La bancada de Fuerza Popular ha contratado como asesores de sus diputados y senadores al hijo del ministro de Justicia, a una exfuncionaria de Migraciones vinculada con la fuga de César Hinostroza, a una condenada por intentar quemar a su expareja, a cuatro excongresistas y cinco personajes con antecedentes penales o policiales.
Jair Ramírez, postulante con el número 12, tiene tres denuncias por violencia familiar puestas por tres mujeres distintas. Hay también candidatos denunciados por estafa, extorsión y manejar en estado de ebriedad.
Se trata de Fetransa, concesionaria de la vía férrea Cusco-Machu Picchu, donde el candidato presidencial tiene el 50% de acciones vía su empresa Peruval Corp. Auditoría del Ositrán del 2018, hasta hoy escondida, revela que Fetransa ocultó ganancias por S/ 12.8 millones y, por lo tanto, dejó de pagar S/ 4.5 millones en tributos al MTC.
Detrás de la persecución judicial contra el defensor ambiental Edivar Carrasco de la Reserva Ecológica de Chaparrí se encuentran EWS Tinajones SAC, una empresa de dos sobrinos de Erasmo Wong, y personajes vinculados al tráfico de tierras en Chiclayo.
Optimus Security obtuvo S/ 44 millones cuando Morán eran ministro del Interior y luego lo contrató como asesor. Segumax Táctica y RC Resguardo, donde el exministro fue apoderado y consejero, respectivamente, se hicieron de contratos por S/ 195 millones gracias a que revalorizaron un “bono de reconstrucción” de 1983.
El exclusivo centro de esparcimiento, que alberga yates valorizados en USD 10 millones, draga sin permiso de la DICAPI y ha ocasionado la desaparición de la biodiversidad marina. El Lima Marina se benefició de resoluciones dadas por el expresidente Alan García y el exalcalde de Barranco, Martín del Pomar, y ambos terminaron como socios del club.
Una víctima de violencia sexual ha denunciado a su agresor: su propio abuelo, José Rengifo Tenazoa, líder de la Iglesia Evangélica Bautista Maranatha, de San Juan de Miraflores.
