LA RUTA MANCHADA
DEL COBRE
Mientras las minas Quellaveco y Antamina abastecen del metal rojo a la firma alemana Aurubis AG, niños en Ancash y agricultores en Moquegua tienen metales pesados en sus organismos y sus ecosistemas están contaminados. Aurubis AG estaría incumpliendo la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro que obliga a las empresas alemanas a no violar derechos humanos ni ambientales en todo su sistema productivo.
Reporteo e investigación: Alessandra Rozas
Fotos y videos: Juan Zapata
Cada día, millones de personas en Europa encienden sus teléfonos, cargan sus laptops y utilizan autos eléctricos sin saber que sus productos contienen cobre procesado por Aurubis AG, la mayor metalúrgica de Alemania.
Los consumidores también desconocen que el cobre que hay en sus equipos proviene de dos minas ubicadas en Perú, a más de 11 mil kilómetros de distancia. Se trata de los proyectos Antamina, en Ancash; y Quellaveco, en Moquegua.
Las operaciones de ambos proyectos estarían contaminando ecosistemas y poniendo en riesgo la salud de comunidades peruanas, según informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Este hecho representaría una infracción a la ley alemana de Cadena de Suministro, que obliga a las grandes firmas de este país a velar por los derechos humanos y ambientales en toda su cadena productiva.
Aurubis es una empresa valorizada en USD 4 800 millones y procesa 2.4 millones de toneladas de concentrados de cobre anualmente.
De acuerdo a la base de datos de la plataforma Veritrade, en los años 2023 y 2024 esta multinacional alemana importó al menos 70 932 toneladas de concentrado de cobre de Antamina —ubicado en Ancash y gestionado por las empresas Glencore, BHP, Teck Resources y Mitsubishi Corporation— y de Quellaveco —situado en Moquegua y operado por Anglo American y Mitsubishi Corporation.
EL FOCO accedió a informes de SUNAT y Aduanas que confirman la información del portal Veritrade: en 2023, Aurubis realizó 5 importaciones de concentrado de cobre peruano; y 2 en 2024. Las exportaciones pasaron por aduanas de Ilo, en el caso del mineral extraído de Quellaveco, y Chimbote, en el caso de Antamina.
Antamina y los niños con arsénico
César Ojeda aún recuerda el día en que se enteró que doce miembros de su familia tienen altos niveles de arsénico en sus cuerpos.
«Primero, ocho de mis nietos resultaron contaminados con arsénico. Luego dos de mis hijas se sacaron pruebas y salieron positivo. Mi nuera y mi yerno también tienen arsénico», cuenta.
Ojeda vive junto a su familia en el Asentamiento Humano Puerto Huarmey, a 2 km de Punta Lobitos, puerto construido en el 2001 por Antamina para exportar concentrados de cobre y zinc. El puerto está dentro del distrito de Huarmey, en la costa de Ancash.
A 225 kilómetros está el proyecto Antamina, en el distrito de San Marcos. Se trata de una de las minas de extracción de cobre más grandes y productivas del Perú. En 2024 alcanzó una producción de 428 mil toneladas del metal rojo, equivalente al 16.5% del total nacional. A nivel global, figura entre las diez minas de cobre más importantes del mundo.
El mineral viaja desde San Marcos a Punta Lobitos mediante un mineroducto. Punta Lobitos cuenta con una estación de descarga de concentrados de cobre y zinc, una planta de filtrado y secado, un almacén de concentrados y un muelle desde el cual se realiza la carga a los buques.
Un informe de noviembre de 2024 publicado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) encontró altas concentraciones de cobre y zinc al noreste de Punta Lobitos. El OEFA también concluyó que hay dispersión de partículas minerales.
El informe encontró polvo sedimentado con zinc, cobre, plomo, arsénico, estaño molibdeno, selenio y cadmio similares a las de la planta de Antamina en los techos de las casas de Huarmey.
La contaminación no se limita al aire. El OEFA también concluyó que el agua subterránea del acuífero Cascajal, utilizado para abastecer a Huarmey, presenta valores de conductividad eléctrica y concentraciones de cloruros, sulfatos y metales (arsénico, boro, hierro, magnesio, níquel y selenio) que superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).
