El último lunes Petroperú desactivó su Comité de Integridad y Disciplina, el órgano encargado de atender las denuncias por falta éticas o corrupción que los ciudadanos presentaban contra funcionarios de la empresa estatal. El documento lleva la firma del gerente general Hugo Chávez Arévalo, quien es investigado por el Ministerio Público por otorgar en 47 minutos un contrato de USD 74 millones a HPO, la compañía de Samir Abudayeh, visitante del despacho presidencial.
El objetivo del Comité de Integridad y Disciplina de Petroperú era “garantizar la imparcialidad y objetividad en la evaluación de los casos o eventos irregulares denunciados, y velar por la resolución de las investigaciones”. Desde hace dos días, sin embargo, el comité ya no existe por decisión de Chávez, quien también está siendo investigado por borrar pruebas sobre el contrato a Abudayeh.
“Parece que lo que está sucediendo es que la gerencia general quiere asumir todos sus errores y eso es contra natura. La idea de este tipo de comités es que sean independientes y puedan fiscalizar a los distintos empleados de la empresa de manera independiente. (La desactivación del Comité de Integridad) implica la toma del control por parte de la gerencia general”, dice Eduardo Herrera, director del Comité Privado Anticorrupción.
La desarticulación del Comité de Integridad y Disciplina no es un hecho fortuito en Petroperú. Ocurre en medio de una serie de escándalos de corrupción y ausencia de transparencia. El último 2 de marzo, la reconocida firma de consultoría PwC se negó a realizar una auditoría, luego de que representantes de Petroperú exigieran integrar al contrato una cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo.
Y el martes 8, la agencia Fitch Ratings rebajó las calificaciones de Petroperú: de BBB a BBB-. PwC señaló que esta decisión se debía a la ausencia de transparencia financiera y el debilitamiento de la gobernanza en la empresa estatal, que quedó evidenciado en el retraso significativo en la auditoría financiera de fin de año de 2021.
En medio del caos, el 3 de marzo Chávez Arévalo envió un oficio a sus subordinados para “recordarles” que quedaba «terminantemente prohibido la grabación sin consentimiento expreso de todas las reuniones presenciales y virtuales que se lleven a cabo entre funcionarios y trabajadores de la empresa». El gerente general de la petrolera estatal indicó también en el comunicado que, de ser el caso, se consideraría una prueba ilícita que vulnera la legalidad procesal.
EL FOCO se comunicó con el área de Prensa de Petroperú para recoger un comentario para esta nota. Sin embargo, al cierre de esta edición, no brindaron respuesta.