Seis peruanos son asesinados cada día. Un homicidio se perpetra cada cuatro horas. 556 personas encontraron la muerte a manos del crimen en los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori. Estas cifras, recopiladas por Benjamín Durand de GPS Agencia, retratan la situación de la inseguridad en el Perú.

En su quinto día del gobierno, la presidenta anunció que las Fuerzas Armadas saldrían a las calles y protegerían el transporte público. El 8 de agosto, el Ministerio del Interior presentó el Plan Escudo, que protegería el transporte y desplegaría seguridad en los patios de operaciones de las empresas de microbuses.

¿Alguien recuerda hoy el Plan Escudo? ¿Su duración fugaz era parte del Plan? ¿Cuál es el verdadero plan de seguridad del gobierno?

El 7 de octubre, 71 días de inicio el nuevo gobierno, se anunció la creación del Comando Unificado contra la Criminalidad. En esa ocasión, la presidenta afirmó que se convocaría a las teleoperadoras y a Osiptel para atender integralmente los problemas de seguridad. A los bancos y la UIF para atacar las finanzas del crimen.

El día 86 del gobierno, el 21 de octubre, el Congreso le dio las facultades legislativas al Ejecutivo. El día 93 Fujimori viajó al El Salvador para traer buenas prácticas y lecciones aprendidas del gobierno de Bukele.

Cien días no son suficientes para resolver una crisis acumulada durante más de dos décadas. Sin embargo, son suficientes para establecer una estrategia, definir prioridades y construir indicadores públicos de cumplimiento. Y eso pareciera, hasta hoy, estar faltando.

¿Qué componentes debería tener una estrategia para combatir el crimen?

Primero, quitarle las comunicaciones al crimen. Resulta contradictorio fortalecer la presencia militar en las calles mientras las organizaciones criminales pueden continuar dirigiendo extorsiones desde los establecimientos penitenciarios. El bloqueo efectivo de comunicaciones ilegales debe convertirse en una prioridad verificable. Bukele convocó a las teleoperadoras y cortó de raíz ese problema en el día 25 de su gobierno. Si se trata de replicar una buena práctica de El Salvador, empecemos por esta.

Segundo, quitarle el dinero al crimen. La lucha contra las organizaciones criminales exige fortalecer la inteligencia financiera, identificar sus redes patrimoniales, congelar activos conforme a ley y afectar las economías que sostienen sus operaciones. Si los cupos se cobran a través de yapes, plines y cuentas bancarias; se hace urgente congelarlas y bloquearlas.

Tercero, tener un índice de organizaciones criminales. El crimen organizado tiene nombre y apellido. Sus líderes tienen un rostro, un DNI y cuentas bancarias en donde ven pasar su dinero mal habido. Identificar cuántas organizaciones criminales amenazan la democracia es clave. Cuántas hay en el Perú: ¿50? ¿100? ¿Cuántas en cada región del país? A partir de su identificación, la identificación de sus empresas fachada es más preciso, especifico y urgente. Necesitamos investigaciones que permitan identificar cabecillas, financistas, redes de protección y estructuras de reclutamiento. Capturar ejecutores sin desarticular las organizaciones produce resultados limitados.

Cuarto, reformar y depurar la Policía Nacional. No podemos combatir al crimen organizado mientras existan malos policías que lo protejan desde dentro. La reforma debe comenzar por identificar y separar, con respeto al debido proceso, a los efectivos vinculados a las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, debemos fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación criminal, hacer prevalecer la meritocracia y respaldar a los buenos policías.  No habrá una lucha efectiva contra el crimen sin una Policía que sea capaz de limpiar sus propias filas.

Finalmente, el Gobierno debe rendir cuentas. Los peruanos tenemos derecho a conocer, mes a mes, cuántos homicidios y extorsiones se registran, cuántas organizaciones criminales han sido desarticuladas, cuánto dinero se les ha incautado y qué resultados concretos están produciendo las medidas anunciadas.

La seguridad no se recupera solo multiplicando estados de emergencia, desplegando militares o anunciando nuevas cárceles. Se recupera cuando el Estado logra quitarles a las organizaciones criminales sus comunicaciones, su dinero, sus redes de protección y su capacidad de operar.

Cien días no son suficientes para derrotar al crimen organizado, pero sí para demostrar que existe una estrategia para hacerlo. El Gobierno todavía tiene la oportunidad de construirla, convocando a las instituciones y al sector privado alrededor de objetivos comunes.

El Perú no necesita otros cien días de anuncios, fotos y videos. Necesita cien días de decisiones que comiencen a quitarle poder al crimen. Porque recuperar el orden no consiste solamente en demostrar cuánto poder tiene el Estado, sino cuánto poder está perdiendo el crimen organizado.