Jesús Ascencio, presidente de la Junta Vecinal de Puerto Huarmey, cuenta que, desde la instalación de Punta Lobitos, el agua potable de su casa empezó a oscurecerse.
«Sedapal nos abastecía de un agua oscura, un agua negra, color café. Y esa agua la hemos estado consumiendo. Es más, nosotros no podíamos lavar la ropa blanca, porque lo percudía la ropa. Por eso tengo ya casi cuatro años consumiendo agua embotellada. Hay personas de escasos recursos que no pueden hacerlo», cuenta.
En 2023 Ascencio recibió la noticia de que sus dos hijas, de 9 y 7 años, tenían altos niveles de arsénico en la orina. El líder vecinal viajó a Lima con sus propios recursos para buscar tratamiento para ellas. Los médicos le indicaron que los altos niveles de contaminación de sus hijas se debían al puerto de Antamina y que debía retirarse de Huarmey para cuidar la salud.
«La doctora nos dijo que el nivel de arsénico de mis hijas es demasiado para personas que no son trabajadores de una mina. ‘¿Y a qué distancia de la mina están ustedes?’, nos preguntó. ‘Estaremos a medio kilómetro de la planta de filtrado de Antamina’, respondí. Me dijo: ‘Usted y toda su comunidad tiene que retirarse porque la contaminación está fuerte para ver un índice tan elevado'», cuenta Ascencio.
Las familias Ojeda y Ascencio no son las únicas afectadas. Un estudio de la Dirección Regional de Salud de Ancash (Diresa) del 2023 encontró que el 88 % de personas analizadas en Puerto Huarmey tuvieron concentraciones de arsénico superiores al valor de referencia para personas no expuestas a metales pesados. El índice más alto fue de 324.18 ug/g creatinina, medida utilizada para expresar la cantidad de una muestra en orina, equivalente a 16 veces el límite permisible.
Luego de la publicación del informe de la Diresa, la población se organizó y creó un Comité de Salud para exigir tratamiento médico y acciones al Gobierno Regional de Ancash y al Ministerio de Salud.
María Estela Rojas, presidenta del comité, denuncia que, si bien la Diresa de Ancash ha seguido tomando muestras a pobladores del distrito, no existe un plan ni especialistas que traten a los afectados.
«Desde el año 2023 solamente se atendió a un grupo de niños en el Hospital del Niño, y a un grupo de madres gestantes en el Hospital Cayetano Heredia, pero fue por presión del comité de salud que se logró. De ahí hasta el momento no hay ni un niño que se le haya atendido o que tenga su tratamiento. Por ejemplo, mis 3 nietas que tienen arsénico no han sido tratadas hasta ahora», indica Rojas.
«¿Quién nos respalda a nosotros? ¿Quién ve por nuestros niños? Esto es desesperante. Quisiera que los hijos de los congresistas, los hijos de los presidentes estén aquí en mi situación, para que vean lo que se siente. Esto es una masacre que le están haciendo», denuncia César Ojeda.
Beatriz Cortez, miembro del área legal de Red Muqui, indica que se estarían violando al menos tres derechos fundamentales de los pobladores de Puerto Huarmey.
«Hay una gravedad en la afectación a su salud porque se viene desarrollando un patrón de enfermedades. Lo segundo es que se está vulnerando el derecho al agua limpia y segura. Tercero, es el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. No podemos hablar de derecho a la salud humana, si no protegemos la calidad del ambiente. Están directamente vinculados2, dice Cortez.
Quellaveco y la agricultura contaminada
Damián Mamani Ticona pertenece al 80 % de familias moqueguanas que se dedican a la agricultura. Sus parcelas, donde planta habas verdes y palta, dependen del agua del río Tumilaca. Sin embargo, desde que una mina se instaló en la cuenca del río, Mamani ha notado una grave afectación a su producción agrícola.
«Nos sentimos indignados. En la cabecera del río Tumilaca está la mina de Quellaveco. Desde hace tres años, la agricultura ha bajado en 50 %. Y así dicen que la mina con la agricultura van de la mano. Eso es algo ilógico», indica el agricultor.
