Amparándose en el fallo del TC que lo limpió del caso «La Oroya», el prófugo jefe de Perú Libre pidió regresar como profesor en la Facultad de Medicina. La Oficina de Asesoría Jurídica denegó el pedido.
El autor del ataque es el ciberdelincuente “Gatito_FBI_NZ”, quien, desde el martes último, ofrece la información privada en el foro Breachforums.
Informes de Contraloría alertan que escuelas tienen paneles de vidrio al costado de canchas de fulbito y ductos de desagües que obstruyen ventilación de las aulas. También se encontró que las empresas constructoras cargaron a la cuenta de Estado gastos no previstos como alquileres de laptops y servicios de videos.
En Ica, 15 empresas se han adjudicado S/ 671 millones bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OXI). La mayoría de las compañías ganadoras no tienen trabajadores en planilla o inyectaron capital gracias a “Bonos de reconstrucción” que datan de los años 80′. Detrás de este club de empresas aparecen personajes vinculados al expremier Alberto Otárola. Todo ocurrió entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, gracias a una ley dada por el Congreso y bajo el paraguas de ProInversión, el organismo encargado de promover las OXI. El director ejecutivo de ProInversión durante el festín fue José Salardi Rodríguez, hoy ministro de Economía.
Desde diciembre Carlos Camacho Sánchez asesora al ministro del Interior en temas de comunicación y sería la persona que le dio a Santiváñez la pauta del reportaje de Cuarto Poder. Camacho está procesado por la Contraloría por cobrar tres órdenes de servicio sin tener título ni bachillerato.
Luz Ibáñez, una de las juezas que verá la denuncia contra Dina Boluarte por la violación de derechos humanos y los asesinatos de 49 ciudadanos cometidos durante las protestas del 2022 y 2023, fue madrina de una polémica maestría lanzada por el Gobierno. El estatuto de la Corte Penal Internacional prohíbe que sus jueces participen de actividades que pongan en tela de juicio su independencia.
Los árboles de varillales están desapareciendo. Su madera y la arena en la que se asientan son muy atractivas para el mercado de la construcción en Loreto. Hasta el momento se han perdido más de 260 hectáreas de bosque. Aunque hay denuncias, no existen sentencias por este delito de minería ilegal no metálica que acaba con este tesoro ecológico que solo existe en esta región amazónica del Perú.
