JP es chofer de bus desde hace 30 años en la empresa de transporte Corazón de Jesús, que cubre la ruta de San Martín de Porres a Magdalena. Prefiere no dar su nombre, pero muestra su uniforme, mientras arenga junto a sus colegas. Sale a trabajar a las 5 de la mañana y suele volver a las 10 de la noche. En un buen día, cuenta JP, puede hacer S/ 120, pero lo usual son S/ 80. Desde hace una semana JP no sale a trabajar.

A fines de agosto, llegó una carta a la compañía, exigiendo un pago de 250 000 soles a cambio de no atentar contra la empresa ni sus choferes. JP y  sus colegas conversaron con el dueño de la ruta y decidieron pagar para evitar problemas. Cada chofer y cobrador pondría 15 soles por día y el dueño completaría lo faltante.

Cuando el dueño de la ruta llamó al número anotado en la carta, nadie contestó. El 11 de septiembre por la noche, unos desconocidos dispararon a la fachada del local y a algunas unidades. La empresa dejó de operar por temor a que pudieran asesinar a algunos de los trabajadores.

Ser transportista en Lima es un trabajo violento. Sin estabilidad laboral, disputan la paga del día, pasajero a pasajero, en jornadas diarias que pueden durar 17 horas. Algunos acumulan miles de soles en papeletas y suelen estar en conflicto permanente con la Autoridad de Transporte Urbano.

Un estudio del 2014 de la Universidad Cayetano Heredia mostró que uno de cada cuatro choferes tenía síntomas clínicos de ansiedad. Uno de cada ocho: síntomas en la semana previa de un episodio depresivo mayor. Y tres de cada cuatro: problemas con el alcohol. Las condiciones de trabajo no han cambiado en la última década. Lima es una ciudad que parece rehusarse a tener un transporte público digno.

A esta situación se le suma ahora el miedo a morir. En menos de un mes fueron asesinados los transportistas Jair Chuquimia, Rutman Berríos, José Luis Ontiveros y Jorge Ríos. Este último por no pagar un cupo de siete soles al día. Frente a la escalada de violencia, los transportistas decidieron parar hoy, jueves 26, demandando acción al Gobierno de Dina Boluarte. Decenas llegaron desde las 7 de la mañana a la Plaza de Acho para movilizarse hacia el Congreso.

Otro grupo caminó desde Lima Norte y San Juan de Lurigancho. Varios de los asistentes cubrían sus rostros con mascarillas y capuchas por temor a ser reconocidos por quienes les cobran un cupo. Todos pedían el cese de la violencia.

“Tenemos hijos y tenemos que seguir trabajando por ellos”, dice Luisa Cerdeña, cobradora que trabaja junto con su esposo en una cúster con paradero en Flor de Amancaes, en el Rímac. Luisa y su marido salen a trabajar todos los días a las 5 de la mañana.

“La delincuencia se ha empoderado, ya no le importa la policía”, dice Julio Carlos García, presidente de la Asociación Nacional de Mototaxis del Perú, quien acudió a la marcha en apoyo. Explica que la extorsión también es generalizada entre los mototaxistas.

“Queremos decirle al Estado que el tema de extorsión y cobro de cupos no es solo una percepción. Es una realidad”, dice García. Se queja de la Policía, que conoce la situación, pero no actúa. “Estamos cansados ante tantas muertes”.

La sensación de inseguridad y desconfianza en el transporte ya no solo es de los usuarios. “Estoy pendiente de los retrovisores, de quien sube o no”, dice Pablo Colmenares, chofer venezolano. En Alcázar, su barrio en el Rímac, extorsionan también a los bodegueros y dueños de restaurantes. “A todo el mundo están extorsionando ahorita”, dice.

Colmenares llegó a Lima hace seis años y es chofer desde hace cuatro. Es consciente de que muchas de las bandas son integradas por connacionales y del perjuicio que eso le genera. “Vienen a perjudicarnos a nosotros, a ganarse la plata fácil, jodiendo a los que de verdad están trabajando, sacrificándose”.

Aunque la asistencia a la marcha no fue masiva, el paro de transportistas en Lima fue general. Por la mañana, solo se veían buses del Metropolitano y de los corredores, junto con algunos autos haciendo de colectivos. La ausencia de buses de empresas fue notoria. 

Tres dirigentes entraron al Congreso para dejar un petitorio. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, pidió que se tipifique al delito de extorsión como terrorismo urbano y que sean las Fuerzas Armadas las que respondan a la inseguridad en el transporte.

El martes 24, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció una serie de medidas para abordar el tema. Dentro de estas estaban: crear un equipo especial de la policía contra la extorsión, camuflar policías de civil en los buses y formular un proyecto de ley que castigue con cadena perpetua el delito de extorsión y sicariato.

En agosto, el Congreso promulgó la ley 32108 que modificó la definición del delito de organización criminal y dejó afuera a la extorsión. Los especialistas coinciden en que esta medida ha propiciado la sensación de impunidad entre los delincuentes. Dina Boluarte no observó la ley.

Los transportistas seguirán protestando hasta que no vean de parte del Gobierno lo que consideran un compromiso real y, sobre todo, hasta que no cese la violencia. “Mientras esto siga así, no se puede trabajar tranquilo”, dice Colmenares.

“¿Van a poner a un terna en todos los buses, todo el día? ¡Por favor!” dice JP, dudando de las propuestas de Santiváñez. El temor y el hartazgo entre los transportistas es generalizado. Cuatro asesinatos en cuatro semanas fueron demasiado.