El 10 de mayo, el Gobierno publicó un decreto supremo que amplió la cobertura en salud mental en el Plan Esencial de Aseguramiento (PEAS). La norma incluyó como condición asegurable al “transexualismo” y diagnósticos asociados, como el “trastorno de la identidad de género en la niñez” y el “travestismo del rol dual”. El Ministerio de Salud (Minsa) había recurrido al capítulo de trastornos mentales y del comportamiento de la penúltima clasificación de enfermedades (la CIE 10), aún vigente en el país.

El decreto generó el rechazo inmediato del activismo y de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al Colegio Médico, el Colegio de Psicólogos y la Asociación Psiquiátrica Peruana. Según informó el Minsa, la ampliación se hizo ante la consulta de una aseguradora privada para tener una condición que sustente algunos procedimientos, como el tratamiento hormonal para personas trans. 

Por décadas, las personas trans y diversos profesionales de la salud en el mundo pidieron retirar las categorías asociadas al “transexualismo” de la CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades). Se denunciaba que se estaba clasificando a las personas trans como enfermas mentales, solo por el hecho de ser transgénero, tal como se hizo con las personas homosexuales hasta 1994. En su lugar, se pedía un enfoque que priorice el bienestar y necesidades de salud.

En el 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró el transexualismo y las categorías asociadas de su nueva clasificación, el CIE 11, vigente desde el 2022. Años antes, el 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría había hecho lo mismo en su manual de enfermedades mentales. En su reemplazo, la OMS definió la “discordancia de género”, ya no como una enfermedad, sino como una condición asociada a la salud sexual. Esto último, para permitir la cobertura y aseguramiento de algunos procedimientos como las terapias hormonales.

El problema del acceso a la salud

Múltiples investigaciones, tanto nacionales como internacionales, muestran que la falta de acceso a servicios de salud es una de las principales brechas en personas trans. “Los datos muestran que, con mayor acceso, las personas trans tendrán mejor salud”, dice Sari Reisner, especialista en salud mental y profesor de la Universidad de Michigan.  En el 2016, un informe de la Defensoría del Pueblo señaló como principales obstáculos: la ausencia de reconocimiento legal de la identidad trans, la falta de seguro o las experiencias de discrminación en servicios. “Las barreras al cuidado pueden llegar en algunas personas al suicidio”, dice Reisner. “La vida de la gente está en juego”.

Las investigaciones tambien muestran que la discriminación sostenida aumenta las tasas de depresión, ansiedad o suicidio. El 60% de participantes de un estudio que completamos el 2023 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), con mujeres trans adolescentes y jóvenes de Lima, había tenido alguna experiencia de violencia en su vida relacionada a su identidad de género. Una de cada cinco tenía síntomas de estrés postraumático y una de cada diez había intentado quitarse la vida en los últimos seis meses.

El problema no son las identidades en sí mismas, sino cómo la sociedad clasifica y trata a determinados grupos de personas. Según el decreto, las personas trans tendrían un diagnóstico de enfermedad mental en su historia clínica, si quisieran acceder a algunos procedimientos a través de seguros.

“Es un consenso que las personas trans no queremos hormonas si nos la van a dar teniendo que reconocer que somos enfermas mentales”, dice Gianna Camacho, activista y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos LGBT. “Así no las queremos”. 

Respuesta

Las organizaciones de activistas realizaron dos plantones frente al Ministerio de Salud en contra del decreto. Exigieron la derogatoria. El Colegio Médico, de Psicólogos y la Asociación Psiquiátrica Peruana pidieron la rectificación de la medida en diversos comunicados. “Mis derechos no son una enfermedad” decían las pancartas frente al ministerio.

La medida generó titulares en los principales medios del mundo, señalando que el gobierno peruano había decretado que las personas trans eran enfermas mentales. A los dos días de publicada la norma, el Minsa sacó un comunicado en redes sociales donde remarcaba que “la orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituye, en sí mismas, trastornos de la salud”. El decreto supremo que publicaron decía otra cosa.

Se había generado en la opinión pública una discusión sobre un tema que, en principio, estaba superado. Camacho explica que el decretó validó los discursos transfóbicos de grupos ultraconservadores en redes sociales.

La resolución

La alta dirección del Minsa convocó a activistas y académicos para explicar que la motivación del decreto era ampliar la cobertura en salud mental. Remarcaron que estaban en contra de la patologización. La sociedad civil señaló que la norma era discriminatoria y que promovía el estigma contra las personas trans.

A inicios de junio, el Minsa ofreció una salida: la eliminación del uso de los códigos relacionados al transexualismo en el Perú. De esta forma, el decreto supremo en disputa quedaba sin sustento técnico y debía ser modificado. Para no perder la cobertura que se había buscado con la medida inicial, se incluirían otras categorías que no fueran diagnósticos de salud mental y permitieran el aseguramiento. El Colegio Médico y la Asociación Psiquiátrica colaboraron en la identificación de estas últimas.

El último lunes 24 de junio se publicó la Resolución Ministerial 447-2024/MINSA que propone enfermedades y condiciones para el uso de prestadoras públicas, privadas y mixtas y elimina otras. La lista es larga e incluye diagnósticos de diversas especialidades.

Se han eliminado al transexualismo y travestismo como trastornos de salud mental. En su reemplazo, se incluye la discordancia de género en la adultez y la infancia, como una condición y no como enfermedad. El Decreto Supremo 009-2024-SA ya no puede ser aplicado y el Gobierno debe generar una norma que lo reemplace.

“Nos cambian de categoría, de salud mental a salud sexual y en principio lo estamos aceptando” dice Camacho, en referencia a la resolución. El activismo seguirá exigiendo la derogatoria del decreto de mayo. Al mismo tiempo, le pedirán al Minsa la difusión de la norma. “Que tanto el personal médico a nivel nacional, como la ciudadanía en general, empiecen a tener conciencia de que las personas trans no tenemos trastornos mentales per se”, dice Camacho.

*Alfonso Silva Santisteban es director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estuvo en algunas de las reuniones con funcionarios del Minsa mencionadas en el artículo.