En el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se ha desatado un fuego cruzado. La Procuraduría y el Órgano de Control, los máximos órganos fiscalizadores del ministerio, se encuentran arrinconados por diversos oficios enviados por Paul Jaimes Blanco, secretario general, y Frank Puyen Guzmán, director de la Oficina de Abastecimiento, que buscan impedir las investigaciones que se vienen realizando al interior de la cartera que dirige Óscar Zea Choquechambi.
A inicios de abril, el Órgano de Control Interno (OCI) del Midagri emitió un oficio en el que observaba la idoneidad de Paul Jaimes para ser secretario general. Según determinó la OCI, Jaimes no contaba con los cinco años de experiencia específica que se requerían para el puesto. Frente a ello, Jaimes pidió a la OCI “reevaluar” la investigación porque no habían tomado en cuenta el tiempo en el que fue asesor del despacho congresal del ministro Zea y del exparlamentario Wálter Rivera.
Lo llamativo del pedido es que Paul Jaimes colocó al final del documento que, si la OCI no rectificaba el sentido del informe, «acudiría a las distintas instancias legales». En pocas palabras, el secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario lanzó una clara amenaza a la jefa del órgano del control de la institución, María Mongó Díaz, para que le dé la razón.
Esta no ha sido el único intento de intimidación que ha tenido lugar en el Midagri. Situación similar ocurrió contra la Procuraduría del ministerio. Luego de que el programa televisivo “Al estilo Juliana” publicó que el secretario general Paul Jaimes autorizó la compra de un sofá cama y una almohada para su despacho, la procuradora Katty Aquize Cáceres solicitó información para evaluar el caso.
La respuesta del jefe de la Oficina de Abastecimiento, Frank Puyen Guzmán, fue increíble: la procuradora no podía hacer ese tipo de pedidos. Puyén así lo hizo saber el 8 de abril en un oficio que envió dirigido a la Oficina General de Asesoría Jurídica. En el documento, el director designado por Óscar Zea señaló que las noticias periodísticas no eran denuncias, y que los hechos difundidos no afectaban directamente al Midagri.
Puyén también indicó en el oficio que la Procuraduría estaría “incurriendo en el delito de usurpación de funciones”, pues sus solicitudes eran ajenas a sus funciones, y que, por lo tanto, el secretario general debería “evaluar» la actuación de la procuradora Aquize. La respuesta de la Procuraduría ha sido que la carta de Puyén es una amenaza a su independencia como organismo fiscalizador.
“A lo largo de mi trayectoria en la defensa jurídica del Estado es la primera vez que se niega la entrega de información y documentación que tiene carácter público y solicitada en el marco legal de mis funciones (…), lo que consideramos como un intento de amedrentamiento y hostilización”, indicó la procuradora Katty Aquize en un oficio dirigido a Puyén.
EL FOCO intentó comunicarse con el área de Prensa del Midagri para recoger comentario para este informe, pero, al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.