Este lunes 25 vence el plazo para que el Ministerio Público decida si archiva o formaliza la investigación por lavado de activos contra Rafael López Aliaga, líder del partido político Renovación Popular y candidato a la alcaldía de Lima. La decisión está a cargo de la fiscal de Yovana Mori García, quien investiga a López Aliaga debido a que su nombre y sus empresas aparecen en el caso internacional de empresas offshore Panama Papers.
Aunque el excandidato presidencial está familiarizado con los juicios, esta vez la acusación va directamente contra él y el núcleo de su millonario patrimonio. La investigación del Ministerio Público contra López Aliaga lleva más de cuatro años y el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha ordenado a la fiscal Mori (no confundir con la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori) que tome una decisión sobre el futuro penal del aspirante a la alcaldía de Lima.
El caso Panama Papers fue una megainvestigación periodística que reveló un sin número de empresas offshore creadas por la firma panameña Mossack Fonseca y que funcionaban en paraísos fiscales. Los solicitantes de esas compañías eran millonarios empresarios y personalidades políticas de todo el mundo. Uno de ellos fue Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, el cual figura como accionista de dos empresas en Nevada (EE. UU.) y Las Bahamas, de nombres Acres Investment LTD y Acres Investment International LTD.
Debido a esta revelación, el 28 de agosto de 2017 el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el delito de lavado de activos contra el líder de Renovación Popular y otras cinco personas. Estas eran Rui Baracco Lira, accionista de la empresa Paga Investment, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas; Mónica De Ycaza Clerc, representante de Mossack Fonseca en Perú; y Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, dueños de la firma. Posteriormente en el 2019 se incluyó a Jimena Burmester Yañez, pareja de Baracco Lira.
La investigación la asumió la fiscal Yovana Mori García, del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Ha transcurrido más de cuatro años del inicio de la investigación y el caso sigue en su fase de diligencias preliminares.
Durante todo este tiempo, la defensa de López Aliaga, a cargo del estudio Alarcón Abogados, ha puesto diversos recursos legales para acelerar una decisión del Ministerio Público. La defensa acusa a la fiscalía de vulnerar el debido proceso al extender «innecesariamente» el plazo de las diligencias preliminares, por lo que intentaron convocar a numerosas audiencias de control de plazo, de las cuales todas, excepto la última, fueron rechazadas.
Fue el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria que, el último 30 de marzo, se pronunció de que se han dado cuatro plazos adicionales a la fiscal Mori, y ella sigue sin pronunciarse sobre archivar el caso o pasarlo a fase preparatoria para juicio. En audiencia el Ministerio Público dijo que su pedido era justificado por tener que solicitar información a través de la Oficina de Cooperación Internacional, y por la necesidad de hacer el balance patrimonial de López Aliaga y los otros acusados.
Otra de las razones por la que demoró la investigación según el despacho de la fiscal Mori, es que la defensa de López Aliaga en reiteras veces se ha opuesto a que se realice un peritaje completo a las finanzas del candidato a la alcaldía de Lima. El Ministerio Público tampoco ha estado libre de polémica en este caso. El 25 de abril de 2021, el portal Ojo Público alertó de un hecho insólito de la fiscal Mori, quien les envió 13 oficios a su redacción «amenazando con incautar base de datos de los Panama Papers».
La fiscal aparentemente ignoraba el hecho de que un medio periodístico, a pesar de haber sido parte de la colaboración internacional que publicó en simultaneo la historia, no es dueño ni administrador de la información. EL FOCO buscó un comentario de la defensa de López Aliaga y de la fiscal Mori para este informe, pero ninguno aceptó.