La PCM incumple medidas sanitarias y pone en riesgo a sus trabajadores

La entidad que dirige Walter Martos compró alcohol en gel sin registro sanitario y tiene en oficina a más empleados del aforo permitido, según la Contraloría.
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Tres informes elaborados por la Contraloría General de la República advierten una situación preocupante en la Presidencia del Consejo de Ministros: la entidad encabezada por el primer ministro Walter Martos no cumple con las medidas sanitarias para proteger a sus trabajadores frente a la pandemia de la COVID-19.

Los informes, a los que ha tenido acceso EL FOCO, son de julio y agosto último. En ellos, el organismo que dirige Nelson Shack lanza serias advertencias sobre lo que sucede al interior del ente que lidera la lucha contra la pandemia y se encarga de la coordinación entre los diferentes ministerios. Desde el 20 de agosto los informes de la Contraloría son de conocimiento del premier Martos.

La primera falla que detectaron los fiscalizadores de la Contraloría fue que los trabajadores de la PCM que retornaron a laborar desde mayo, de manera presencial y semipresencial, no pasaron por una prueba de tamizaje. Es decir, no se les preguntó si tuvieron síntomas o molestias que pudieran estar vinculados al COVID-19. Según los protocolos de Ministerio de Salud que regían en ese mes, la prueba de tamizaje era un paso necesario antes de aplicar a una persona la prueba rápida.

“De la entrevista selectiva efectuada al personal de la Presidencia del Consejo de Ministros (…) se ha evidenciado según manifestaciones que consta en Acta de entrevista que ni previo al retorno a sus labores y desarrollo de sus actividades y funciones, ni al inicio de las mismas se les aplicó un tamizaje para establecer si padecían o no de coronavirus”, dice el hito de control 020-2020, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría.

En el documento, la entidad fiscalizadora adjunta la lista de funcionarios de la PCM a los que no se le practicó la prueba de tamizaje. Entre ellos hay trabajadores de la Secretaría de Gestión Pública, de Gobierno Digital, de Recursos Humanos y de Gestión Social y Diálogo. Al haber incumplido con este procedimiento, según la Contraloría, la PCM estaría “generando riesgo del incremento de contagio de los trabajadores”.

Contraloría informa que los trabajadores no fueron sometidos a una prueba de tamizaje antes de retornar a sus labores.

La Contraloría también encontró que, durante la primera semana de agosto, en la PCM trabajaron más empleados de lo permitido por el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Según los protocolos, el personal que debía laborar de la manera presencial y semipresencial no debía exceder del 40%, sin embargo, esto no se cumplió. Así, en algunas oficinas laboraban de manera presencial y semipresencial hasta el 100% del personal. Ese fue el caso de la Oficina General de Administración (OGA) y la Secretaría de Integridad Pública, que dirigía la abogada Susana Silva Hasembark, quien esta semana asumió la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Se evidencia en el reporte de modalidad de trabajo del personal- Etapa Post Cuarentena, que el número personal que asiste bajo la modalidad presencial y mixta/semipresencial en conjunto exceden el porcentaje del 40% del total de trabajadores que viene prestando servicios por cualquier modalidad laboral o contractual establecido por la normativa legal vigente”, dice el informe de Contraloría.

Oficinas de la PCM superaron el 40% de aforo permitido por la pandemia del COVID-19.

En la PCM también hubo problemas de compras. El 29 de mayo pasado, la institución que dirige el premier Martos gastó S/ 45.734 en adquirir 950 botellas de litro y 480 galones de alcohol en gel. La Contraloría investigó la compra y detectó que el alcohol comprado por la PCM no contaba con registro sanitario de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) y fue hecha a una empresa que no registraba historial en contrataciones con el Estado en el rubro de productos sanitarios: Industrial Tello SAC.

Con las mascarillas, el otro artículo vital para luchar contra la COVID-19, también hubo inconvenientes en la PCM. Según la Contraloría, la institución de Martos no repartió el número suficiente de mascarillas que necesitaban sus trabajadores. La resolución 448-2020 del Ministerio de Salud estipuló que todo empleador debe proveer un mínimo de tres mascarillas semanales a sus trabajadores. ¿Qué hizo la PCM? La Contraloría sostiene que solo repartieron entre una y dos mascarillas a sus empleados.

Entre una y dos mascarillas quirúrgicas fueron repartidas al personal para continuar con sus labores en la PCM.

EL FOCO se comunicó con la oficina de Prensa de la PCM, donde confirmaron que tienen conocimiento de los informes elaborados por la Contraloría, el último de ellos les fue notificado el 20 de agosto. “Una vez recibido el citado informe, la PCM elaboró y presentó un Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones planteadas, el cual fue comunicado a la OCI formalmente el día 2 de setiembre del presente”, dicen desde la PCM.

En la institución que dirige el premier Martos, también sostienen que sí han hecho pruebas de tamizajes a sus trabajadores y que han aplicado 950 pruebas rápidas y moleculares. De igual forma, afirman que no han excedido el aforo permitido y que sí han cumplido con la distribución de mascarillas. Respecto a la compra de alcohol, los voceros de la PCM indican que “se ha procedido con el retiro de lote adquirido, en tanto se determine la idoneidad del alcohol en gel, para lo cual se viene gestionado el peritaje respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan”.

Luego de las respuestas de la PCM, la pregunta que cabe es: ¿Quién miente? ¿La PCM o la Contraloría? El último jueves 3, Martos Ruiz apareció ante cámaras junto al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, supervisando el lanzamiento del Plan “Fiscalizando por la Salud 2020”. El objetivo era “sensibilizar y orientar a los responsables de establecimientos comerciales y de transporte urbano para cumplir con las medidas de bioseguridad ante el COVID-19”. ¿Se habrá dado una vuelta el premier por sus propias oficinas?

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