Las deudas de las empresas de Rafael López Aliaga con el Estado peruano no son solo con la Sunat. La compañía Ferrocarril Transandina (Fetransa), donde el líder de Renovación Popular tiene el 50% de accciones a través de su empresa Peruval Corp, evitó pagar  al Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC) S/ 4.5 millones.

La historia de esta deuda se remonta al 2018, cuando una auditoría encargada por el Ositrán, detectó que Fretansa ocultó al Estado peruano ingresos por S/ 12.8 millones y con eso dejó de pagar tributos por S/ 4.5 millones. Frentansa es mitad propiedad de López Aliaga y mitad de la cadena hotelera multinacional Belmond Ltd.

Desde 1999 Fretansa es concesionaria de las vías férreas Cusco-Machu Picchu y ​​Cusco-Arequipa-Puno. Su contrato, dado por el régimen de Alberto Fujimori, estipula que debe pagar una “Retribución al Estado Principal”, especie de tributo anual, ascendente al 37.25% del total de sus ingresos brutos.

La auditoría que encargó el Ositrán encontró anomalías en las cuentas de Fretansa en el 2014. Ese año Fetransa reportó ingresos por S/ 48.9 millones, pero la autoría encontró que en realidad fueron S/ 61 millones.

Los S/ 12.8 millones de diferencia se debieron a que la compañía de López Aliaga no reportó los ingresos que habían percibido por el alquiler de un área del centro comercial de la Estación Wanchaq, la cual fue entregada en concesión a Fetransa, a la empresa Gemma Negocios SAC. Se trata de tres pagos de S/ 6.4 millones, S/1.8 millones y S/4.5 millones.

En el informe del Ositrán también se encontró “operaciones similares” entre el 2009 y 2011. El monto que Fetransa habría dejado de pagar en ese periodo fue de S/ 3.5 millones. El documento precisa que el monto no se ha verificado al detalle porque no corresponde al periodo de la auditoría.

Según la cláusula 21.1.11 del contrato que firmó Fetransa con el Estado Peruano, si el concesionario registra deudas con el MTC la consecuencia es la anulación del acuerdo. El excongresista cusqueño Armando Villanueva, que en 2019 investigó la concesión de PeruRail y los servicios turísticos de la ruta Cusco – Machu Picchu en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, así lo anota.

“Esta deuda pendiente, más aún si no se ha pagado hasta la fecha, debiera merecer el cumplimiento de lo establecido en el contrato. En los contratos se establece el inicio de los trámites de caducidad ante incumplimientos como estos, que se habrían detectado en la auditoría del 2014”, dice Villanueva.

La consejera regional del Cusco, Luz Marina Casafranca, sostiene lo mismo: “Precisamente, en el artículo que se establece, señala que, son causales incluso de cancelación de la concesión. Debían haber activado los mecanismos administrativos, legales, para que proceda una de las cláusulas del contrato que dice en caso de incumplimiento (…), sería causal de cancelación de la concesión”.

La auditoría del 2018, sin embargo, apenas recomendó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Ositrán que solicite a Fetransa cumplir con el pago de los S/ 4.5 millones. También dijo que la deuda debió pagarse el 20 de enero del 2015 y que su incumplimiento tiene una penalidad del 5% de los ingresos brutos del mes anterior de la empresa concesionaria. 

EL FOCO solicitó conocer, por Transparencia y por el área de Prensa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si Fetransa cumplió con pagar la deuda. Hasta el cierre de este reportaje no hemos hubo respuesta.