Quellaveco es un proyecto minero de extracción de cobre y molibdeno ubicado en el distrito de Torata. Se trata de una mina a tajo abierto que opera desde el 2022 y le pertenece a la británica Anglo American en sociedad con la japonesa Mitsubishi Corporation.
A pesar de tener tres años en funcionamiento, el proyecto se ha posicionado como uno de los productores de cobre más importantes a nivel nacional. En 2024 fue la quinta mina que más cobre produjo, con una participación de 11.2% a nivel nacional.
La situación que atraviesa Damián Mamani es la de muchos otros agricultores en el valle de Tumilaca. Un informe del OEFA de 2024 indicó que, entre el 2018 y 2023, hubo un incremento en la concentración de cobre y molibdeno en las plantaciones de orégano del Centro Poblado Alto Tala, que se encuentra cercano al yacimiento de Quellaveco.
La concentración de cobre fue tan alta que fue calificada como tóxica por el OEFA. El organismo afirmó que Quellaveco generó material particulado sedimentable con altas concentraciones de metales.
El río Tumilaca no solo abastece de agua para la agricultura, sino de él beben centros poblados de la zona. Un informe publicado en 2022 por la Dirección Regional de Salud de Moquegua encontró altos niveles de aluminio, hierro, plomo y aluminio en los reservorios de agua de los centros poblados El Molino y El Común.
Según un informe de la Diresa de Moquegua de 2025, el 68.6 % de personas tamizadas en los centros poblados El Molino, El Común, Pulpito, Buena Vista, Calientes y Coscore, todos ubicados en el valle de Tumilaca, tienen concentraciones de arsénico en la orina mayores a las de personas no expuestas a metales pesados.
Elsa Cutipa Mamani, presidenta de la Junta Vecinal del Centro Poblado El Molino y madre de uno de los niños afectados por la contaminación, denuncia que el agua suministrada por los reservorios les está dañando la salud.
«En el 2019 se hizo el primer análisis a los niños de la escuela de El Molino, donde mi hijo fue el que tuvo el nivel más alto de arsénico. Le costaba ir al baño, pujaba al momento de miccionar. Desde que empecé a darle agua mineral noté un cambio. Por eso aquí ya no consumimos el agua que nos brinda la municipalidad», dice.
Para Cutipa, el origen del problema es claro: «Esto viene desde que Anglo American se instaló en la cuenca del río Tumilaca. Necesitamos que la minera se haga cargo y que se priorice el agua de consumo humano».
La contaminación también ha alterado el ecosistema. Lucio Flores, presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua, asegura que la fauna del río Tumilaca desapareció desde que iniciaron las operaciones de Quellaveco. «Antes el río era limpio. Había pejerrey, sapos y truchas. Hoy no hay nada. Ni sapos», señala.
«En esta zona —dice Flores— solo hay una mina: Quellaveco. Por eso exigimos que se transparente qué está ocurriendo y se tomen acciones para frenar el aumento de contaminación del agua. Si las tierras de cultivo tienen metales pesados, ¿qué clase de productos se están consumiendo?».
Bladimir Martínez, ingeniero ambiental de Red Muqui, indica que es necesario realizar más estudios para determinar la responsabilidad de la minera en las afectaciones a la salud y el ambiente en el valle de Tumilaca.
«Lo que tenemos en Moquegua en concreto es una afectación sistemática a la salud humana producto de un tratamiento deficiente. Al día de hoy no se mide e investiga el aporte real del sector minero en la problemática de agua para consumo humano en Moquegua. Si bien es contundente la presencia de metales pesados, lo que queda por determinar nuevamente es cuál es el aporte del sector minero a todo esto», señala Martínez.
José Iannacone, doctor en ciencias biológicas e investigador asociado de la Universidad Científica del Sur, indica que, por su ubicación en la cabecera del río Tumilaca, Quellaveco podría ocasionar contaminación del agua, poner en riesgo la salud de las personas y alterar los ecosistemas cercanos.
«Puede haber un impacto bastante alto por minerales sulfurosos, asociados al drenaje ácido de la mina. Metales pesados diversos, sustancias químicas como el cianuro que se usan para separar metales, pueden acumularse en los organismos, producir toxicidad aguda y crónica, y poner en riesgo la salud de las personas que consumen los recursos hidrobiológicos asociados», dice Iannacone.
