tener más de 18 mil deudores alimentarios inscritos por haber incumplido de manera reiterada el pago de las pensiones establecidas por ley o por acuerdos judiciales.

La manutención se ha convertido así en un litigio permanente, donde las madres deben gastar tiempo, recursos y energía para arrancar al padre una contribución mínima para la supervivencia de sus hijos. Y no olvidemos a aquellas que no pudieron pagar el abogado. Las cifras que vemos, entonces, se quedan chicas.

Y pensemos también, por ejemplo, cuántos padres se niegan a firmar inicialmente a sus hijos en RENIEC. ¿Cómo llenamos esos huecos de información?

Quizá podamos obtener más luces si nos fijamos en lo que dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque lastimosamente, no contamos con data actualizada del último censo sobre la cantidad de madres que asumen en solitario el sostén de sus hijas e hijos menores de edad.

Pero el censo del 2017 fue algo más minucioso. Ese estudio reveló que el 84,3% de los hogares monoparentales eran conducidos por madres (645 032). El 63,7% de las madres de hogares monoparentales tenían hijos menores de edad. La razón principal de esa «monoparentalidad» no era la viudez (que llegaba a un 9%).

Por eso siempre me resulta angustiante y reveladora la postura de los sectores conservadores que en los últimos años han ganado espacio político bajo las banderas «pro-vida» o «por la familia». Porque existe una profunda contradicción entre el esfuerzo implacable por controlar el cuerpo de las mujeres e impedir la interrupción del embarazo —incluso en niñas y mujeres víctimas de violación— y la absoluta indiferencia respecto a lo que ocurre una vez que el niño nace y las madres deben hacerse cargo en soledad.

El censo del 2017 reveló que el 84,3% de los hogares monoparentales eran conducidos por madres (645 032). El 63,7% de las madres de hogares monoparentales tenían hijos menores de edad. La razón principal de esa «monoparentalidad» no era la viudez (que llegaba a un 9%).

En el Perú, estos mismos grupos han bloqueado y frenado la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, que buscan precisamente formar a niñas, niños y jóvenes en relaciones respetuosas, prevención de violencia, decisiones consensuadas y corresponsabilidad en el cuidado. Al censurar la información sobre salud sexual y reproductiva y oponerse a que los varones aprendan desde la infancia sobre el cuidado y el respeto mutuo, estos discursos no protegen a la familia; al contrario, perpetúan el machismo, la irresponsabilidad paternal y la vulnerabilidad de la infancia.

Un discurso que se autodenomina «defensor de la infancia» pero que no exige leyes eficaces para sancionar la deserción paterna, que ignora el hambre y el maltrato infantil en el hogar, y que ataca la educación sexual, se reduce a un ejercicio de control moral sobre la mujer. Cuando la sociedad y las instituciones obligan a nacer, pero abandonan al recién nacido a su suerte ante la violencia, la desnutrición o el desamparo del padre ausente, la supuesta «ética» del sistema no se diferencia mucho de las dinámicas de negligencia o abandono pasivo que tanto nos aterran en la naturaleza.

Para transformar esta realidad es indispensable transitar de una «ética del dominio» —basada en la jerarquía, el machismo, la indiferencia y la violencia— hacia una verdadera «ética del cuidado», de la justicia y de la inclusión. Involucrar a los hombres en la crianza activa desde el embarazo y los primeros años de vida no es un «favor» hacia las mujeres; es una exigencia de justicia social y un derecho de los niños a crecer en entornos seguros y afectivos.

Cuidar a la niñez exige construir un país donde la presencia, la manutención, el afecto y la protección de los hijos sean obligaciones legales e inflexibles, que realmente se cumplan y de manera oportuna.