El toxicólogo advierte también que los altos niveles de arsénico detectados en ciudadanos del Valle de Tumilaca pueden generar enfermedades graves, como cáncer, si la exposición se mantiene en el tiempo.
«A corto plazo, pueden presentar problemas gastrointestinales, hormigueos en manos y pies. Y si hablamos de efectos a largo plazo, entonces pueden haber problemas en el desarrollo neurológico, efectos en el aprendizaje y memoria, disminución del coeficiente intelectual, riesgo de cáncer en riñón e hígado», dice Iannacone.
Denuncia
en Alemania contra Aurubis
Cansados de que el Estado peruano ignore sus reclamos, el último 25 de noviembre Estela Rojas y Lucio Flores denunciaron a Aurubis ante la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones de Alemania (BAFA), adscrita al Ministerio Federal de Economía y Acción Crimática.
Rojas viajó en representación de los ciudadanos afectados de Puerto Huarmey y Flores fue como representante de los afectados de Moquegua. Ambos estuvieron acompañados por Beatriz Cortez, del equipo técnico de Red Muqui, y Mattes Tempelmann, consultor de minería, ecología y derechos humanos en Misereor, organización católica alemana dedicada a apoyar a poblaciones vulnerables en distintos países.
La denuncia se sustenta en la Ley de Cadenas de Suministro de 2023, que obliga a las grandes empresas alemanas a garantizar que en toda su cadena productiva no se vulneren derechos fundamentales ni se ponga en riesgo la salud o el medio ambiente.
«Aurubis, que importa el cobre de Perú, tiene que asegurar que el metal ha sido producido bajo estándares ambientales y respetando derechos humanos. Y si ese no es el caso, entonces la empresa está vulnerando la ley», indica Tempelmann.
De probarse la falta, Aurubis podría recibir una multa administrativa de hasta 500 mil euros. Y si la empresa metalúrgica no toma medidas correctivas, la sanción aumentaría a 800 mil euros.
Vanessa Schaeffer Manrique, abogada de la Arquidiócesis de Friburgo que también acompañó a los denunciantes, cuenta que Aurubis se ha manifestado abiertamente contraria a la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro.
«Lamentablemente Aurubis tiene un comportamiento bastante agresivo contra la ley de debida diligencia. En sus asambleas de accionistas, sus directivos se han pronunciado en contra de este tipo de regulaciones. Ellos han mencionado que no son necesarias en Alemania, que las empresas grandes ya llevan a cabo todos los pasos necesarios para cuidar derechos humanos y que solo implica mayor burocracia», dice Schaeffer.
Según la abogada, la compañía también se ha resistido a transparentar su cadena de producción en Perú.
«Hemos estado en las asambleas de accionistas de los últimos tres años y les hemos pedido que abran su cadena de suministro, que la transparenten y que nos digan exactamente de dónde viene el cobre de Perú y también les hemos solicitado que nos informen de las medidas de debida diligencia que están implementando. En ambos casos la respuesta ha sido que no nos pueden dar información porque estamos hablando de secretos comerciales”.
Al ser consultados por este medio, Antamina confirmó que sí han exportado concentrado de cobre a Aurubis en los años 2023 y 2024. Sobre la contaminación con metales pesados que padecen los pobladores de Puerto Huarmey, Antamina indicó que no pueden pronunciarse «ante la ausencia de un informe final por parte de la autoridad competente del Estado».
Agregaron que han implementado controles de conformidad con sus instrumentos de gestión ambiental. «(Se) descarta categóricamente que Antamina genere impactos negativos en el agua subterránea de los acuíferos Cascajal ni Huarmey», señalaron.
Al cierre de este reportaje, Anglo American, dueña del proyecto Quellaveco, no respondió a nuestras preguntas. Aurubis, por su parte, fue notificada de la demanda en su contra y han respondido a la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones de Alemania (BAFA) que iniciarán una investigación interna.
El lema de Aurubis es «metales para el progreso». Lo que los ciudadanos de Huarmey y Moquegua sufren con sus organismos contaminados y su agricultura destruída está muy lejos de la idea de «progreso».